El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó la noche del viernes las condiciones de los obispos para iniciar un dialogo nacional, entre ellas el cese de la represión y el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) para investigar las 49 muertes ocurridas en las protestas.
'Estamos de acuerdo en trabajar cada uno de los puntos allí planteados (por los obispos), tomando en cuenta que en todos se recoge su buena voluntad como mediadores y testigos', respondió Ortega en una misiva dirigida a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El mandatario dijo además que en el gobierno 'estamos todos listos a acudir a su llamado al diálogo en la fecha más pronta posible, para tranquilidad de todos los nicaragüenses'.
Los obispos, mediadores del diálogo, habían pedido al presidente que autorizara el ingreso de la CIDH para aclarar las muertes en las protestas y que cesara de inmediato la represión como 'premisa ineludible' para abrir las conversaciones.
En la carta, el mandatario dijo que coincide con los obispos en 'la necesidad del cese de la violencia, intimidación y agresión a los ciudadanos, y agregamos nuestra gran preocupación sobre ambientes de temor creados en comunidades'.
Con 'las protestas pacíficas, que respetamos absolutamente, se multiplican hechos de violencia, que asolan y afectan la calidad de vida de nicaragüenses de todas las edades, que claman a Dios por el retorno a la normalidad', señaló Ortega.
Diversos sectores nicaragüenses acusan al gobierno de haber promovido una brutal represión contra los manifestantes, que han dejado hasta este viernes 49 muertos y más de 400 heridos desde que estalló la revuelta el 18 de abril.
'Podemos asegurarles que seguimos y seguiremos trabajando para que se establezcan la verdad y responsabilidades alrededor de los dolorosos y trágicos hechos de las últimas semanas, y nos comprometemos a fortalecer todas las libertades', aseguró el mandatario, en una carta que fue leída por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) había puesto como condición que antes de iniciar un diálogo debía autorizar el trabajo de la CIDH. La jerarquía católica había pedido al gobierno de Ortega una respuesta antes del lunes a mediodía.
Los clérigos también instaron a Ortega a dar 'signos creíbles de su voluntad de diálogo' y demandaron eliminar 'los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan coaccionan y agreden a los ciudadanos'.
El llamado de los obispos se produjo luego de que estudiantes, empresarios y sociedad civil se declararon 'listos para el diálogo' pese a un ambiente de elevada animosidad contra el gobierno tras el ataque el viernes de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a la situación en Nicaragua y pidió a las autoridades se le permita ingresar al país para 'recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones', según su portavoz, Ravina Shamdasani.
Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó 'profunda preocupación' por la actual crisis en Nicaragua y condenó los actos de violencia al demandar que se lleve ante la justicia a los culpables de muertes, abusos y violaciones a los derechos humanos.
A las presiones contra el gobernante, de 72 años, se sumó el pedido esta semana de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que instaron al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Secretario de Estado Mike Pompeo a sancionar al gobierno de Nicaragua por graves abusos contra los derechos humanos.
Ortega enfrentaba este viernes una fuerte alteración del orden con bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, manifestaciones de estudiantes en las calles y un paro de taxistas como respuesta a la agresión a estudiantes en universidades.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma del sistema de pensiones, pero se multiplicaron y generalizaron en todo el país revelando la disconformidad de los nicaragüenses con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, a quienes reclaman libertad y la democratización del país.
