Desde que el gobierno salvadoreño anunció que tasaría con 10% el uso de telefonía fija, prepago y postpago, así como los servicios de internet, televisión por cable y accesorios, funcionarios han insistido en la necesidad de pagar el nuevo tributo porque se necesitan US$2.100 millones para luchar contra la violencia que azota al país.
El gobierno también anunció que inducirá una redución de las tarifas telefónicas en hasta 13% para contribuir a compensar los efectos del nuevo impuesto. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) debería oficializar tal reducción este jueves 1 de octubre. "El gobierno va a defender los intereses de la gente", enfatizó Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia.
En respuesta, las telefónicas criticaron el discurso confrontativo de funcionarios clave del gobierno que adjudican 'falta de voluntad' a las empresas y oposición de éstas para colaborar con el proyecto de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia; y el incumplimiento a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión.
Los operadores Telefónica, Tigo, Claro y Digicel subrayaron que según la Ley de Telecomunicaciones, la SIGET debe aprobar el pliego de cargos y tarifas máximas el día 1 de octubre de cada año. 'A la fecha no hemos sido notificados de la decisión de la SIGET de aprobar la reducción de cargos y tarifas', dijeron las empresas en un comunicado dado a conocer este miércoles.
Las compañías aseguran haber dado toda la información solicitada por la SIGET sobre el costeo de sus operaciones. Además, enfatizaron en su comunicado que 'el hecho de dar pronunciamiento como industria no constituye o representa una práctica oligopólica'.
Esta semana el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, argumentó que "las telefónicas decidieron llegar colegiadamente, lo que es una práctica oligopólica, asumiendo una sola posición". Y lamentó la poca voluntad de estas empresas ante el problema de seguridad que enfrenta el país, según un comunicacion de su secretaría.
Según Lorenzana, las telefónicas no han cumplido con el requerimiento de la Ley Antiextorsiones de limitar las señales en los centros penales. "No es eso lo que nosotros esperamos del sector empresarial. Creemos que hay que corresponder todos en la lucha contra la delincuencia", indicó el funcionario.
Sobre las supuestas prácticas oligopólicas, las empresas insistieron que en El Salvador hay un elevado nivel de competencia reflejado en atractivas ofertas para los usuarios y un constante nivel de inversión en infraestructura.
Sobre bloqueo de señales en penales
Sobre el discurso de 'falta de voluntad' en cumplir con la obligación de bloquear señal de telefonía celular en los centros penales, los operadores dijeron que han realizado ajustes en la medida en que ha sido requerido por las autoridades de gobierno.'Hemos expresado a las autoridades de gobierno que el tema de la señal no es la solución definitiva, sino que forma parte de un trabajo integral en el que, además, se necesita hacer buen uso de los bloqueadores de señal que ya existen dentro de los centros penales e intensificar el control de la entrada de los dispositivos a estos centros
Nuevo impuesto
Chicas dijo esta semana que el nuevo impuesto no grava necesidades básicas de los salvadoreños, sino que tasa un servicio (el telefónico) que, a su juicio, es "accesorio"."Hemos escogido la ruta de un gravamen a la telefonía porque es lo que hemos distinguido que no afecta lo vital (…) Nosotros no proponemos gravar la canasta básica de alimentos, no proponemos tocar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) para financiar la seguridad", añadió.
Para los operadores, el nuevo impuesto golpeará a todos los salvadoreños, y en especial a los menos favorecidos, e 'impiden mayores inversiones en nuevas tecnologías y en servicios de última generación'.
Los operadores insistieron que el gobierno ataca con 'pronunciamientos públicos que lesionan nuestra imagen ante la opinión pública, a pesar de ser uno de los gremios que más invierte en el país'.
Lorenzana subrayó esta semana: "Queremos alertar al pueblo salvadoreño de que las telefónicas se oponen a la reducción de la tarifa". Recalcó que los fondos recaudados serán dirigidos a reforzar la Policía Nacional Civil tecnológicamente y con equipo. En especial se está considerando un incremento salarial a los agentes policiales, que en la actualidad ganan US$400 mensuales, ya que están arriesgando sus vidas en un esfuerzo extraordinario por desmantelar las pandillas y el crimen organizado.
Respecto a las propuestas que han presentado diversos partidos políticos opinó que refuerzan el hecho de que la seguridad necesita recursos y que hay que continuar en la búsqueda de consensos para lograr conseguirlos.
