El Salvador: alza de 13 % en electricidad afectará competitividad

Gremiales empresariales cuestionaron el cargo del 13 % a la energía eléctrica que el Gobierno busca implementar. Además, señalaron el impacto que este tendría en la economía de los hogares y en el desempeño de las empresas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Javier Steiner, advirtió que el cargo tendrá un impacto en la economía de los hogares y que los salvadoreños sentirían el efecto a dos niveles: en la factura eléctrica y en los precios de los productos.

"Todos van a tener un incremento en sus costos de energía, entonces eso se traduce en mayores costos para las empresas y mayores precios. Eso es lo que no queremos, que al final usted va a ser afectado por el aumento de costo en su hogar y por el aumento de precios", explicó Steiner.

El cargo del 13 % que el Estado pretende aplicar está descrito en un decreto que firmaron por el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, y el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. No obstante, aún está pendiente la aprobación de la junta directiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Funcionarios del Gobierno han insistido en que el cobro del 13 % no es un impuesto y, según López, se utilizará para financiar proyectos de energía renovable, por lo que entrará a las arcas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y no al presupuesto de la nación.

El Ejecutivo también ha manifestado que se está "garantizando" el subsidio al 70 % de los hogares.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Javier Steiner, advirtió que el cargo tendrá un impacto en la economía de los hogares y que los salvadoreños sentirían el efecto a dos niveles: en la factura eléctrica y en los precios de los productos.

En el caso del sector productivo, Steiner señaló que los microempresarios serán los más afectados. Además, que el nivel de competitividad del país se verá fuertemente mermado si la reforma se lleva a cabo.

De hecho, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, ha señalado que, para la industria, el país tiene los precios de la energía más competitivos de Centroamérica.

Steiner confirmó el argumento de Lorenzana, pero explicó que, pese a ello, el país tiene otros factores que lo limitan.

"Efectivamente eso es cierto, el problema es que el contexto en el que está el país es diferente al que están otros países. Aquí hay otros costos de inseguridad por ejemplo y otros, que cuando los empezamos a sumar, vienen a complicar la situación de las empresas y de los hogares", dijo.

El líder de la gremial también mencionó el efecto negativo de todos los impuestos que se han implementado en la economía, tanto a nivel empresarial, como familiar. En ese sentido, consideró que es la imposición de esos tributos la que motivó a una parte de la ciudadanía a unirse al "apagón" que se realizó ayer.

El acto de apagar las luces fue una iniciativa de protesta, por el posible cargo a la luz en la que participaron personas y empresas.

En esa línea, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aclaró el porqué el sector se sumó al movimiento.

"Esto lo creímos conveniente, porque vimos que el Gobierno en lugar de entender qué es lo que está haciendo mal, comenzó a gastar recursos en una campaña publicitaria para justificar lo del 13 %. Gastaron recursos para tratar de convencernos del aumento a la electricidad".

No obstante, Cardenal agregó que el apagón fue una medida cívica: "Sabemos que no se podía realizar un apagón, porque tampoco estábamos de acuerdo con poner en riesgo la seguridad y los trabajos de las personas", dijo.

A su vez, Steiner alegó que el movimiento fue una iniciativa de la sociedad civil y que las gremiales colaboraron en la difusión.

Señalan supuestas irregularidades

La ANEP presentó una demanda a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el posible recargo; sin embargo, esta aún no ha emitido ninguna sentencia.

De acuerdo con Cardenal, no está claro el destino de los fondos que el Estado espera reunir.

"Lo primero que dijeron fue que este dinero sería para los programas sociales, pero no especificaron cuáles programas sociales. Este pisto, como muchos otros, va a desaparecer", expresó.

Además, consideró que el cargo sí es un impuesto porque sería obligatorio; sin embargo, iría al presupuesto de la CEL y no a Hacienda. Tampoco ha sido sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa.

El decreto que firmaron los funcionarios del Ejecutivo no especifica si una parte de la población estará exenta del cobro, tampoco aclara el uso específico que tendrá lo recolectado y solo contempla que será para "inversión social".

El titular de Economía explicó que el dinero se va a usar para proyectos de energía renovable, aunque esto no esté especificado en el decreto y señaló que todo lo que la CEL hace es inversión social.

Por su parte, Steiner cuestionó la publicidad difundida por el Estado, la cual asegura que el 70 % de los hogares no deberá pagar más, aunque se aplique el cobro extra. Steiner considera que esa propaganda es un doble discurso.

"La contradicción que nos extraña es que están diciendo una cosa, pero el decreto, que es lo que al final manda y que es lo que se sometió a la SIGET, dice otra cosa", aseveró.

Otra crítica que han hecho empresarios de amplia trayectoria en el país incluye la falta de transparencia. Dirigentes de grupos empresariales y de otras gremiales lamentaron que en ningún momento el Gobierno les adelantó que tenía previsto modificar el cálculo de la tarifa de energía vigente, con un cargo adicional.

Lea aquí la nota original.