Por Roberto Fonseca, estrategiaynegocios.net
De acuerdo a los resultados del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), de la firma M&R Consultores, realizado del 28 de septiembre al 20 de octubre de 2016, el 65% de la población nicaragüense no confía en el Poder Electoral, que está controlado en su totalidad por Daniel Ortega.
Según los resultados de SISMO, estudio de opinión pública que involucró a una muestra de 1.600 nicaragüenses a nivel nacional, mayores de 16 años, apenas 34,4% de los ciudadanos consultados confía en el Consejo Supremo Electoral que preside Roberto Rivas, un funcionario público ampliamente cuestionado a nivel nacional e internacional.
Con ese resultado del 34,4% de confianza, el CSE -junto a la Corte Suprema de Juticia- se convierte en la institución que en Nicaragua goza de la más baja calificación, por debajo de la Presidencia de la República (47,7% de confianza), Fiscalía de la República (41%), Asamblea Nacional (34,7%), entre otros.
Roberto Rivas, presidente del Poder Electoral, quien ya ejerció su voto en la mesa electoral correspondiente a su domicilio, reiteró que el Padrón Electoral Activo, integrado por los nicaragüenses que han ejercido el voto en los últimos comicios nacionales, suma alrededor de 3,8 millones de personas mayores de 16 años, la edad apta para votar en Nicaragua.
"Ya es hora de dejar atrás la desconfianza", dijo Rivas poco después de votar, reiterando que la confianza y la credibilidad en los comicios está depositada no en observadores internacionales y nacionales, sino en los fiscales de seis partidos políticos que participan en la contienda de este 6 de noviembre.
No obstante, el pasado 18 de octubre, al entregar el Padrón Electoral a los representantes legales de los partidos políticos, reconoció que muchos de estos partidos opositores no fueron capaces de garantizar fiscales en el 100% de las 14.581 mesas electorales organizadas a todo lo largo y ancho del país.
Larga historia de procesos electorales cuestionados
Los cuestionamientos al Poder Electoral no vienen de ahora, sino desde elecciones pasadas, envueltas en denuncias por fraude electoral. Uno de los sectores que exigió cambios en la composición del CSE fue el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que agrupa a las principales cámaras del empresariado nacional.
"En la víspera de un nuevo periodo electoral no podemos ignorar que venimos de procesos electorales cuestionados de legitimidad, que afortunadamente no desembocaron en crisis políticas severas e irreversibles, pero que afectaron la imagen electoral de nuestro país. Lo cual nos impone la obligación a todos los ciudadanos y Poderes del Estado a actuar con responsabilidad bajo el marco de la Constitución y las leyes, es decir, con legalidad en este proceso electoral de noviembre próximo", señaló el COSEP en un comunicado público con fecha del 6 de junio de 2016.
"En este contexto creemos que se debe restaurar la credibilidad democrática ante la comunidad nacional e internacional, por los constantes reclamos de transparencia de los procesos electorales, y para ello se debe de trabajar en consenso, para que este y los próximos procesos electorales se desarrollen bajo una administración electoral imparcial y transparente, a través de autoridades creíbles y bajo la supervisión nacional e internacional de dichos procesos", agregaron.
Sin embargo, este planteamiento del COSEP no fue escuchado por el Poder Ejecutivo, quien desestimó cualquier cambio en la composición del Poder Electoral. Tampoco fue escuchada una propuesta sobre este mismo tema que surgió de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en un Mensaje del 21 de mayo de 2014, que compartió con el Presidente de la República, Daniel Ortega.
"Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un Sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras", plantearon los Obispos de la Conferencia Episcopal. No obstante, no recibieron nunca respuesta de parte de Ortega.
Irónicamente, pese a que el Presidente Ortega no cumplió con dicha demanda de la máxima autoridad de la Iglesia Católica nicaragüense, cabe señalar que el propio Cardenal Leopoldo Brenes, votó en un colegio privado capitalino, donde funciona su mesa de votación.
Finalmente cabe señalar que esta es la única elección nacional nicaragüense, desde 1990, en la que no participan observadores nacionales e internacionales, por falta de voluntad de Ortega, pese a que de acuerdo a las encuestas de M&R Consultores, más del 85% de los ciudadanos demandaban la presencia de observadores para darle mayor garantía y transparencia al proceso electoral.
