Por: prensalibre.com
El Ministerio Público (MP) presentó tres querellas en las que solicitaba la intervención de Aceros de Guatemala y se ordenara el arraigo del representante legal Pedro José Raúl Paiz Valdez, y los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenía Valdez Gómez.
Este jueves el Juzgado declaró con lugar la intervención y el arraigo solicitado en contra de los tres socios.
Una estructura coordinada por Giovanni Marroquín -uno de los integrantes de La Línea- alteró informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para librar de culpa a Aceros de Guatemala y desviar la atención hacia proveedores inexistentes en un caso de defraudación por Q255 millones (US$33 millones), según investigaciones del MP y la Cicig.
En un caso denominado "impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT", el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron en conferencia de prensa, cómo operaba esa estructura.
En medio de la investigación del caso La Línea -por el cual están en prisión preventiva los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, en escuchas telefónicas se obtienen de este nuevo caso, afirmó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
"Se lograron documentar dos eventos: uno relacionado con la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa", precisó.
Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias, añadió.
Esos movimientos incluyen al entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también capturado por el caso La Línea.
