Por AFP
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, aseguró el viernes que la institucionalidad del país quedó afectada por una sala de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional una ley de Amnistía de 1993 y por inhabilitar a diputados suplentes en el Congreso.
'Estas sentencias ignoran, o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente', señaló el mandatario en un mensaje a la nación en cadena nacional de radio y televisión.
La noche del miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió una sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual perdonaba graves atrocidades ocurridas durante la guerra civil salvadoreña de doce años (1980-1992).
En su sentencia la sala consideró que la Ley de Amnistía es 'contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales'.
Según la Corte, la amnistía contempla la extinción 'en todo caso de la responsabilidad civil', lo que contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues 'obstaculiza e impide precisamente una forma de reparación' consignada en la Constitución y el derecho humanitario internacional.
Con su decisión, la sala de la Corte abre la puerta para que crímenes considerados de lesa humanidad puedan ser investigados, sobretodo los contenidos en el informe -conocido en 1993- de una comisión de la Verdad que se conformó tras el fin de la guerra bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Esa comisión indagó una treintena de casos de graves violaciones a derechos humanos que por su relevancia conmocionaron al país, entre ellos el asesinato del arzobispo de San Salvador, óscar Arnulfo Romero en 1980, o la masacre de El Mozote en la que murieron más de 1.000 campesinos ocurrida en 1981.
Para el mandatario, las resoluciones de la Sala 'no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudizan'.
Para Sánchez Cerén, además de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, otra decisión de la sala de la Corte que afecta la institucionalidad es la inhabilitación de los diputados suplentes del Congreso unicameral de 84 escaños.
Esta última decisión con los diputados, consideró el mandatario, constituye un 'rompimiento de la seguridad jurídica'.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, aseguró el viernes que la institucionalidad del país quedó afectada por una sala de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional una ley de Amnistía de 1993 y por inhabilitar a diputados suplentes en el Congreso.
'Estas sentencias ignoran, o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente', señaló el mandatario en un mensaje a la nación en cadena nacional de radio y televisión.
La noche del miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió una sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual perdonaba graves atrocidades ocurridas durante la guerra civil salvadoreña de doce años (1980-1992).
En su sentencia la sala consideró que la Ley de Amnistía es 'contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales'.
Según la Corte, la amnistía contempla la extinción 'en todo caso de la responsabilidad civil', lo que contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues 'obstaculiza e impide precisamente una forma de reparación' consignada en la Constitución y el derecho humanitario internacional.
Con su decisión, la sala de la Corte abre la puerta para que crímenes considerados de lesa humanidad puedan ser investigados, sobretodo los contenidos en el informe -conocido en 1993- de una comisión de la Verdad que se conformó tras el fin de la guerra bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Esa comisión indagó una treintena de casos de graves violaciones a derechos humanos que por su relevancia conmocionaron al país, entre ellos el asesinato del arzobispo de San Salvador, óscar Arnulfo Romero en 1980, o la masacre de El Mozote en la que murieron más de 1.000 campesinos ocurrida en 1981.
Para el mandatario, las resoluciones de la Sala 'no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país, y lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudizan'.
Para Sánchez Cerén, además de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, otra decisión de la sala de la Corte que afecta la institucionalidad es la inhabilitación de los diputados suplentes del Congreso unicameral de 84 escaños.
Esta última decisión con los diputados, consideró el mandatario, constituye un 'rompimiento de la seguridad jurídica'.
Ante las decisiones de la Corte, el presidente llamó a los salvadoreños a trabajar 'por la unidad nacional' en torno 'a la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación, que solucione los temas urgentes que afectan el desarrollo y el bienestar de la población' en las áreas de seguridad pública y economía.
