Para los analistas y observadores políticos de la realidad guatemalteca, el escenario más grave para la institucionalidad de este país comenzó a desencadenarse. Para llegar a este punto, los especialistas habían advertido estar atentos al momento en el que Estados Unidos decidiera actuar retirando la visa a los funcionarios señalados por presunta corrupción. Si esto ocurría, advertían, es porque las pruebas obrantes en las causas que se investigan tanto dentro del país (fundamentalmente por fraude fiscal) como las que se siguen en EE.UU. (por narcotráfico) estaban consolidadas.
Pues bien, en los últimos dos días comenzaron las señales en ese sentido, las cuales empiezan a poner prueba de resistencia a la propia institucionalidad del país. En concreto: a Roxana Baldetti y a sus dos hijos les fueron retiradas las visas de Estados Unidos. Fuentes próximas a la embajada confirmaron a medios locales que Baldetti no es la única exfuncionaria a la que se le ha retirado la visa, pero no se precisaron más nombres.
RECLAMOS EMPRESARIALES A UN GOBIERNO CUESTIONADO - FUENTE: PUBLINEWS
Esto que comenzó siendo un rumor hace 48 horas, se terminó oficializando finalmente. Maureen Mimnaugh, agregada de Prensa de la embajada estadounidense en Guatemala, afirmó que este proceso de revocación "es algo normal y mundial" que existe en todos los consulados y embajadas estadounidenses en el mundo. 'Es normal porque hay circunstancias serias que pueden indicar que la persona no es elegible actualmente (para gozar de visa)', dijo.
La Embajada de Estados Unidos enfatizó que no revelarán ninguno de los nombres de las personas a las que les sea revocada la visa. ¿Hasta qué nivel del gobierno de Otto Pérez llegará esta medida adoptada por Estados Unidos? Ante la situación, cada día más complicada que enfrenta Baldetti, ¿existe la posibilidad de que la ex funcionaria involucre a instancias mayores del gobierno en los casos por las que se la investiga?
Todas estas preguntas son las que apuntalan las hipótesis de debilidad institucional en la que está ingresando el Estado guatemalteco.
En el abismo
La situación de Roxana Baldetti no sólo se complicó en las últimas horas por la pérdida de su visa estadounidense. En paralelo se conoció que uno de sus hijos salió del país, rumbo a México, con pasaporte italiano. Se trata de Paz Baldetti quien salió ayer en un vuelo de Aeroméxico a las 11.50am, en el vuelo 673 y, ocupó el asiento 27B, con destino el Distrito Federal.
Mientras esto ocurría con el hijo de la ex vicepresidenta, la Justicia iniciaba el allanamiento de propiedades de la familia. El juez Miguel ángel Gálvez, autorizó registros en residencias y empresas de Baldetti, a petición del Ministerio Público (MP), según confirmó a periodistas la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera. La Fiscalía confirmó que se realizaron 14 allanamientos en las zonas 5, 9, 10 y 14 de la capital de Guatemala, uno de ellos en una casa de playa ubicada en El Pumpo, a 130 kilómetros de la capital, registrada a nombre del ex secretario de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia y presunto dirigente de 'La Línea', la organización delincuencial que cometió fraude contra el Estado.
Según señaló Barrera, durante los registros, los agentes incautaron documentos y ordenadores que 'se están analizando' en el marco de una investigación que continúa abierta y que está relacionada con el caso de 'La Línea'.
De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía, las pesquisas en esta red criminal evidenciaron la implicación de 'un número plural de empresas y bienes inmuebles' que podrían corresponder a la estructura financiera de la organización.
Qué puede sobrevenir
Todos estos avances realizados por la Justicia y las autoridades de Estados Unidos en relación a Roxana Baldetti y el caso de La Línea, apuraron los tiempos de referentes locales de gran peso en la opinión pública, que empezaron a reclamar, lisa y llanamente, el apartamiento del propio presidente Otto Pérez.
En ese sentido se expresó ayer el empresario Dionisio Gutiérrez. Igualmente, la cúpula empresarial organizada en torno a CACIF salió a exigir la extinción de dominio de los bienes mal habidos que se identifiquen como propiedad de los funcionarios acusados de corrupción.
Estas actuaciones de la sociedad civil y el establishment guatemalteco están arrinconando al sistema institucional del país a una encrucijada que, más temprano que tarde, deberá encontrar los caminos para resolver la grave crisis en que se encuentra, garantizando la gobernabilidad del país.
