Standard & Poors anunció este lunes, casi a medianoche, que si bien la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas a los términos de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), considera que los cambios en los términos originales conllevan a un default.
Como resultado, S&P reduce la calificación crediticia a las emisiones en moneda extranjera de largo y corto plazo, y a las emisiones en moneda extranjera local a "Default Selectivo" de "CC" y "C", respectivamente.
En abril pasado, después que el Gobierno no pagara US$56 millones a los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, la agencia asigno al país la categoría de "default selectivo", esto significa que el país está en un impago de deuda a una obligación específica.
La agencia también afirmó en "CCC" la calificación crediticia para los bonos internacionales de El Salvador, es decir que considera que el país está entre los países con un alto riesgo de no pagar sus deudas.
"Hasta que se complete la reestructuración de los CIP, removeremos el ‘Default selectivo’ y asignaremos una nueva calificación que refleje la solvencia post intercambios de El Salvador", afirmó S&P.
En línea con la opinión de Moody's
La calificadora de riesgo Moody’s Investors Services aseguró que si bien El Salvador logró superar el impasse entre los partidos políticos, y aprobó una reforma de pensiones, el riesgo de liquidez para el gobierno aún está latente.Según la agencia, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) que la Asamblea Legislativa aprobó es "positiva" porque amortigua a corto plazo el riesgo de liquidez relacionado con los pagos de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) de octubre, y también porque permitió que el parlamento autorizara una emisión de deuda a largo plazo por US$169 millones para cubrir las necesidades de este año.
"Sin embargo, el riesgo de liquidez a mediano plazo sigue aumentando sin un acuerdo adicional sobre la deuda a largo plazo para cubrir las necesidades de financiamiento del próximo año", consideró Moody’s.
Para la calificadora, aunque la reforma permitió disminuir los costos relacionados con las pensiones, el déficit fiscal rondará el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018.
Moody's ubrayó que "sin un acuerdo adicional sobre la emisión de deuda a largo plazo y / o un acuerdo sobre ajuste fiscal para cubrir el déficit fiscal del próximo año, persiste el riesgo a mediano plazo. Tampoco está claro cómo el gobierno encontrará las amortizaciones de la deuda externa que vencen a partir de diciembre de 2019".
La agencia rescató que la reforma que se aprobó, aunque incluyó algunas modificaciones solicitadas por el gobierno y su partido, se basó en gran medida en la propuesta hecha por la oposición.
Dentro de las principales modificaciones en la ley del SAP está el incremento en el porcentaje de cotización, que pasó del 13 al 15%, siendo 1% más tanto para el sector empleador como para los trabajadores; así como la creación de un fondo llamado "Cuenta de Garantía Solidaria" que se financiará con un tercio de las cotizaciones, será administrado por las AFP y cuya función es asegurar el pago de una pensión de por vida.
Además, Moody’s toma en cuenta que la comisión de las AFP se redujo, que se estableció un techo de US$2,000 para las pensiones futuras (para los "optados") y que el 60% de cada aportación al fondo de solidaridad, más los intereses generados, será devuelto al trabajador cuando se jubile.
También que como parte del acuerdo logrado, los próximos pagos de CIP, programados para entre el 4 y 20 de octubre, que suman US$91 millones, serán refinanciados con un periodo de vencimiento más largo. Los nuevos CIP tendrán una tasa de interés más alto, del 6%, y los antiguos irán incrementando su porcentaje de 2.5% hasta 4%.
Para la agencia, "el sentido de urgencia que finalmente permitió la aprobación de la reforma de pensiones" en el país fue producto de la falta de claridad con la que el gobierno consideraba cubrir esos gastos en octubre y la necesidad de cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su última revisión, en abril de 2017, Moody’s otorgó al gobierno salvadoreño una nota de "Caa1" con perspectiva estable, con la que automáticamente el país cayó al grupo de "riesgo sustancial extremadamente especulativo", es decir, con mayor incertidumbre de que pague las deudas a sus acreedores. Los reportes indican que la calificación anterior era de "B3".
Los primeros días de abril las agencias calificadoras encendieron sus alarmas por la situación crediticia de El Salvador. En la misma semana, Standard & Poor’s señaló la falta de acuerdos políticos como uno de los motivos de desconfianza; y la agencia Fitch Ratings, también bajó la calificación a "CCC" debido a la alta polarización política que dificultaba acuerdos.
