Por agencias
Ahogado por un escenario de aguda escasez, malestar social, conflicto de poderes y bajísimos niveles de aprobación, el presidente Nicolás Maduro decidió fortalecer a las fuerzas armadas al darles por decreto el control de toda la cadena de distribución de alimentos, medicamentos y otros productos básicos en Venezuela.
Amigo de los nombres de tinte marcial, Maduro bautizó el programa de control de bienes como Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que será gestionado desde el no menos altisonante Comando para el Abastecimiento.
La medida 'implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la fuerza armada en todo el territorio del país (...) en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos', señala el decreto.
En el primer día de ejecución, efectivos del ejército comenzaron a fiscalizar ayer la distribución en puertos, aeropuertos y empresas. Decenas de efectivos fueron desplegados en los estados de Vargas, Miranda, Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Anzoátegui para inspeccionar la distribución de víveres y otros bienes.
'Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden', declaró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un acto público.
El gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias, señaló por su parte que van a garantizar 'que lo que llega al puerto y lo que viene por las carreteras vaya a los consumidores, no vaya a la reventa o al bachaqueo [contrabando]'.
El Comando para el Abastecimiento estará a cargo del ministro Padrino y del presidente Maduro, un organismo capaz de obligar a los privados a vender su producción al Estado. Para no dejar resquicios en su esquema de control, el decreto señala que todos los miembros de la cadena de producción y comercialización deberán obedecer sus 'directrices, regulaciones e instrucciones', una especie de cheque en blanco válido en toda ocasión.
También buscarán reconstruir un nuevo sistema de determinación de costos y precios justos, vigente desde hace años en el país, y que ha sido una de las causas de la caída de la producción y de la aguda escasez. La inflación en Venezuela fue la más alta del mundo en 2015 y la economía lleva dos años y medio en recesión, agudizada por el desplome de los precios del crudo, su principal fuente de divisas.
'Los anuncios oficiales para atender la crisis económica y de abastecimiento sólo profundizan las causas del problema. Si parten de que la causa de la crisis es la guerra económica y no el modelo primitivo de intervencionismo y control, todo lo demás será inútil', señaló Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis.
La norma se decretó bajo un estado de excepción que le permite a Maduro tomar decisiones de relevancia sin el control del Parlamento, de mayoría opositora, que en medio de un grave conflicto de poderes se está jugando la carta de organizar un referéndum revocatorio del mandato presidencial.
En un intento de aplacar las críticas que suscitó el decreto, el ministro de Defensa dijo que se trataba 'de un asunto de disciplina, no de militarizar', una distinción que pareció más bien un juego de palabras. 'Yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo, no me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar', insistió Padrino, dando a entender que era un motivo de fuerza mayor.
Otro uniformado de alto rango, el comandante José Ornella Ferreira, dijo que las intervenciones a las empresas privadas 'no son expropiaciones', sino 'fiscalizaciones' que se ejecutarán en plantas procesadoras y empresas de alimentos. 'Son medidas de verificación para garantizar la distribución justa y legal de los productos básicos', señaló.
La iniciativa oficial entró en vigor 48 horas después de que las autoridades venezolanas y colombianas abrieron por 12 horas los pasos fronterizos entre ambos países para que los pobladores de las zonas limítrofes pudieran comprar bienes de primera necesidad en la ciudad de Cúcuta.
El desabastecimiento que padece la población venezolana alcanza en estos momentos el 80% en los rubros de alimentos y productos farmacéuticos, dando lugar a las proverbiales colas que forman parte del paisaje urbano. La magnitud del derrumbe económico y la escasez en que está hundido el país se pueden medir, más que en los desquiciados números de la macroeconomía, en la longitud de las filas que aparecen en todos los barrios.
Según estimaciones de Datanálisis, el venezolano que hace compras pasa en promedio 35 horas mensuales en las filas, tres veces más que en 2014. Las carencias ocupan el primer lugar entre las inquietudes de los votantes, por encima de la seguridad. Lo cual no deja de ser insólito en un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Ahogado por un escenario de aguda escasez, malestar social, conflicto de poderes y bajísimos niveles de aprobación, el presidente Nicolás Maduro decidió fortalecer a las fuerzas armadas al darles por decreto el control de toda la cadena de distribución de alimentos, medicamentos y otros productos básicos en Venezuela.
Amigo de los nombres de tinte marcial, Maduro bautizó el programa de control de bienes como Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que será gestionado desde el no menos altisonante Comando para el Abastecimiento.
La medida 'implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la fuerza armada en todo el territorio del país (...) en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos', señala el decreto.
En el primer día de ejecución, efectivos del ejército comenzaron a fiscalizar ayer la distribución en puertos, aeropuertos y empresas. Decenas de efectivos fueron desplegados en los estados de Vargas, Miranda, Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Anzoátegui para inspeccionar la distribución de víveres y otros bienes.
'Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden', declaró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un acto público.
El gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias, señaló por su parte que van a garantizar 'que lo que llega al puerto y lo que viene por las carreteras vaya a los consumidores, no vaya a la reventa o al bachaqueo [contrabando]'.
El Comando para el Abastecimiento estará a cargo del ministro Padrino y del presidente Maduro, un organismo capaz de obligar a los privados a vender su producción al Estado. Para no dejar resquicios en su esquema de control, el decreto señala que todos los miembros de la cadena de producción y comercialización deberán obedecer sus 'directrices, regulaciones e instrucciones', una especie de cheque en blanco válido en toda ocasión.
También buscarán reconstruir un nuevo sistema de determinación de costos y precios justos, vigente desde hace años en el país, y que ha sido una de las causas de la caída de la producción y de la aguda escasez. La inflación en Venezuela fue la más alta del mundo en 2015 y la economía lleva dos años y medio en recesión, agudizada por el desplome de los precios del crudo, su principal fuente de divisas.
'Los anuncios oficiales para atender la crisis económica y de abastecimiento sólo profundizan las causas del problema. Si parten de que la causa de la crisis es la guerra económica y no el modelo primitivo de intervencionismo y control, todo lo demás será inútil', señaló Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis.
La norma se decretó bajo un estado de excepción que le permite a Maduro tomar decisiones de relevancia sin el control del Parlamento, de mayoría opositora, que en medio de un grave conflicto de poderes se está jugando la carta de organizar un referéndum revocatorio del mandato presidencial.
En un intento de aplacar las críticas que suscitó el decreto, el ministro de Defensa dijo que se trataba 'de un asunto de disciplina, no de militarizar', una distinción que pareció más bien un juego de palabras. 'Yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo, no me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar', insistió Padrino, dando a entender que era un motivo de fuerza mayor.
Otro uniformado de alto rango, el comandante José Ornella Ferreira, dijo que las intervenciones a las empresas privadas 'no son expropiaciones', sino 'fiscalizaciones' que se ejecutarán en plantas procesadoras y empresas de alimentos. 'Son medidas de verificación para garantizar la distribución justa y legal de los productos básicos', señaló.
La iniciativa oficial entró en vigor 48 horas después de que las autoridades venezolanas y colombianas abrieron por 12 horas los pasos fronterizos entre ambos países para que los pobladores de las zonas limítrofes pudieran comprar bienes de primera necesidad en la ciudad de Cúcuta.
El desabastecimiento que padece la población venezolana alcanza en estos momentos el 80% en los rubros de alimentos y productos farmacéuticos, dando lugar a las proverbiales colas que forman parte del paisaje urbano. La magnitud del derrumbe económico y la escasez en que está hundido el país se pueden medir, más que en los desquiciados números de la macroeconomía, en la longitud de las filas que aparecen en todos los barrios.
Según estimaciones de Datanálisis, el venezolano que hace compras pasa en promedio 35 horas mensuales en las filas, tres veces más que en 2014. Las carencias ocupan el primer lugar entre las inquietudes de los votantes, por encima de la seguridad. Lo cual no deja de ser insólito en un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
