Desde hace unos dos meses, importadores hondureños reportan atrasos en los contenedores que pasan por el puerto marítimo de Acajutla, El Salvador.
Estas demoras representan ahora un atraso en la llegada de las mercaderías a los comercios y pérdidas de hasta US$150.000 semanales para los importadores.
Las denuncias las han puesto empresas socias de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quienes han notificado a la junta directiva de esta gremial que sus contenedores pasan hasta 30 días parados en esa aduana y pagan más de US$5.000 (L115.000) por contenedor debido a las sobrestadías y revisiones.
Estos costos no incluyen los cobros que hacen las empresas navieras a los empresarios.
"Pensábamos que se trataba de una medida temporal y que agarraban contenedores al azar, pero nos hemos dado cuenta que están agarrando toda la carga que viene para Honduras", dice Jorge Faraj, presidente de la CCIC.
Advierte que debido a esta situación, la mercadería no estará a tiempo para Navidad y el comerciante perderá la oportunidad de vender los productos que trajo para la temporada o trasladar los costos al consumidor final.
"Pero si logran sacarlos (los productos), estos ya vendrán encarecidos por costos que están teniendo en un país adonde no se deberían estar reteniendo", agrega Faraj.
La junta directiva de la CCIC tiene conocimiento de alrededor de 50 contenedores de empresas afiliadas que siguen parados en esa aduana.
La mercadería proviene en su mayoría del Pacífico de México, el oeste de EE.UU. y de China.
De acuerdo con ellos, no hay antecedentes de un problema similar con otro país.
Reacción
"Me preocupa cuando dicen que es al 100% de los contenedores, porque eso no es normal", sostiene Salvador Mónico, presidente de la Asociación de Agentes Aduaneros de El Salvador (Asodaa).
Esta gremial se comprometió en coordinar una reunión entre autoridades aduaneras de El Salvador y empresarios hondureños para buscar una pronta solución al problema.
Ambas partes coinciden en que esta obstaculización comercial provocaría que el sector privado hondureño presione al Gobierno a tomar medidas similares con los contenedores de El Salvador.
