La 'Primavera Guatemalteca' que inició en el 2015 la movilización social del Triángulo Norte de Centroamérica en contra de la impunidad y la corrupción, impactó primero en la realidad de Guatemala, se propagó luego (con menos bríos) a Honduras, y tarde o temprano iba a llegar a El Salvador.
La inesperada muerte del expresidente Francisco Flores vino a generar un impensado hito en este proceso, por los desencadenantes que produjo.
Desde este fin de semana, la Justicia de El Salvador quedó expuesta ante la opinión pública doméstica y la comunidad internacional, atentas ahora a los pasos que habrá de seguir en relación al 'caso Flores-Taiwán-Arena', que involucra el desvío de más de US$10 millones de la cooperación taiwanesa hacia las arcas del partido de derecha Arena.
Pero, allí no se agota la agenda crítica que tiene en sus manos el Poder Judicial salvadoreño. También debe avanzar en una profunda investigación que desentrañe qué implicó esa velada e incierta política pública llamada 'Tregua de Pandillas' (negociada durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, del FMLN), y que pudo haber significado la legitimación de la extorsión de parte de organizaciones criminales, desde la propia esfera del Estado.
Temas demasiado sensibles para una sociedad herida, por derecha e izquierda. Descreída de la capacidad de sus instituciones para acabar con la impunidad y, lo que es más complejo, polarizada detrás de los relatos ideológicos de grupos de poder que, al final, nunca tienen a los intereses de la sociedad como prioridad.
Es clave que ahora la Justicia avance en esclarecer las responsabilidades en el desvío de los fondos de la cooperación taiwanesa. Sólo si lo hace, con apego estricto a la ley, se abrirá el camino para luego poder investigar qué hicieron los dos gobiernos del FMLN con los fondos de la cooperación venezolana, que al igual que el dinero aportado por Taiwán, se desvaneció en rutas que la contabilidad nacional no llega a transparentar. Y, además, en este último caso, generó un pool de empresas que hoy no está en claro si son de gestión pública o privada.
La confusión entre Estado-partido-intereses personales ha sido una constante en El Salvador, más allá de la ideología del gobierno en el poder. Esto es la base que dio origen a un sistema transversal de corrupción y de apañamiento e impunidad, que tuvo al sistema judicial de cómplice por acción u omisión.
Si la Justicia salvadoreña no hace 'oídos sordos' al coro de intereses políticos que están presionando, desde izquierda y derecha, quedará expuesta ante la comunidad internacional como un poder incapaz e inoperante para acabar con la corrupción y la impunidad. Y ese coro de voces interesadas es muy activo (a veces sutil y, otra veces, bien claro) en la exposición de sus presiones.
Algunos casos: '¿Por qué ahora que ARENA aceptó haber recibido dinero de Taiwán se agenda el tema del expresidente Funes (investigación de la Tregua de Pandillas)?', se preguntó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera.
Diputada Rivera: la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) agendó ahora 'el tema de Funes', porque el país se sigue desangrando como consecuencia de la inseguridad y del fenómeno marero que el expresidente Funes intentó ocultar y manipular. ¿Será motivo insuficiente para la diputada Rivera los 6.670 homicidios ocurridos en 2015, un promedio de 18 muertes violentas por día, como para no empezar a investigar?
Desde la vereda de enfrente, el expresidente Alfredo Cristiani pidió que 'Francisco Flores sea el último caso de venganza política'. Investigar el desvío de fondos que debían haber sido entregados a los damnificados por los terremotos y que terminaron en arcas partidarias, no es un acto de 'venganza política', sino de justicia.
Cristiani se preguntó y requirió a la sociedad toda preguntarse '¿Cómo podemos erradicar la utilización de la justicia y del Estado en función de objetivos políticos?'. Precisamente: no interfiriendo en la Justicia y dejando que los procesos se desarrollen hasta el final, apegados a la ley, 'se afecte a quien se afecte'.
'Se afecte a quien se afecte'... es el único camino para derrotar la impunidad, acabar con la corrupción y con la polarización fogoneada por la corrupción. "La OEA no va a transar con la impunidad, afecte a quien se afecte', dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro, cuando instaló en el vecino país la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (Maccih).
El Salvador se ha resistido a instalar una versión nacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) (modelo guatemalteco) o una Maccih (modelo hondureño).
¿Su Poder Judicial podrá sólo contra las estructuras enquistadas de corrupción? ¿Jugará la carta de compromiso y probidad que el Ministerio Público de Guatemala jugó, trabajando a la par de la Cicig, y permitiendo el encarcelamiento de 600 funcionarios corruptos? ¿Tendrá la capacidad y la fortaleza para aislarse de las presiones areneras y fmlenistas?
El futuro del país está en sus manos.
*Editora General de E&N
