Con una inversión de US$130 millones, la polémica represa de Barro Blanco es un proyecto de larga data, ya que fue el Gobierno de Martín Torrijos el que comenzó la obra hidroeléctrica, allá por 2008.
Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Público (ASEP), explicó al diario La Estrella de Panamá que ‘no se inundan comunidades en el nivel máximo de operación'.
En total, serán 250 hectáreas que se anegarán en el nivel máximo de agua.
El proyecto, con capacidad para producir 28 megavatios es rechazada por grupos de indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos, que han protagonizado varios choques con la policía, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la hidroeléctrica.
La versión de la ASEP contrasta con las denuncias de caciques y grupos indígenas, que afirman que se afectarán directamente las comunidades de Quebrada Caña, Nuevo Palomar, la Comunidad Cultural Kiad, Labramona y Calabacito, del distrito Müna, región Kodrí.
Este martes y hasta el próximo 3 de agosto, la ASEP informó sobre el inicio del periodo únicamente para la realización de pruebas para examinar los elementos que componen la central hidroeléctrica y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional.
El Movimiento 10 de Abril, opuesto a la hidroeléctrica, denunció en horas de la tarde la detención de más de 30 indígenas que acampaban en las afueras de Barro Blanco, en rechazo de la construcción. Los líderes solicitaron al Gobierno la liberación de todas las personas.
Igualmente, repudiaron la ‘compra de conciencia' de varias comunidades como Gualaquita, Cerro Viejo y áreas aledañas con la entrega de colchones y alimentos, para evitar que se unan a las manifestaciones.
Según Ricardo Miranda, coordinador del grupo indígena, sí se inundan cinco comunidades indígenas, en las que se afectan directamente unas 480 personas.
El dirigente alegó que la ASEP, en su comunicado para informar del llenado, mencionó a varias comunidades donde no llegará el impacto de la obra.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, se trasladó a la comarca para conversar con las autoridades comarcales.
En la noche cuando la tensión subía a su máximo nivel, la Comisión de Alto Nivel, creada por el Gobierno, se emitió un comunicado para enfatizar que el periodo de prueba de la central es temporal y garantiza el bienestar de las comunidades.
‘El Gobierno reitera el compromiso de no poner en operación la hidroeléctrica, ni realizar llenado definitivo hasta tanto no culminen los acuerdos de las mesas técnicas de diálogo', agrega.
Paralelamente, los caciques firmaron una nota donde responsabilizan a la ASEP por no consensuar sus decisiones en la comarca.
Durante más de un año el gobierno panameño ha mantenido un diálogo, con la mediación de las Naciones Unidas, con los opositores a la hidroeléctrica, mientras la empresa ha terminado los trabajos.
'Hay que entender que ese es un proyecto que venía de otros gobiernos y que estaba en un 95% terminado y nos tocó a nosotros usar el diálogo para la culminación y la incorporación de esa energía a la red del país', dijo recientemente el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
'Siento que el proyecto no nació bien' porque faltó 'mucha más consulta con las comunidades', pero 'tenemos que hacer respetar la seguridad jurídica del país', añadió Varela.
