Por El Mundo (El Salvador)
El Juzgado 7o. de Paz de San Salvador ha resuelto instrucción con medidas alternas a la detención para exfiscal general, Luis Martínez, el empresario Enrique Aquiles Rais López, su sobrino Hugo Blanco Rais, los abogados Ernesto Gutiérrez, Luis Peña, Héctor Francisco Grimaldi, el exjuez 9o. de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giamattei, el exdirector de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, la empleada de ANDA, Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón y el exjuez suplente Mauricio Antonio álavarez.
Con esta decisión judicial los diez acusados seguirán el proceso penal en libertad y deberán presentarse a firmar al Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador cada 30 días, no salir del país, no cambiar de domicilio y pagar fianzas entre US$5.000 y US$20.000. Según la juzgadora, la defensa presentó arraigos familiares, laborales y domiciliares que garantizan que los señalados no se van a sustraer de la justicia y que comparecerán a las diligencias cuando se les requiera, además los indicios presentados no son suficientes para dejarlos en detención.
Esta es una resolución incongruencia y ha generado una inseguridad jurídica, por lo que harán los recursos correspondientes que la ley les confiere, dijo la Fiscalía General de la República, tras la resolución.
La Fiscalía General de la República había solicitado que se les decretara la detención porque según sus argumentos planteados existe peligro de fuga y además pueden entorpecer las investigaciones en la fase de instrucción.
El Ministerio Público los acusa por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de investigación, cohecho activo (soborno), prevaricato (resolver contrario a derecho), falsedad documental y cohecho propio.
Todos esos ilícitos se derivan de un caso de amenazas con agravación especial que la Fiscalía atribuyó a Claudia María Herrera, en perjuicio del empresario Enrique Rais, según se presentó esa causa penal el 23 de septiembre del año pasado en el bulevar El Hipódromo, de la colonia San Benito.
Hay un peritaje sicológico que mediante las escuchas telefónicas la Fiscalía logró oir que el empresario Enrique Rais y Wilfredo Gutiérrez, hablaron sobre US$5.000 que pagaron al sicólogo forense Néstor Recinos.
Al perito forense le dieron esa cantidad de dinero para que hiciera constar que Hugo Blanco Rais y Enrique Rais, tenían un daño sicológico por la supuesta amenaza que les hizo Claudia María Herrera.
Recinos, dictaminó tras recibir supuestamente los US$5.000, que Blanco Rais, tenía una afectación sicológica y emocional derivada de las amenazas y que Rais López, como presidente del Grupo Rais tenía los mismos síntomas pero con grado agudo.
La Fiscalía General de la República, sabiendo que ese peritaje es totalmente falso lo presentó en el dictamen de acusación y sirvió para que Herrera, fuera enviada a juicio y esa vista pública está pendiente de realizarse en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, cuyo juez el Rolando Corcio Campos, quien según la querella ha suspendido el juicio en seis ocasiones por lo que ha pedido a la Fiscalía que lo investigue.
Los abogados defensores de los acusados dijeron estar de acuerdo con la resolución de la jueza y que los imputados, a los que representan, van a cumplir las medidas que se les ha impuesto.
Este lunes van a quedar en libertad una vez paguen la fianza impuesta a cada uno en el Ministerio de Hacienda.
El Juzgado 7o. de Paz de San Salvador ha resuelto instrucción con medidas alternas a la detención para exfiscal general, Luis Martínez, el empresario Enrique Aquiles Rais López, su sobrino Hugo Blanco Rais, los abogados Ernesto Gutiérrez, Luis Peña, Héctor Francisco Grimaldi, el exjuez 9o. de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giamattei, el exdirector de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, la empleada de ANDA, Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón y el exjuez suplente Mauricio Antonio álavarez.
Con esta decisión judicial los diez acusados seguirán el proceso penal en libertad y deberán presentarse a firmar al Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador cada 30 días, no salir del país, no cambiar de domicilio y pagar fianzas entre US$5.000 y US$20.000. Según la juzgadora, la defensa presentó arraigos familiares, laborales y domiciliares que garantizan que los señalados no se van a sustraer de la justicia y que comparecerán a las diligencias cuando se les requiera, además los indicios presentados no son suficientes para dejarlos en detención.
Esta es una resolución incongruencia y ha generado una inseguridad jurídica, por lo que harán los recursos correspondientes que la ley les confiere, dijo la Fiscalía General de la República, tras la resolución.
La Fiscalía General de la República había solicitado que se les decretara la detención porque según sus argumentos planteados existe peligro de fuga y además pueden entorpecer las investigaciones en la fase de instrucción.
El Ministerio Público los acusa por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de investigación, cohecho activo (soborno), prevaricato (resolver contrario a derecho), falsedad documental y cohecho propio.
Todos esos ilícitos se derivan de un caso de amenazas con agravación especial que la Fiscalía atribuyó a Claudia María Herrera, en perjuicio del empresario Enrique Rais, según se presentó esa causa penal el 23 de septiembre del año pasado en el bulevar El Hipódromo, de la colonia San Benito.
Hay un peritaje sicológico que mediante las escuchas telefónicas la Fiscalía logró oir que el empresario Enrique Rais y Wilfredo Gutiérrez, hablaron sobre US$5.000 que pagaron al sicólogo forense Néstor Recinos.
Al perito forense le dieron esa cantidad de dinero para que hiciera constar que Hugo Blanco Rais y Enrique Rais, tenían un daño sicológico por la supuesta amenaza que les hizo Claudia María Herrera.
Recinos, dictaminó tras recibir supuestamente los US$5.000, que Blanco Rais, tenía una afectación sicológica y emocional derivada de las amenazas y que Rais López, como presidente del Grupo Rais tenía los mismos síntomas pero con grado agudo.
La Fiscalía General de la República, sabiendo que ese peritaje es totalmente falso lo presentó en el dictamen de acusación y sirvió para que Herrera, fuera enviada a juicio y esa vista pública está pendiente de realizarse en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, cuyo juez el Rolando Corcio Campos, quien según la querella ha suspendido el juicio en seis ocasiones por lo que ha pedido a la Fiscalía que lo investigue.
Los abogados defensores de los acusados dijeron estar de acuerdo con la resolución de la jueza y que los imputados, a los que representan, van a cumplir las medidas que se les ha impuesto.
Este lunes van a quedar en libertad una vez paguen la fianza impuesta a cada uno en el Ministerio de Hacienda.
