Centroamérica tuvo pocos avances en la agenda fiscal durante 2015. Así lo consigna el informe "Perfiles Macro Fiscales de Centroamérica" presentado por Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) este mes de abril, y elaborado con base a cifras oficiales de los gobiernos al cierre de 2015 y de los presupuestos aprobados para 2016
El tamaño de los gobiernos centrales se mantuvo con respecto a 2014 (representando un 18.5% del Producto Interno Bruto, PIB), indica el informe, pero con matices entre los distintos países de la región. Los Gobiernos de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador aumentaron en 2015 su participación en la economía, reportando aumentos del 1,5, 0,7 y 0,7% del PIB. Por su parte, el Gobierno de Guatemala -uno de los más pequeños del mundo, según la institución- se redujo todavía más (en un 1,2% del PIB).
Inmerso en una política de austeridad fiscal, el gobierno de Honduras reportó una pequeña disminución del 0.2% del PIB. El tamaño del estado panameño también se redujo (1,4%), decrecimiento que, desde la percepción de los analistas, obedeció a un reordenamiento establecido por la nueva administración, que se prevé revertir en 2016.
La carga tributaria de la región centroamericana, hace notar el informe, apenas creció del 13,7% del PIB, en 2014, al 13,9%, en 2015. Contribuyeron al ligero crecimiento las reformas tributarias en Honduras y Nicaragua, cuyos efectos rezagados se percibieron el año anterior, y que permitieron una mejora de ingresos en dichos países por el orden del 1,1% del PIB. Costa Rica también logró aumentar su carga tributaria en un 0,5%, principalmente por mejoras en la eficiencia recaudatoria.
Panamá y Guatemala, por el contrario, vieron reducir su carga tributaria en 1,0% y el 0,6% del PIB, informó el Icefi. De acuerdo al análisis, influyeron negativamente escándalos de corrupción que involucraron a las autoridades recaudadoras de impuestos, y en el caso de Panamá "una inexplicable decisión de las autoridades de reducir la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) aplicable a las empresas", explicaron los investigadores. El Salvador implementó una nueva reforma fiscal aún sin resultados efectivos, pues nuevamente reportó un estancamiento de la carga tributaria.
El reporte destaca que el déficit fiscal de la región disminuyó del 3,3% del PIB, en 2014, al 3,1%, en 2015, liderado principalmente por la fuerte contracción del déficit en Honduras, por el orden del 1,3% del PIB. Por su parte, Guatemala y El Salvador redujeron su déficit fiscal en un 0,5% y un 0,4% del PIB, respectivamente. Los únicos países que vieron incrementar su déficit durante el período fueron Nicaragua y Costa Rica, con 0,4 y 0,2% del PIB, respectivamente.
La deuda regional de los gobiernos centrales creció, de representar el 37,3% al 38,1% del PIB, sin que se observe una voluntad real de reducirla, opina Icefi.
TENDENCIAS PREOCUPANTES
El informe cuestiona que El Salvador, Honduras y Guatemala "se han enfrascado en mantener la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazos, sin importar que las medidas adoptadas produzcan un fuerte deterioro de las condiciones de vida de los habitantes". Especialmente compleja, observa, será la solución en El Salvador, en donde deberán tratarse de revertir algunas de las características del sistema previsional establecido por los gobiernos liberales durante la primera década del siglo actual.
En El Salvador y en Guatemala, dice el estudio, "existe una fuerte polarización política en donde no se ve con claridad si el sector privado tendrá la intención de mejorar el nivel de financiamiento del Estado".
Apunta además a que Honduras, Nicaragua y El Salvador "se han convertido en sistemas fiscales muy opacos, que privilegian la subestimación presupuestaria; la no inclusión en el presupuesto de todos los elementos que serán desarrollados durante el ejercicio fiscal para garantizar maniobrabilidad de los Gobiernos y la falta de oportunidad en la publicación de las cifras".
El informe acusa de "cierta irresponsabilidad fiscal" a las administraciones públicas de Costa Rica y Panamá, que si bien poseen resultados que pueden ser manejables en el corto plazo, se dirigen hacia una tendencia que puede ser insostenible en algunos años. Advierte que la polarización política en Costa Rica y la debilidad institucional de Panamá no deben ser excusas para dejar de encontrar los caminos que permitan dotar al Estado de los recursos necesarios para su funcionamiento, ni para otorgar reducciones de tributos a quienes tienen mayor capacidad de pago.
El Salvador y Guatemala, apunta el análisis, "han adoptado reglas fiscales implícitas en donde el ancla es el tamaño de la deuda con respecto al PIB, por lo que la política fiscal se ha vuelto endógena a dicha decisión". En el caso de El Salvador, sostiene el informe, dicha política responde una dolarización de la economía que no previó apropiadamente las rigideces que ello produciría sobre el aparato económico y que hoy se manifiestan en bajas tasas de crecimiento económico, tasas de inflación cercanas a cero y poca competitividad empresarial.
En cuanto a Guatemala, afirma: "la regla fiscal constituye una clara manifestación del corporativismo del Estado, debido a que la Junta Monetaria, (usualmente dominada por agentes cercanos al sector privado, según Icefi), ha establecido su aprobación explícita a niveles de déficit fiscal que no permitan el crecimiento del saldo de la deuda en el corto plazo".
Ningún país de Centroamérica tendrá el camino fácil, concluye el Icefi, que se pronuncia por "el inicio de una discusión inclusiva que atienda la necesidad de establecer acuerdos fiscales de largo plazo que permitan la apropiada orientación de la función pública, la transparencia y rendición de cuentas, la eficacia en la gestión y, sobre todo, su sostenibilidad".
