La Comisión Europea debería prohibir en mayo la compra por parte del conglomerado hongkonés Hutchison Whampoa del operador británico de telefonía móvil O2, propiedad del grupo español Telefónica, indicó este miércoles a la AFP una fuente próxima al caso.
'Se espera que la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, prohíba la adquisición', indicó la fuente, sin avanzar fechas.
Un portavoz de la Comisión rehusó comentar la información y se limitó a recordar que el organismo europeo tiene plazo hasta el 19 de mayo para dar a conocer su decisión.
Telefónica contaba con esta venta, por un monto de 14.000 millones de euros (US$16.000 millones), para empezar a reducir su deuda neta de más de 50.000 millones (US$57.500 millones) a finales de marzo.
En una conferencia para analistas el 29 de abril, el presidente de Telefónica, José María álvarez-Pallete, indicó que 'empezaba a estudiar medidas alternativas' en caso de veto de Bruselas.
Controlado por el magnate Li Ka-Shing, uno de los hombres más ricos de Asia, Hutchison Whampoa, también propietario del operador británico Three UK, anunció en enero de 2015 la adquisición del grupo rival O2.
A finales de octubre de 2015, la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación para determinar si el proyecto podía perjudicar la competencia en el Reino Unido.
Bruselas había expresado su temor de que 'la operación conllevara una subida de precios, una reducción de la oferta y una menor innovación para los clientes de los servicios de telecomunicaciones móviles en el Reino Unido'.
La operación asociaría O2, el segundo operador de red móvil británico, con Three UK, el cuarto, y crearía el mayor operador del país, por lo que autoridades de regulación locales haitido dudas sobre su utilidad para el consumidor, al reducir la competencia.
El caso se sigue de cerca desde el Reino Unido, pues un eventual visto bueno de la operación por parte de Bruselas podría dar argumentos a los euroescépticos pocas semanas antes del referéndum previsto el 23 de junio sobre la permanencia o la salida del país en la Unión europea.
También sería un golpe duro para los grupos de telecomunicaciones europeos, que reclaman a Bruselas una flexibilización de la normativa de competencia para consolidar un mercado fragmentado e impulsar las inversiones en el sector.
