El titular de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo que dado el análisis de conjunto, sistemático, con escuchas telefónicas y revisión de documentos decomisados en allanamientos, se concluye que los términos "el mero mero", "la mera mera", "el número 1", "la número 2", "la señora", "la dueña de la finca", etcétera, se refieren al mandatario y la entonces vicegobernante.
Al principio de la conferencia de prensa en conjunto con el Ministerio Público, decenas de periodistas y asistentes aplaudieron por varios minutos antes de la presentación de evidencias. Así comenzó la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana: 'Arriba de Juan Carlos Monzón, encontramos en la estructura de La Línea, al señor Presidente y a Roxana Baldetti'.
Tanto Pérez como Baldetti estarían implicados en el máximo nivel en la red de defraudación aduanera La Línea. Baldetti renunció a la vicepresidencia el pasado 8 de mayo después de la desarticulación de una millonaria estructura de defraudación aduanera conocida como 'La Línea', que supuestamente estaba dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, que fue su secretario privado y está prófugo de la justicia desde ese día.
Velásquez detalló que se analizaron 66.000 sesiones de escuchas telefónicas, y documentos analizados por el Ministerio Público y la CICIG que desde abril condujeron a su desmantelamiento. Antes de la conferencia, tanto la CICIG como el Ministerio Público presentaron a la Corte Suprema de Justicia la mañana de hoy una solicitud de antejuicio contra el jefe del Ejecutivo, sindicándolo de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Hasta ahora hay 27 detenidos de haber participado en La Línea.
Velásquez presentó como evidencia estados financieros, cheques dirigidos a Otto Pérez o a Roxana Baldetti. Así como las reuniones que Pérez Molina sostuvo con Salvador González álvarez, alias Eco, quien pese a no ser servidor público tenía información sobre temas aduaneros, son parte de las evidencias con las que cuentan la Cicig y el MP.
La supuesta trama criminal operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ingresó más de 500 contenedores de manera ilegal con la complicidad de al menos 27 personas, entre funcionarios a todo nivel y particulares. Las pruebas más contundentes, según Velásquez y Aldana, fueron localizadas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los 27 detenidos, quien a pesar de no ser empleado de la SAT le envió el 13 de abril a Pérez Molina un informe sobre la recaudación aduanera.
En la computadora de González también fueron hallados detalles sobre pagos efectuados a Juan Carlos Monzón Rojas, quien es buscado por las autoridades guatemaltecas e internacionales desde el pasado 16 de abril.
"Afortunadamente (para la investigación) llevaban muy en orden los pagos", explicó Velásquez en referencia a los hallazgos, en los que se incluyen tablas sobre el control y la distribución de los sobornos.
¿Quién era la 'R'?
El titular de CICIG también respondió por qué se presentaron las evidencias hoy y no después de las elecciones. También habló que al principio se dijo la 'R' correspondía a Roxana, pero se refería a Recaudación 1 y 2: la que se reportaba a las arcas del Estado y la que incluía la red de sobornos.
La Fiscal General afirmó que se analiza si las cuentas del Presidente serán embargadas y que tienen información de la Superintendencia de Verificación Especial en cuanto a las cuentas de Roxana Baldetti y "posiblemente" también del mandatario.
Agregó que 'lamentablemente' dentro de la estructura, Pérez Molina y Baldetti se encontraban 'muy por encima' de Juan Carlos Monzón. Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta y prófugo de la Justicia desde el pasado 16 de abril, estaba acusado, hasta el momento, de ser el líder de la trama.
¿Cómo funcionaba La Línea?
En abril, CICIG dijo que las pesquisas comenzaron en mayo 2014 con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como "la línea", la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la SAT. Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de dicha estructura, quienes tomaban las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos en las aduanas; determinar la política de recaudación aduanera; colocación de funcionarios superiores en la SAT, entre otras.
Según el Comisionado Iván Velásquez, la estructura externa "instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana".
