Por: elsalvador.com
El proceso judicial que enfrentan ocho personas involucradas en la constitución de la LaGeo -producto de la asociación del Estado con el gigante italiano Enel- tiene indicios de ser un juicio político, aseguraron expertos que participaron en un foro del diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
En noviembre de 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó documentación ante los tribunales para sustentar una acusación contra nueve personas por peculado, uno de los delitos vinculados a la corrupción y que se ha sostenido como pilar en el juicio contra quienes tuvieron algo que ver con la creación de LaGeo. Esta empresa, que hasta el año pasado fue mixta, es la única que cuenta con permisos e infraestructura para explotar el vapor del subsuelo salvadoreño y producir energía.
Además de generar el 23 % de la energía eléctrica que se consume en el país, deja ganancias millonarias cada año.
Un año y medio después, y con LaGeo en manos del Gobierno salvadoreño, estas ocho personas todavía esperan su vista pública en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
Los participantes en el foro señalaron, para empezar, que el origen del conflicto entre el Estado salvadoreño y la italiana Enel por la propiedad accionaria de LaGeo ya se resolvió.
Francisco Bertrand Galindo, quien fue vocero de la empresa italiana en el país, explicó que el Gobierno tuvo cuatro años, tras la firma del acuerdo entre Enel y la INE, subsidiaria de CEL, para cuestionar si el contrato que dio vida a LaGeo afectaba los intereses del país. No hubo tal reclamo. Aun así, se celebraron tres procesos en tribunales internacionales para determinar a quién le correspondía la mayoría de las acciones de LaGeo en función del acuerdo de accionistas.
En los tres procesos los jueces dieron un fallo favorable para Enel, pero el Gobierno salvadoreño no acató los fallos. "Se le agregó un componente. Uno estrictamente político", advirtió Bertrand: cuestionar el contrato desde su origen e investigar a los que participaron en su elaboración.
Detalló que el Acuerdo Marco firmado por el Estado salvadoreño y Enel en diciembre de 2014 puso fin al origen de la polémica, pero desde El Salvador se continuó investigando a las personas por el mismo motivo. "¿Cuál es el carácter del juicio en estos momentos contra los funcionarios, si el problema principal, el que generó todo esto, ya se resolvió?", manifestó Bertrand.
Juan Pablo Córdova, exapoderado de la CEL, defendió que el proceso iniciado sí tiene sustento legal, pues el contrato dejaba en desventaja al Estado. "Si lo que querían realmente era privatizar (LaGeo), hubieran ido a la Asamblea y nadie se hubiera opuesto, pero no hacerlo de forma disfrazada", explicó. Y agregó: "¿Se resuelve algo con la vía penal? La respuesta es no. Si ya compraron (las acciones), ya tendría que haberse acabado esto".
Durante la administración del expresidente Mauricio Funes la situación se complicó. "Perdimos al socio estratégico (Enel), a quien tratamos sumamente mal y estamos forzados a invertir ahora el 100 % en la investigación geotérmica para producir, sin saber cuáles serán nuestros costos", dijo René Hernández Valiente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También Bertrand Galindo mencionó que se acudió a los tres órganos del Estado para mantener las acusaciones contra nueve implicados (uno fue liberado) y que eran un "ataque semanal".
Finalmente, Enrique Borgo Bustamante, exvicepresidente de la República de 1996 a 2000, comentó que "hay dos visiones, entre privatización y nacionalización, y se pretende castigar a una de esas dos posiciones".
El proceso judicial que enfrentan ocho personas involucradas en la constitución de la LaGeo -producto de la asociación del Estado con el gigante italiano Enel- tiene indicios de ser un juicio político, aseguraron expertos que participaron en un foro del diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
En noviembre de 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó documentación ante los tribunales para sustentar una acusación contra nueve personas por peculado, uno de los delitos vinculados a la corrupción y que se ha sostenido como pilar en el juicio contra quienes tuvieron algo que ver con la creación de LaGeo. Esta empresa, que hasta el año pasado fue mixta, es la única que cuenta con permisos e infraestructura para explotar el vapor del subsuelo salvadoreño y producir energía.
Además de generar el 23 % de la energía eléctrica que se consume en el país, deja ganancias millonarias cada año.
Un año y medio después, y con LaGeo en manos del Gobierno salvadoreño, estas ocho personas todavía esperan su vista pública en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
Los participantes en el foro señalaron, para empezar, que el origen del conflicto entre el Estado salvadoreño y la italiana Enel por la propiedad accionaria de LaGeo ya se resolvió.
Francisco Bertrand Galindo, quien fue vocero de la empresa italiana en el país, explicó que el Gobierno tuvo cuatro años, tras la firma del acuerdo entre Enel y la INE, subsidiaria de CEL, para cuestionar si el contrato que dio vida a LaGeo afectaba los intereses del país. No hubo tal reclamo. Aun así, se celebraron tres procesos en tribunales internacionales para determinar a quién le correspondía la mayoría de las acciones de LaGeo en función del acuerdo de accionistas.
En los tres procesos los jueces dieron un fallo favorable para Enel, pero el Gobierno salvadoreño no acató los fallos. "Se le agregó un componente. Uno estrictamente político", advirtió Bertrand: cuestionar el contrato desde su origen e investigar a los que participaron en su elaboración.
Detalló que el Acuerdo Marco firmado por el Estado salvadoreño y Enel en diciembre de 2014 puso fin al origen de la polémica, pero desde El Salvador se continuó investigando a las personas por el mismo motivo. "¿Cuál es el carácter del juicio en estos momentos contra los funcionarios, si el problema principal, el que generó todo esto, ya se resolvió?", manifestó Bertrand.
Juan Pablo Córdova, exapoderado de la CEL, defendió que el proceso iniciado sí tiene sustento legal, pues el contrato dejaba en desventaja al Estado. "Si lo que querían realmente era privatizar (LaGeo), hubieran ido a la Asamblea y nadie se hubiera opuesto, pero no hacerlo de forma disfrazada", explicó. Y agregó: "¿Se resuelve algo con la vía penal? La respuesta es no. Si ya compraron (las acciones), ya tendría que haberse acabado esto".
Durante la administración del expresidente Mauricio Funes la situación se complicó. "Perdimos al socio estratégico (Enel), a quien tratamos sumamente mal y estamos forzados a invertir ahora el 100 % en la investigación geotérmica para producir, sin saber cuáles serán nuestros costos", dijo René Hernández Valiente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También Bertrand Galindo mencionó que se acudió a los tres órganos del Estado para mantener las acusaciones contra nueve implicados (uno fue liberado) y que eran un "ataque semanal".
Finalmente, Enrique Borgo Bustamante, exvicepresidente de la República de 1996 a 2000, comentó que "hay dos visiones, entre privatización y nacionalización, y se pretende castigar a una de esas dos posiciones".
