Un muerto, varios heridos y capturados, así como vehículos quemados, dejó como saldo la primera jornada de protestas que causaron, según el sector privado organizado, unos US$35 millones en pérdidas por cada día de obstrucción de vías.
Los manifestantes advirtieron de que las protestas podrían continuar esta semana en demanda de la derogación de leyes de Telecomunicaciones, de Túmulos y la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral, entre otras exigencias.
También comienzan a ampliarse las quejas populares por el alto costo de la vida, principalmente porque para hoy está anunciado que la carne aumentará de precio de entre Q2 y Q3 por libra.
Ese ambiente caldeado solo vino a confirmar, según los analistas, la persistencia de otras crisis que han elevado el nivel de conflictividad en el país y que impactan en un Gobierno que se queja de que no tiene recursos para cubrir sueldos de empleados públicos y pagar servicios públicos, pero sí incrementa los gastos por propaganda de sus obras.
La mayor crisis se vive en el sistema de salud, donde los médicos han paralizado los hospitales por falta de insumos y atraso en pago de sueldos.
La carencia de recursos ha llevado a la bancada del Partido Patriota a insistir en el Congreso por la aprobación de bonos por Q4 mil millones, aunque los bloques opositores aseguran que no están de acuerdo con adquirir más deuda y demandan al Gobierno que impulse una política de austeridad.
También afirman que esta situación se ha agudizado porque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha reducido la brecha fiscal que a octubre pasado ascendía a Q2 mil 102.3 millones. A ello agregan que tampoco se observa una política de transparencia para poner un alto a la corrupción en las esferas públicas.
La población también denuncia la persistente inseguridad ciudadana y la presencia del crimen organizado, que el sábado último dejó otra masacre de siete personas en Izabal.
A ese panorama crítico se suma la paralización de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como la falta de interés de partidos políticos por aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que no les interesa más controles en el próximo año electoral.
La conjunción de estos problemas ha aumentado la percepción de ingobernabilidad, coinciden analistas y políticos.
La solución que plantean los expertos es que se busque un pacto de gobernabilidad entre partidos políticos y sectores económicos y sociales. El problema, coinciden, es que los primeros están desacreditados y cuestionados, y los otros solo buscan satisfacer sus necesidades particulares.
Es así como ven al país en un callejón sin salida, que podría incrementar la crisis y el sentimiento de ingobernabilidad en un escenario electoral que podría incluso ser cuestionado, por lo que piden que se establezca un acuerdo de Nación.
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édgar Gutiérrez, director del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), advirtió que hay una crisis sistemática de la institucionalidad del Estado y que toca todo el andamiaje que sostiene al país.
'Hace unas semanas tuvimos el problema de las cortes, que aún está sin resolverse, en una flagrante violación de la Constitución; luego, hubo una parálisis en el Congreso, que enfrentó a los partidos políticos, y ahora se manifiesta un problema financiero por la falta de recaudación'.
Agregó: 'Pareciera que el conjunto de las instituciones está en crisis de institucionalidad, pero no es casual, es un deterioro', manifestó Gutiérrez.
Pero no ha sido el único problema que ha generado un sentimiento de ingobernabilidad. El partido oficialista ha pasado de escándalos por ataques con harina contra la vicepresidenta Roxana Baldetti o el cuestionamiento sobre el costo del viaje a Roma; hasta los señalamientos a altos dirigentes por tráfico de influencias.
Para Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, los problemas del país se han ido agudizando porque todos los gobiernos de la era democrática han atendido las coyunturas, pero han obviado los problemas de fondo de la población.
'Los sentimientos de ingobernabilidad son jalones de orejas', pero advirtió que 'las crisis aprovechan los vacíos de poder, y este gobierno ha abierto muchos frentes', manifestó.
La politóloga Carmen Ortiz indicó que la población ha caído en frustraciones porque esperaban un cambio que nunca llegó y se agudizó, 'perdiendo la confianza en sus representantes, que responden solo a los intereses de los sectores dominantes que los premian con dádivas, prebendas y dinero'.
Añadió que todo se agudiza por la impunidad que prevalece en el sector justicia y que quedó en evidencia con lo expuesto por el diputado Gudy Rivera y la registradora general, Anabella de León, a través de tráfico de influencias.
Para darle una solución inmediata a la crisis, Rosales considera que el PP debe sacrificar a Baldetti, restándole poder.
El constitucionalista Gabriel Orellana consideró que la crisis orillará a que se convoque a una asamblea constituyente. 'El problema es que estamos fritos, porque los partidos políticos son bandas delincuenciales que no garantizarían un adecuado cambio de la Carta Magna', lamentó.
