Uno de los temas que dominó la agenda informativa de inicios de año fue la decisión del gobierno de los Estados Unidos de empezar la deportación de cientos de familias de centroamericanos que han ingresado ilegalmente a ese país. De hecho, a poco de comenzar a rodar el 2016, decenas de esas familias ya llegaron de regreso a sus países de origen (especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador).
Apenas conocida la decisión de Washington, fue cuanto menos curiosa la reacción de los gobiernos del llamado Triángulo Norte: casi al unísono reclamaron a EE.UU. por la decisión e, incluso, el gobierno salvadoreño llegó a difundir para sus connacionales que viven ilegalmente en EE.UU. una suerte de "manual para librar las redadas" de las autoridades migratorias estadounidenses.
"Curiosa reacción", digo, porque la primera lectura que cabría hacer ante tales hechos es: los gobiernos centroamericanos cuidan muy bien de sus ciudadanos...sobre todo cuando se quedan en el Norte.
¿De qué se tratará para estos gobiernos la "gobernabilidad"? En la tradicional sección índices, que Estrategia & Negocios edita con la colaboración de la organización guatemalteca Fundesa, abordamos precisamente el tema de la gobernabilidad. Al respecto, se dice en el artículo: "La gobernabilidad es la capacidad de los gobiernos para responder al contrato social, la cual se da siempre en un ambiente en el que las demandas de los ciudadanos son procesadas por el sistema político, implicando eficiencia en el uso de fondos públicos".
Los heroicos pueblos salvadoreño, guatemalteco y hondureño que huyen de la violencia, la pobreza y la impunidad que reina en sus países se lanzan, sin más recursos que una pobre mochila a cuestas, a las fauces de "La Bestia" (el tren de la muerte con el que buscan atravesar México) y luego entregan hasta la vida para alcanzar suelo estadounidense.
Quienes logran llegar, trabajan con el ahínco que los caracteriza como pueblo y mandan remesas a sus familiares que siguen atrapados en sus países en la telaraña de la indolencia política. En ese momento, cuando su esfuerzo en el exterior se convierte en remesas, entonces sí la contabilidad nacional los tiene en cuenta y publica puntualmente, mes a mes, todos los dólares que llegan del Norte. Para El Salvador significan el 17% del PIB; para Honduras, el 15% y para Guatemala, el 10%.
¿Cuál sería el "contrato social" que estos gobiernos tienen con sus pueblos? ¿Cuál parte de ese contrato social es el que están cumpliendo?
Por lo que muestra la realidad (sin subjetividad ni animosidad al respecto), estos gobiernos parecen decididos a no respetar el derecho que todo ser humano tiene a vivir, desarrollarse y alcanzar su bienestar en su propia tierra, y por el contrario hacen todo lo posible para expulsarlos y -cínicamente- "ayudarlos" a permanecer "allá lejitos", donde puedan trabajar y enviar sus ahorros. ¿Qué es esto? ¿La apoteosis de la perversidad política?
Tras largas negociaciones, el Plan Alianza para la Prosperidad (financiado por EE.UU.) fue acordado. Se logró porque la sociedad de Guatemala luchó para que la Cicig se quede. Se logró porque Honduras (a regañadientes) instaló su propia Misión contra la Impunidad (la Maccih). Mientras, El Salvador (su gobierno, quizá no su sociedad) sigue negando la necesidad de tener un organismo similar.
Ahora que los tres países lograron los fondos que necesitan (más de US$700 millones), ¿en qué se van a enfocar? Sería bueno que en sus agendas, de una vez por todas, aparezca como prioridad: "deportar del territorio toda forma de impunidad".
Para cualquier funcionario que tenga dudas sobre la urgencia de este tema, cabría sugerir que intente (por mera curiosidad) repasar los documentales que reflejan el hiriente drama humano que significa perseguir "el sueño de vivir" montado en "el tren de la muerte".
* Directora General de E&N
