La mayoría opositora en el Parlamento venezolano aprobó la noche del martes, en segunda discusión, una ley de amnistía para unos 76 presos por motivos políticos, pese a que el presidente socialista Nicolás Maduro prometió vetarla.
Denunciada como una 'ley de impunidad' por el chavismo, la normativa beneficiará a un amplio espectro de dirigentes políticos, que abarca desde alcaldes y excandidatos presidenciales hasta líderes estudiantiles. Los más destacados son:
- Leopoldo López -
Líder del ala radical de la oposición, este economista de 44 años con maestría en Harvard fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos y 878 heridos en 2014, con una iniciativa conocida como 'La Salida'.
- Antonio Ledezma -
El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal.
- Daniel Ceballos -
Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal -capital del estado Táchira (sur), fronterizo con Colombia- en marzo de 2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones. Militante del partido Voluntad Popular, fue imputado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento pero recibió el beneficio de arresto domiciliario en agosto de 2015 por razones de salud.
- Manuel Rosales -
El excandidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 2006, fue detenido en octubre pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), a las puertas de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobado el proyecto tras su segunda discusión, entre aplausos y gritos de '¡Libertad!' de la bancada opositora, y el rechazo airado de la minoría oficialista.
'Esta ley pretende sentar las bases para la reconciliación nacional', afirmó la diputada Delsa Solórzano, promotora de la iniciativa, durante un debate que se extendió por cerca de ocho horas y en el que fueron votados uno a uno 29 artículos.
Vicios de nulidad
La minoritaria bancada chavista criticó que la segunda discusión de la amnistía no figurara en la agenda del día y fuera incorporada a última hora sin distribuir el texto definitivo entre los asambleístas, argumentos que fueron desestimados por la oposición.
'Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional', advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño. 'La convocatoria no cumple con los extremos legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto', añadió.
Por su parte, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una 'consulta pública en toda Venezuela' con 'ONG, universidades, expertos y las víctimas'.
'Están dejando sin acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de personas que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de desestabilización democrática', señaló exaltado el legislador chavista Elias Jaua.
'Hoy podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia los condenará', añadió Jaua.
Bloqueo institucional
Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, pues Maduro puede enviarla al TSJ, al que la oposición acusa de ser el 'bufete jurídico' del chavismo.
La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad es cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones populares.
La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables si no cambian instituciones clave como el TSJ. Una reforma a ese tribunal era discutida en primer debate la noche del martes.
La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de servir al chavismo.
El conflicto de poderes se agravó después de que el TSJ convalidara un decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea Nacional.
En otro fallo polémico del 1 de marzo, la corte reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, no pudiendo por ejemplo remover magistrados del TSJ.
