El Ministerio Público de Guatemala (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentarán una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino y expresidente, álvaro Arzú.
El funcionario es investigado por una supuesta relación con un caso de campaña electoral anticipada y contratación irregular de servicios en las elecciones de 2015, así como la existencia de dos plazas fantasmas otorgadas al fallecido capitán Byron Lima Oliva, según las autoridades.
Las indagaciones preliminares refieren que durante los últimos comicios en los que Arzú ganó un nuevo periodo al mando de la Municipalidad de Guatemala para el periodo 2016 - 2020, adquirió los servicios de la Cooperativa Torre Fuerte.
La cooperatica fue creada por Byron Lima, y quien habría ayudado al partido político Unionista en la elaboración de playeras, pachones, lapiceros promocionales además de la contratación de edecanes para eventos públicos.
Para esto, Alejandra Saraí Reyes Ochoa conseguía facturas en blanco de integrantes o allegados al partido político para simular que la adquisición de los servicios no era con la Cooperativa del exmilitar condenado por la muerte de monseñor Juan José Gerardi.
Los aparentes enlaces entre Lima Oliva y el alcalde Arzú eran Zorayda Azucena Herincx y la síndico I, Luisa María Salas, quien fue detenida hoy. Tras el cambio de prisión de Lima Oliva, quien fue detenido afuera de una de las cárceles del Sistema Penitenciario, la negociación paso directamente con la esposa del militar, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, colaboradora eficaz del caso.
Según la declaración en anticipo de prueba que Reyes dio a un juez penal, ella y su mamá tenían dos plazas por la "presión" que Lima hizo sobre "funcionarios de alta jerarquía". Su función sería monitorear la red de semáforos y a pesar de no llegar a trabajar, según la declaración, Lima recibió los pagos hasta febrero de 2013, cuando fue detenido fuera de la cárcel.
Alcalde de Ciudad de Guatemala y expresidente
Debido a que la denuncia es contra un alcalde, quien goza de inmunidad, el expediente debe de ser asignado a un juzgado de primera instancia que debe de remitirlo a una Sala Penal tras lo cual la terna de magistrados define si le da trámite o no la denuncia. Si esta es aceptada se nombra a un juez pesquisidor.Este deberá de recibir la ratificación de la denuncia y las pruebas de descargo del denunciado y al haberse agotado las citas y no superar los 60 días fijados en ley (si no se presentan acciones legales) sube a la Sala Penal un informe recomendando o no el retiro de la inmunidad, quedando en manos de los magistrados de Corte de Apelación el retiro o no de la misma.
Los pormenores del caso se dieron a conocer durante una conferencia de prensa en la que participó la fiscal general, Thelma Aldana y el titular CICIG, Iván Velásquez, en la sede del MP.
Mientras Velásquez explicaba el caso que involucraría al jefe edil, Arzú irrumpió en la sala donde se realizaba la conferencia y permaneció a un costado de la mesa en la que ambos funcionarios informaban de las pesquisas, observando la misma y sin inmutarse ante la exposición que realizaba el titular de la CICIG.
Día de capturas por caso Caja de Pandora
La fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, mencionó en la conferencia que en septiembre de 2014 desarticularon una red liderada por Byron Lima en la que se estableció que existía una estructura que tramitaba el traslado de reos, trámites por el cual cobraban."El nombramiento de López Bonilla le abrió la puerta a Byron Lima para ejercer control en el Sistema Penitenciario. Fue el entonces ministro -Mauricio López Bonilla- quien le entregó el poder a Lima Oliva", dijo Aldana.
"En el 2012, la estructura de Lima dio un salto cualitativo y tomaba decisiones que le correspondían a un funcionario, entre ellos, nombrar cargos dentro de la institución", detalló la fiscal general.
Entre los traslados de cárceles se encuentra el del de Kevin Overdick, por el cual a Byron Lima le habrían pagado con un vehículo Mercedes Benz, Byron lo habría puesto a disposición y para uso de su hija, a quien le asignó un piloto, pero posteriormente en 2012, cuando lo recapturaron por estar fuera de prisión. El vehículo fue entregado supuestamente al abogado Moisés Galindo.
En 2014 cuando investigaban el tema de corrupción penitenciaria, en interceptaciones de teléfono al círculo cercano de Byron Lima se constató que se hacían negociaciones con la cooperativa Torre Fuerte, una entidad fundada por Byron Lima y su padre, a la cual le hacían pagos por bienes y servicios, entre sus clientes estaban varios partidos políticos.
La colaboración de Alejandra Reyes, esposa de Byron Lima Oliva, permitió al MP y a la CICIG, que los datos se pudieron concatenar, porque además de su declaración ministerial y de anticipo de prueba, ella proporcionó detalles específicos que les permitió avanzar en otra línea de investigación. Aportó su propio celular en donde tenía información importante.
Al analizar los documentos incautados sobre Torre Fuerte, las conversaciones telefónicas, las declaraciones de Reyes y lo contenido en el celular, el MP y la CICIG encontraron que uno de los principales contratistas era la Municipalidad de Guatemala.
Era una de las maneras en como también puede realizarse en el SP, las actividades de rehabilitación penitenciaria, que tiene nada de ilícito dijo el comisionado Iván Velásquez, pero destacó que lo que sí constituye delito, es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del Partido Unionista y otros partidos, los cuales habrían sido pagados con fondos municipales.
Luis Lima a su llegada a tribunales manifestó que dudaba sobre sus garantías al estar en prisión.
"Los que mataron a mi hermano son los que me tienen ahorita aquí, ahora voy a una cárcel que está llena de todos los presos. Mi mamá me dijo ahora que salí, así se llevaron a Byron 17 años atrás y ahora te llevan a vos", dijo Lima.
Con información de La Hora y Prensa Libre
