El Salvador vive un intenso debate por buscar solución al déficit financiero que vive el Estado. El 2017 arrancó con la aprobación de un Presupuesto General de la Nación, que no contemplaba recursos para el pago de pensiones de: el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), el pago a los desmovilizados de la fuerza armada y ex combatientes del FMLN, el escalafón del Ministerio de Salud (no completo), el servicio de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), las devoluciones de impuestos y el presupuesto para las próximas elecciones, entre otras cosas.
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En el pasado, el Gobierno ha hecho uso de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que sirven para honrar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema.
Acto seguido: Tras la omisión en el Presupuesto del año 2017 de los US$221 millones para el pago de amortización e intereses del FOP, dejó sin financiamiento al Estado, e imposibilitó que honrara sus compromisos con los trabajadores cotizantes del sistema de pensiones, que venció entre el 7 y el 20 de abril. Entonces, El Salvador cayó en impago. FUSADES alertó que esta situación pone en riesgo el derecho constitucional de seguridad social de los cotizantes, ya que estos no recibieron en sus cuentas individuales de ahorro para pensiones, ni los intereses, ni el capital que el Estado debía pagarles por el dinero que se le presta por las inversiones obligatorias en Certificados de Inversión Previsional (CIP), dinero que es el ahorro para garantizar que al jubilarse tendrán una pensión.
La consecuencia directa de eso fue la baja en la Calificación de Riesgo país de Fitch Ratings y Standard & Poor's a CCC, de la que El Salvador no se ha logrado recuperar.
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Fitch Rating y Standard & Poor’s rebajaron la calificación a "CCC", la peor registrada por El Salvador y similar a la de Venezuela, el faro que ilumina al Gobierno de El Salvador. Para Fitch significa una economía con "una alta probabilidad de impago". Para S&P el país es "muy vulnerable y dependiente de la situación económica", que se debilitará más en 2017 (BCR proyecta 2,3% de crecimiento y el Banco Mundial 1,9%).
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¿La solución?
El nuevo paquete estatal de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), presentado por el Gobierno y en manos del Congreso para su aprobación, plantea la creación de dos fondos. Uno, el Sistema de Ahorro Individual, que funcionaría como el actual: cada trabajador tiene una Cuenta Individual de Ahorro Previsional (CIAP) donde mes a mes deposita un aporte proveniente de su salario. El otro es el Fondo Colectivo de los Trabajadores y al que los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estarían obligados a entregar el 50 % de los ahorros acumulados.Lea más: 'El Gobierno tomará US$500 millones más del fondo previsional'
'El Gobierno sigue insistiendo en impulsar una reforma opaca, sin soporte técnico, sin transparentar cifras y sin escuchar a los afectados. Ninguna de las propuestas del Gobierno ha probado ser sostenible en el tiempo. Insisten en tomar los ahorros de los trabajadores, es una irresponsabilidad", dijo Miguel ángel Simán, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), que es parte de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones.
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Esta organización ciudadana insiste en que el Sistema de Pensiones debe respetar la propiedad del ahorro de los trabajadores y tener en cuenta las restricciones fiscales. Simán ha insistido que el Gobierno insiste en aprobar una reforma de pensiones sin consultas. 'Quiero recordar al Gobierno que, según la Real Academia Española, quitar o tomar lo ajeno con o sin uso de la fuerza en contra de la voluntad es ROBAR. Recordamos que con el robo del siglo Gobierno dijo que era insulto o difamación El tiempo ha demostrado que las intenciones están cerca de eso. Hoy son los que pretenden quitarle a la gente lo que con sacrificio han ahorrado', agregó Simán.
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El pago de pensiones del antiguo sistema, pensiones mínimas y certificados de traspaso componen la llamada deuda previsional. Según cálculos oficiales, esta deuda ronda los US$24.000 millones, y solo el pago de las pensiones para 175.000 jubilados del ISSS y del INPEP requiere aproximadamente US$400 millones anuales, que por el momento son tomados prestados de los fondos de pensión de los trabajadores afiliados a las AFP. Si se aprueba la propuesta del Gobierno, cerca de US$5.000 millones irían de inmediato al fondo de ahorro público, dijo ayer René Novellino, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).
El nuevo déficit
El fondo colectivo tendría "flujos deficitarios desde el año uno", dijo Novellino, también parte de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP). Los datos actuariales presentados por el mismo Gobierno indican que si las modificaciones se aprobaran este año, el balance del fondo colectivo sería negativo desde 2018 hasta el año 2080.Lea más: 'Pensiones: el debate por control privado o estatal'
El fondo colectivo, además de utilizar la mitad de los ahorros acumulados hasta ahora en el SAP, también absorbería casi el 60% de las cotizaciones mensuales de los trabajadores. Estos recursos, junto a un aporte estatal equivalente al 5 % de los ingresos corrientes netos se utilizarían para pagar obligaciones que actualmente están a cargo del Estado.
El fondo tendría a su cargo las pensiones del sistema público, las pensiones mínimas que se entregan a quienes agotan sus ahorros en las AFP, así como las pensiones mínimas para los optados (quienes migraron al SAP cuando se hizo la reforma de 1998). También pagaría los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) de los optados.
Sin embargo, todas estas obligaciones superarían los recursos disponibles del fondo. En 2018, por ejemplo, el balance corriente del fondo colectivo ascendería a US$773,52 millones, pero los compromisos por pagar llegarían a US$775,6 millones.
Los datos indican que el déficit se prolongaría hasta el año 2080, llegando a su punto máximo en 2050, con una brecha por financiar de US$528 millones.
La propuesta ciudadana
En febrero de 2016, Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) propuso incrementar en 1% la cotización de los trabajadores y del aporte patronal para pasar de un importe mensual del 13% del salario al 15%.El Salvador ha experimentado en los últimos años una crisis en sus finanzas públicas que lo llevó al borde del impago de su deuda a corto plazo o de Letras del Tesoro (Letes). El déficit fiscal salvadoreño para este 2017 llegaría al 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), del cual el 2,2 % corresponde a deuda de pensiones.
¿Qué propone la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones?
- o Respeto a propiedad individual
- o No incrementar la edad de retiro
- o Mejorar la rentabilidad
- o Mayores pensiones
- o Limitar o prohibir las compras obligatorias
- o Mayor participación de los afiliados
- o Ajuste de las comisiones de las AFP
- o Pensiones estables
- o Mayor cobertura
- o Flexibilidad en el acceso a su ahorro
