La negativa del oficialismo a elegir siquiera un magistrado independiente en el Poder Electoral, las protestas que se realizan todos los miércoles desde hace tres meses frente a la sede del Consejo Supremo Electoral en Managua y la brutal represión policial contra los manifestantes el 8 de julio pasado, han atraído la atención de la opinión pública sobre un tema que, aunque crucial para el futuro de Nicaragua, había sido invisibilizado con relativo éxito por la propaganda oficial.
Estamos convencidos de que la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional no deben ni pueden seguir cerrando los ojos frente a la grave crisis institucional que vive Nicaragua, de la cual la falta de transparencia electoral es uno de sus aspectos más graves.
A punta de fraudes
Mediante reiterados fraudes electorales desde 2008, Daniel Ortega ha construido una institucionalidad a su medida, que le garantiza el control absoluto de jueces, legisladores, contralores, policía y ejército, desmontando la frágil institucionalidad democrática que veníamos construyendo los nicaragüenses desde 1990.
Por eso, durante más de seis años hemos mantenido nuestra exigencia de transparencia electoral y nos hemos propuesto volver a poner en la agenda pública nacional el tema de las elecciones libres y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Hemos sido enfáticos en sostener que la posibilidad de elegir libremente a los gobernantes es una insustituible garantía de libertad para los ciudadanos y que en una sociedad no se puede construir prosperidad ni lograr desarrollo sostenible sin la base firme que brinda el Estado de Derecho.
Sería irresponsable prestarnos al juego del oficialismo, que trata de esconder detrás de indicadores macroeconómicos favorables la falta de libertades políticas, las restricciones a la libertad de expresión, la realización de negocios al amparo del poder, la desigualdad de oportunidades y otras prácticas que, aunque en el corto plazo no hacen colapsar una economía, imposibilitan la sostenibilidad del desarrollo y pueden llevar a un país o a una región a perder en poco tiempo lo que ha construido con esfuerzo durante décadas.
Las consecuencias de la falta de libertades políticas han sido particularmente graves en Nicaragua, donde el origen de las dos últimas guerras civiles radicó en la negativa de los gobernantes de turno a permitir elecciones libres.
Ni la bonanza económica existente durante el régimen de Anastasio Somoza, ni la militarización del país durante el primer gobierno de Daniel Ortega, impidieron que al cerrarse los espacios políticos se produjeran confrontaciones violentas causantes de muerte, sufrimiento, exilio y pobreza para toda una generación.
Statu Quo ¿Por qué?
Quienes desean mantener el actual estado de cosas en el sistema electoral nicaragüense han argumentado durante los últimos años que la demandada transparencia electoral requeriría complejas reformas institucionales que desviarían la acción gubernamental de otros temas prioritarios para el país.
Sin embargo, un grupo de organizaciones políticas reunidas en la Coalición Nacional por la Democracia hemos presentado a la Nación una propuesta de reformas que le devolverían a los nicaragüenses el derecho a elegir a sus gobernantes, sin necesidad de reformas constitucionales ni legales, bastando solamente con el cumplimiento de la legislación electoral vigente y algunas mejoras institucionales en el Consejo Supremo Electoral.
Siendo que la mejora del sistema electoral depende fundamentalmente de la voluntad política de quienes están ejerciendo el poder de forma absoluta, es fundamental que todos los que creemos en Nicaragua asumamos como propia la tarea de incidir de la forma que consideremos más eficaz para hacerles comprender la insostenibilidad de un gobierno en contra de la voluntad popular.
Si la arrogancia del poder impulsa a algunos a repetir los errores de la historia, los ciudadanos debemos evitar convertirnos en cómplices con nuestra indiferencia o nuestro silencio, porque al final nuestro éxito o fracaso individual depende en buena parte de las decisiones de los gobernantes.
Institucionalidad ¿Por qué?
Un gobierno electo de forma transparente, que ejerce el poder dentro a un marco legal predecible y sujeto al sistema de pesos y contrapesos característico de la democracia, está en mejor posición para impulsar reformas duraderas, para brindar seguridad jurídica a la inversión y es menos propenso a cometer los desaciertos y abusos que se derivan del poder absoluto.
Muchos de los errores del actual gobierno en Nicaragua se han derivado de su negativa para someterse a los controles del Estado de Derecho y de su incapacidad para escuchar voces disidentes.
Daniel Ortega ha acumulado un poder casi absoluto y lo ha ejercido durante ocho años en un entorno económico favorable, sin embargo no ha podido avanzar en la solución de los problemas más graves de la sociedad nicaragüense, que por el contrario se han agravado.
La incapacidad de fomentar un crecimiento económico de base amplia aprovechando los beneficios derivados de la estabilidad macroeconómica, los altos precios de las materias primas y la cooperación petrolera venezolana; y decisiones tan cuestionables como embarcar al país en una lesiva e inviable aventura canalera, se han debido en buena parte al ejercicio abusivo del poder adquirido de forma fraudulenta, que impide la creación de un consenso nacional sobre el modelo de desarrollo que queremos.
Libertad ¿Por qué?
Nuestra insistencia en la necesidad elecciones libres no implica en modo alguno desconocer las fallas y limitaciones que ha tenido en nuestros países el modelo de democracia electoral.
Sin embargo, estamos convencidos que la libre elección de los gobernantes es base fundamental para construir un sistema democrático que garantice además la participación continua y relevante de los ciudadanos en los asuntos públicos, tanto para decidir como para controlar las actuaciones de los gobernantes que son electos.
Mientras nuestros vecinos centroamericanos pueden hoy contar entre sus logros la permanencia y fortalecimiento de sus instituciones democráticas, Nicaragua ha experimentado un innegable retroceso y hemos vuelto a un debate ideológico entre democracia y dictadura que ya había sido superado en la región.
Fraudes electorales, confusión Estado-partido, represión política, manejo discrecional del erario público, son problemas tan ajenos a la agenda centroamericana desarrollada desde 1990, que a veces caemos en la tentación de ignorarlos.
Por eso, para Nicaragua es urgente la pronta convergencia de los ciudadanos, el sector privado y los partidos políticos alrededor del objetivo común de reconstruir la institucionalidad democrática, que comienza con la libre elección de los gobernantes.
De todos los nicaragüenses depende encontrar una salida inteligente a esta crisis que está desenfocando al país de otros graves problemas como la pobreza, la baja calidad educativa, la inseguridad ciudadana y las amenazas del crimen organizado.
La actual atención pública al tema de las elecciones libres brinda una oportunidad, quizá irrepetible, para que quienes creemos en Nicaragua como una nación capaz de alcanzar prosperidad duradera, unamos nuestras voces para demandar al gobierno de Daniel Ortega que nos permita votar libremente y elegir con nuestro voto, evitando así la tragedia de la confrontación fratricida que ya ha asolado el país dos veces en el último medio siglo.
*El autor es Presidente Nacional del Partido Liberal Independiente (PLI) de Nicaragua.
