Primer Acto: el plan para sacar al Comisionado por la vía diplomática
Desde que el equipo del mandatario y su vocero trataron de contener los rumores del intempestivo viaje presidencial a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para entrevistarse el viernes 25 de agosto a puertas cerradas con el Secretario General Antonio Guterres -con el fin de solicitar la remoción del Comisionado de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez según filtró la prensa local-, seguido del secretismo gubernamental como única respuesta, se generó una avalancha de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Se sabe que la comitiva presidencial presentó un expediente de denuncias contra el jefe de Cicig.
Mientras, esa misma tarde de viernes, la Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado Velásquez revelaban los resultados de una investigación contra Morales por financiamiento -que podría ser ilícito- a su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación) por US$1 millón en la campaña presidencial de 2015, cuando el mandatario ocupó la secretaría general de FCN, así como la solicitud para retirar la inmunidad al gobernante por ser el principal sindicado. En el ínterin, los sectores críticos convocaron a una acción de protesta el día sábado que convocó entre 3.000 a 4.000 manifestantes según las distintas fuentes.
Segundo Acto: los videos presidenciales sobre la expulsión del Comisionado "non grato" (sic)
El domingo, desde las 6 de la mañana comenzó a circular en las redes sociales un video oficial de un par de minutos de duración. En él aparecía el presidente, vestido de negro, anunciando su decisión de declarar "persona non grata" a Iván Velásquez y ordenando su expulsión inmediata del territorio nacional. Morales aludió simplemente para sustentar su decisión a la Constitución Política de Guatemala y a la Convención de Viena pero sin dar mayores explicaciones o argumentos para sustentar de esa medida.
Las reacciones contra la medida gubernamental no se hicieron esperar. Mientras se anunciaba, entre otras noticias, la dimisión ese mismo día del canciller Carlos Raúl Morales y de otros funcionarios como la Ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, así como las acciones de amparo presentadas a favor de Velásquez por el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade y por otros sectores ante la Corte de Constitucionalidad, los cinco magistrados del máximo órgano jurisdiccional del país anunciaron una reunión extraordinaria el mismo domingo para conocer el caso.
A lo anterior, se sumaron declaraciones de los embajadores europeos, del gobierno norteamericano, senadores y del mismo Secretario General de las Naciones Unidas criticando la decisión del gobernante guatemalteco y en respaldo total al Comisionado Velásquez. Una nueva convocatoria a protestar reunió a un grupo de manifestantes frente a la Corte de Constitucionalidad, frente a Palacio Nacional y otro frente a la sede de Cicig.
Al pronunciamiento crítico de la comunidad internacional se unieron otras voces de funcionarios gubernamentales como la del Contralor General y la Procuradora General de la Nación, asimismo se anunciaron más dimisiones al gabinete.
A media mañana del domingo se conocería la resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad que, aunque dividida, amparaba al Comisionado y dejaba en suspenso la decisión presidencial, lo cual parecía devolver cierta normalidad al panorama político.
Por la tarde, un segundo video presidencial comenzó a circular en las redes sociales. Otra vez aparecía el gobernante Morales, con la voz impostada de sus tiempos en televisión, reiterando su postura contra el Comisionado y dejando entrever que no acataría la resolución de la Corte. En el segundo mensaje, explicaba las razones de su decisión, siendo su principal argumento que -a criterio del gobierno- el jefe de Cicig se había "extralimitado en su mandato" interfiriendo en asuntos de política interna al participar activamente en la promoción de reformas constitucionales al sector justicia. A las fuentes jurídicas ya citadas añadió el Convenio de Creación de la Cicig en su artículo 4 referente a las atribuciones de la Comisión.
En su video, el presidente sin embargo, olvidó dos datos importantes: primero, el paquete de reformas constitucionales fue discutido ampliamente en un proceso de varios meses con representes de los tres poderes del Estado y actores civiles durante 2016 y él mismo presentó el proyecto al Congreso de la República en un acto público. Segundo, una vez en el parlamento, el partido oficial FCN Nación se constituyó el principal opositor de las reformas constitucionales y pospuso sistemáticamente su aprobación hasta la fecha.
Intermedio: De como un Comisionado se vuelve persona no grata (¿para quién?)
Jimmy Morales Cabrera - o Neto, Draculón, Black Pitaya y Aristónteles según algunos de sus personajes más emblemáticos- el comediante televisivo que ganó la presidencia luego de las protestas ciudadanas anticorrupción del 2015 con el mantra electoral ni corrupto, ni ladrón, podría dejar la presidencia justamente por no respetar ese mantra.
Un recuento de los expedientes anticorrupción abiertos por la Fiscalía guatemalteca y Cicig muestran que el presidente, además del caso de financiamiento ilícito que lo implica directamente, se encuentra afectado o involucrado indirectamente en por lo menos, cuatro casos más. El caso por fraude al Registro de la Propiedad que implica a su hijo y hermano, sería el más cercano, la prueba documental según medios de prensa sugiere que Morales podría haber tenido información de los ilícitos de sus parientes.
Dos casos más: el que lo vincula a Alejandro Sinibaldi ex ministro del gobierno de Pérez Molina, acusado de lavado y financiamiento ilícito, y que según el Ministerio Público contribuyó con fondos a la campaña de FCN y con un helicóptero para transportar al entonces candidato Morales. El otro caso apunta a que en sus giras como presidenciable a Estados Unidos el presidente habría recibido alrededor de US$200.000 de los migrantes guatemaltecos que no fueron reportados a las autoridades electorales.
Pero quizá el más preocupante y que podría complicar seriamente el futuro del mandatario es el caso que se sigue a Marlon Monroy Meoño, alias "Fantasma", narcotraficante capturado en 2016, quien declaró a los tribunales que financió la candidatura de Morales con aproximadamente US$400.000 que habría entregado personalmente al hijo del vicepresidente actual, Jafeth Cabrera. Los delitos en este caso van más allá de los simplemente electorales. Monroy fue extraditado y se encuentra actualmente en Estados Unidos.
En todos estos casos anticorrupción y contra las estructuras de impunidad, así como en los casos por los que guardan prisión más de 300 personas entre ellos el ex presidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti, ha sido esencial el apoyo de Cicig a través del Comisionado Iván Velásquez al Ministerio Público.
Su remoción significaría en este sentido, un "golpe a la lucha contra la impunidad" en el país, como lo calificó una congresista norteamericana de origen guatemalteco Norma Torres, por decir lo menos. En un sentido más amplio, el plan orquestado para sacar a Velásquez de Cicig, tendría en un segundo movimiento la destitución de la Fiscal y los operadores de justicia que han llevado, pese a fuertes resistencias, la lucha contra las mafias políticas que han cooptado el Estado guatemalteco durante décadas.
Tercer acto: ¿el fin de un gobierno o el fin de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala?
Aunque no es posible responder con contundencia a esta disyuntiva, es el telón de fondo de la crisis política que afronta Guatemala en la coyuntura y que tiene solo dos salidas: Por un lado, salvar el gobierno de FCN y a un presidente acorralado, más espectador que protagonista, pero que de llegar a su final, caería víctima de sus propias limitaciones y por asumir los viejos vicios que padecen la mayoría de clase política guatemalteca. El precio de salvarlo sería muy alto: hipotecar el futuro del país nuevamente y el retorno de las mafias políticas - una libres y otras en prisión- al control del Estado y de la política nuevamente en Guatemala.
Un final al que apuestan los extremistas de la derecha, los militares contrainsurgentes, los partidos tradicionales, los medios de televisión, el empresariado ligado a los negocios estatales, y los izquierdo-derechistas que con un discurso de izquierdas travestido sirven a la causa de la corrupción y la impunidad. ("Cicig es una forma de colonialismo suave e imperialista", "Vivimos un golpe técnico soft para controlar al país como parte de una ofensiva de la derecha fascista (sic) representada por la cooperación internacional", etc).
Sin duda, la historia siempre avanza sólo luchando contra las tendencias reaccionarias que evitan cualquier cambio y Guatemala está cambiando desde el 2015. Una condición para sostener ese cambio es defender la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se vienen días convulsos para Guatemala sin duda. Esto apenas empieza.
*Sociólogo
