"Necesarias, pero tardías". De este califica la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), las medidas anunciadas por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el pasado primero de agosto, ante la situación financiera que atraviesa el país.
Para la UCCAEP, "no es de recibo la afirmación que hace el señor presidente, al decir que desde el inicio de su administración han venido insistiendo en la importancia de darle solución al serio y cada vez más creciente déficit fiscal que enfrenta el país, pues llegaron al gobierno después de haber prometido durante la campaña electoral que no hablarían del tema de impuestos en sus primeros dos años de administración".
La UCCAEP recuerda que en el primer año de gobierno de Solís, se aprobó un presupuesto con un 19% de incremento, respecto al del año anterior.
En los últimos tres años ha habido un incremento del gasto del 34% con una inflación acumulada del 5%, "demostrando que el problema fiscal obedece a mantener un estado excesivamente grande e ineficiente", asevera Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
"El Poder Ejecutivo desaprovechó, además, el acuerdo pactado y firmado en mayo de 2016, por un grupo importante de diputados, quienes estaban dispuestos a anteponer sus intereses políticos y partidarios, para afrontar con seriedad y profundidad los temas de restructuración de gastos que le urgen al país", incide la unión de cámaras.
Desde la CCCR creen que es necesario ejecutar medidas de mayor alcance que las anunciadas por Solís para equilibrar las finanzas, "principalmente en los disparadores del gasto: remuneraciones, transferencias y servicio de la deuda".
Fernández asegura que el Gobierno debe adoptar medidas de reactivación económica, "que le permita recibir mayores ingresos fiscales, sin la necesidad de aumentar la carga tributaria a las empresas. Por el contrario, la evidencia demuestra que ante la aprobación de nuevos impuestos, la recaudación tiende a ser menor y genera un impacto negativo en el crecimiento económico".
La UCCAEP cuestiona que "tampoco se debe olvidar" que en las sesiones extraordinarias del mes de agosto de 2016, el Poder Ejecutivo "no presentó un solo proyecto relacionado a los temas de gasto público, así como tampoco lo hizo en el mes de diciembre 2016 y, en enero de este año convocaron el Proyecto de Ley sobre Empleo Público, y a tan solo una semana de haberlo presentado, el mismo Ministro de la Presidencia, en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, se encargó de enterrar dicho proyecto, con lo cual terminaron retirándolo de la corriente legislativa, cerrando las puertas a cualquier discusión de proyectos de ley relacionados con temas de ingresos".
Por otro lado, la cúpula de la UCCAEP reconoce que el gobierno algunos ha hecho intentos por contener los gastos estatales, como la negociación de las convenciones colectivas hacia la baja, "que si bien es cierto los ahorros ahí logrados no fueron suficientes, al menos cambiaron una tradición y una tendencia que era y sigue siendo insostenible", afirma el presidente de la UCCAEP, Franco Arturo Pacheco.
"Ahora, el anuncio que nos hace el señor presidente sobre la firma de un decreto que los obliga a que no haya incremento del presupuesto para el 2018, se puede percibir como un intento loable y bien intencionado, aunque conscientes que será un presupuesto que le corresponderá ejecutar a la próxima administración, por lo que hubiéramos deseado que esta medida se hubiera tomado cuando se elaboraron los presupuestos que le correspondió administrar y ejecutar a la presente administración", incide Pacheco.
La presidenta de la CCCR no cree que endeudarse en el exterior "sea la solución que más le convenga al país, máxime cuando ya hemos superado los umbrales recomendados por los organismos internacionales".
A su juicio, el hacerlo, continuaría postergando la toma de decisiones importantes "y generando mayores presiones en el mediano plazo, máxime cuando las condiciones económicas internacionales han cambiado y el endeudamiento resultaría más caro".
Fernández apuesta a impulsar una regla fiscal "con límites al crecimiento del gasto corriente y a las razones deuda y déficit como proporción del PIB; con sanciones para quienes la incumplan en su ejercicio político".
