Por Univision.com
La Corte Suprema de Justicia invalidó este martes una parte de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por algunos delitos. Los magistrados por una votación de 5-4 determinaron que la ley es inconstitucionalmente vaga.
El juez Neil Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por el presidente Donald Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez desde que asumió sus funciones en la Corte invalidando el estatuto federal.
Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo. El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.
El caso presentado ante la máxima instancia judicial es el de James Dimaya, un inmigrante filipino que llegó legalmente a los Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California, por lo que el gobierno comenzó a deportarlo por 'delito agravado' (una condena de más de un año de prisión), pese a que no hubo daños a terceros. El gobierno argumentó, entre otras cosas, que podía ser expulsado del país porque, bajo una cláusula de la ley de inmigración, el servicio de inmigración podía interpretar que los delitos cometidos, debido a las sentencias, implicaban un acto de violencia agravada.
"Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia", precisó. "Es decir, los agentes de inmigración del gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia".
"La duda que me queda", indicó Velásquez, "es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante".
'Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón", recalcó Velásquez.
La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 'nos dice cómo resolver este caso'.
El dictamen llega en momentos que Trump presiona para acelerar el paso en la implementación de su dura política migratoria, que tiene como principal objetivo la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales.
Durante su campaña, el mandatario prometió a sus seguidores que expulsaría del país a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, además de construir un muro en la frontera con México.
Sus promesas electorales, sin embargo, han sido rechazadas por el Congreso. Pese a ello, Trump ha avanzado en su estrategia en los últimos 15 meses a golpe de acciones ejecutivas y memos, construyendo una dura reforma migratoria sin el apoyo del legislativo.
La Corte Suprema de Justicia invalidó este martes una parte de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por algunos delitos. Los magistrados por una votación de 5-4 determinaron que la ley es inconstitucionalmente vaga.
El juez Neil Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por el presidente Donald Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez desde que asumió sus funciones en la Corte invalidando el estatuto federal.
Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo. El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.
El caso presentado ante la máxima instancia judicial es el de James Dimaya, un inmigrante filipino que llegó legalmente a los Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California, por lo que el gobierno comenzó a deportarlo por 'delito agravado' (una condena de más de un año de prisión), pese a que no hubo daños a terceros. El gobierno argumentó, entre otras cosas, que podía ser expulsado del país porque, bajo una cláusula de la ley de inmigración, el servicio de inmigración podía interpretar que los delitos cometidos, debido a las sentencias, implicaban un acto de violencia agravada.
Un fallo "muy importante"
El fallo emitido por la Corte Suprema es "muy importante, porque le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportarlo de Estados Unidos", señaló Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. "Los magistrados determinaron que un robo no se trata de un delito de violencia cuando no hay daños a terceros", agregó."Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia", precisó. "Es decir, los agentes de inmigración del gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia".
"La duda que me queda", indicó Velásquez, "es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante".
'Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón", recalcó Velásquez.
Revés para Trump
El caso llegó a la Corte Suprema en enero de 2017, cuando solo había 8 magistrados tras la muerte del conservador Antonin Scalia. En aquel momento, se produjo un empate de 4-4. Tras la confirmación de Gorsuch, la Corte volvió a tomar el caso y ahora el nuevo magistrado, considerado conservador, votó junto sus compañeros de corte más liberal.La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 'nos dice cómo resolver este caso'.
El dictamen llega en momentos que Trump presiona para acelerar el paso en la implementación de su dura política migratoria, que tiene como principal objetivo la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales.
Durante su campaña, el mandatario prometió a sus seguidores que expulsaría del país a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, además de construir un muro en la frontera con México.
Sus promesas electorales, sin embargo, han sido rechazadas por el Congreso. Pese a ello, Trump ha avanzado en su estrategia en los últimos 15 meses a golpe de acciones ejecutivas y memos, construyendo una dura reforma migratoria sin el apoyo del legislativo.
