Por Prensa Libre
Las investigaciones surgieron luego que la Fiscalía de Extinción de dominio solicitara a la IVE un informe de las transacciones financieras del exmandatario, donde se logró establecer que en 2009, Pérez Molina habría recibido recursos del Fondo Nacional para la Paz, provenientes de un proyecto de mejoramiento de un tramo carretero.
Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de dominio ordenó el embargo de cinco cuentas por Q5,4 millones (US$692.000) y una en dólares por US$22.723 registrados en cuentas personales en cuatro diferentes bancos del sistema.
Días atrás se filtró una fotografía del memo enviado por la Fiscalía de Extinción de Dominio a la IVE, donde solicitaba un informe de las cuentas bancarias del exmandatario, por lo que la fiscalía colocará una denuncia penal en contra de quien podría haber filtrado la información.
Además hasta la fecha se investiga una serie de propiedades del exmandatario para establecer de que manera adquirió los bienes, entre estos se encuentra una finca en Zaragoza, Chimaltengo y otra propiedad en Boca Ancha, Los Amates, Izabal.
¿Cometió peculado?
Según el informe de la IVE el 6 de agosto de 2009 el Fonapaz designó un proyecto de mejoramiento de tramo carretero por Q7 millones (US$906.559) a la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, S.A. (Agromec) propiedad del diputado Estuardo Galdámez, ese mismo día Agromec hizo un depósito de Q2.1 millones a la Constructora Jumar, S.A., propiedad de Juan de Dios Rodríguez y seis días después la Constuctora emitió un cheque a nombre de Pérez Molina por Q500.000, dos días después, es decir el 14 de agosto del mismo año, el exprsidente canceló un préstamo por Q431.000 en un banco del sistema.
César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que se 'vulneraron los derechos' de su cliente al recluirlo en una prisión civil habilitada en el cuartel militar Matamoros, en el centro de Ciudad de Guatemala.
El jurista añadió que el encarcelamiento no es necesario debido a que Pérez, tras renunciar a la presidencia, se presentó voluntariamente ante el juez, lo que a su juicio confirma que no existe peligro de fuga.
A cambio de la cárcel, Calderón solicitó que se le otorgue a Pérez una medida sustitutiva, como libertad condicional.
El juez Miguel ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso, envió a prisión preventiva al expresidente para que sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, al encontrar indicios de su participación en el caso de corrupción.
Pérez, un general retirado de 64 años, es señalado como uno de los cabecillas de una red denominada 'La Línea', que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos, descubierta en abril pasado por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
Los fiscales disponen de tres meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez Gálvez programó una audiencia el 21 de diciembre próximo.
Las investigaciones surgieron luego que la Fiscalía de Extinción de dominio solicitara a la IVE un informe de las transacciones financieras del exmandatario, donde se logró establecer que en 2009, Pérez Molina habría recibido recursos del Fondo Nacional para la Paz, provenientes de un proyecto de mejoramiento de un tramo carretero.
Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de dominio ordenó el embargo de cinco cuentas por Q5,4 millones (US$692.000) y una en dólares por US$22.723 registrados en cuentas personales en cuatro diferentes bancos del sistema.
Días atrás se filtró una fotografía del memo enviado por la Fiscalía de Extinción de Dominio a la IVE, donde solicitaba un informe de las cuentas bancarias del exmandatario, por lo que la fiscalía colocará una denuncia penal en contra de quien podría haber filtrado la información.
Además hasta la fecha se investiga una serie de propiedades del exmandatario para establecer de que manera adquirió los bienes, entre estos se encuentra una finca en Zaragoza, Chimaltengo y otra propiedad en Boca Ancha, Los Amates, Izabal.
¿Cometió peculado?
Según el informe de la IVE el 6 de agosto de 2009 el Fonapaz designó un proyecto de mejoramiento de tramo carretero por Q7 millones (US$906.559) a la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, S.A. (Agromec) propiedad del diputado Estuardo Galdámez, ese mismo día Agromec hizo un depósito de Q2.1 millones a la Constructora Jumar, S.A., propiedad de Juan de Dios Rodríguez y seis días después la Constuctora emitió un cheque a nombre de Pérez Molina por Q500.000, dos días después, es decir el 14 de agosto del mismo año, el exprsidente canceló un préstamo por Q431.000 en un banco del sistema.
Actualmente Pérez Molina guarda prisión preventiva pues el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sostienen que él en compañía de Roxana Baldetti, son los máximos líderes de la red de defraudación aduanera La Línea.
Abogado de Pérez apela prisión preventiva
El ex presidente guatemalteco Otto Pérez apeló este jueves la orden de prisión preventiva dictada por un juez al abrir un proceso penal en su contra por un fraude millonario en las aduanas que lo llevó a renunciar el pasado 2 de septiembre.César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que se 'vulneraron los derechos' de su cliente al recluirlo en una prisión civil habilitada en el cuartel militar Matamoros, en el centro de Ciudad de Guatemala.
El jurista añadió que el encarcelamiento no es necesario debido a que Pérez, tras renunciar a la presidencia, se presentó voluntariamente ante el juez, lo que a su juicio confirma que no existe peligro de fuga.
A cambio de la cárcel, Calderón solicitó que se le otorgue a Pérez una medida sustitutiva, como libertad condicional.
El juez Miguel ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso, envió a prisión preventiva al expresidente para que sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, al encontrar indicios de su participación en el caso de corrupción.
Pérez, un general retirado de 64 años, es señalado como uno de los cabecillas de una red denominada 'La Línea', que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos, descubierta en abril pasado por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
Los fiscales disponen de tres meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez Gálvez programó una audiencia el 21 de diciembre próximo.
