'Estamos rechazando la corrupción que hay en este gobierno, y el fraude en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, órgano recaudador de impuestos) rebasó el vaso', dijo a la AFP el dirigente sindical Victoriano Zacarías, durante la marcha por el centro de la capital.
El pasado 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que trabaja en la depuración del sistema judicial, denunciaron la existencia de una estructura que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos en las aduanas del país.
Las autoridades detuvieron a Omar Franco, titular de la SAT y su antecesor Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad. La investigación estima que el grupo obtuvo ganancias por 'montos millonarios' hasta ahora sin precisar.
La acusación principal recayó en el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti, considerado el cerebro de la banda y que se sospecha está escondido en Honduras.
'Pedimos la renuncia (de los gobernantes) para que se les puedan juzgar', indicó a la AFP Osmin Ramírez, dirigente estudiantil de la estatal Universidad de San Carlos, junto a un manifestante atado a una cruz de madera que ejemplificaba 'el sufrimiento del pueblo de Guatemala' por la corrupción.
Los manifestantes consideran que Pérez y Baldetti tenían conocimiento de las operaciones ilícitas de Monzón, un hombre de confianza en el Ejecutivo.
En la marcha también participaron estudiantes de la Universidad Rafel Landívar, unas de las más exclusivas del país, y activistas de movimientos sociales.
'Ladrones de cuello blanco', 'Gobierno insaciable' y 'Fuera corruptos', se alcanzaba a leer en varios carteles que portaban los participantes de la manifestación.
El jueves el Ministerio del Interior ofreció una recompensa equivalente a 12.880 dólares por información que ayude a capturar a Monzón, quien ha sido buscado en las propiedades de Baldetti y en un área invadida por pobladores dentro de una finca militar en el oriental departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras.
