Los sucesos recientes en la política guatemalteca que implican a funcionarios de alto nivel de la vicepresidencia y autoridades tributarias como integrantes de una red criminal, develada por la investigación a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, próxima a concluir su mandato en septiembre, permiten inferir tres escenarios políticos de la actual crisis.
Primer escenario: equilibrio precario, que significa continuar el ritmo actual de deterioro en el sistema político y los niveles de gobernabilidad, a la vez que se asume una creciente fragmentación del bloque gubernamental.
Segundo escenario: administración moderada de la crisis, bajo el supuesto que las elites políticas mantienen niveles de liderazgo y unidad interna, e introducen correctivos.
Tercer escenario: ruptura institucional, es decir, hechos súbitos e inesperados que eventualmente desencadenan rupturas históricas de signo ambiguo y/o crisis institucionales profundas.
Los escenarios están presentados en un orden de mayor a menor probabilidad. Se mueven dentro de las distintas etapas de las crisis de gobernabilidad democrática: crisis de conducción, de credibilidad y legitimidad, hasta crisis de Estado.
Abren, a su vez, otros escenarios para el siguiente gobierno, programado para asumir en enero de 2016. Por ejemplo, el escenario de equilibrio precario con alto costo político principalmente para el gobierno de Pérez Molina pero sin llegar a un colapso institucional; el de la administración de la crisis no mejoraría de manera durable los indicadores de gobernabilidad, pero permitiría una transición con cierto grado de estabilidad política al próximo gobierno, aunque sin atenuar la eventual crisis financiera que será el principal reto del 2016. Y el escenario de ruptura, de baja probabilidad, pero de consecuencias de alto impacto en la variable política nos dejaría a las puertas del estado fallido, de la reformulación cesarista del sistema político guatemalteco o de una combinación de ambas.
Cada escenario dependerá de por lo menos cinco variables condicionantes. Estas son: a) la eficacia del Estado de Derecho, b) manejo de la crisis por el organismo ejecutivo, c) relación ejecutivo-legislativo, d) reacción de la sociedad civil y medios de comunicación y e) medidas del gobierno de EEUU hacia la región.
Escenario de equilibrio precario
Este escenario tiene, como supuesto fundamental que el presidente Pérez y su vicemandataria Roxana Baldetti asumen principalmente el costo político electoral de la crisis y terminan su mandato con un nivel de legitimidad reducido al mínimo, aunque sin resultar afectados a nivel judicial, y colaboran suficientemente o por lo menos no entorpecen las investigaciones del Ministerio Público.
Las investigaciones avanzan en capturar y llevar a juicio a demás implicados, principalmente al secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón Rojas (prófugo y con orden internacional de captura); en tanto que el Congreso y principalmente la oposición manifiesta cierto desapego con el Ejecutivo llevando a cabo una investigación parlamentaria o sin ella pero sin formación de causa contra la presidencia y vicepresidencia según sus atribuciones constitucionales. Mientras que, la sociedad civil y los medios de comunicación se mantienen en el nivel del "affaire político" pero sin acciones de hecho o movilizaciones importantes.
Adicionalmente, el gobierno de EE.UU. respalda retóricamente al sistema de justicia guatemalteco y solicita claramente a Guatemala la continuidad del mandato de Cicig pero en términos generales asume una posición de neutralidad. La salida reciente de la contienda del presidenciable del partido oficialista Alejandro Sinibaldi, abonaría a este escenario.
Escenario de administración moderada de la crisis
El supuesto central de este escenario es que el gobierno, al colaborar abiertamente en las investigaciones judiciales, logra revertir en cierto grado el costo político de la crisis, mantiene la unidad de su partido y acciones mediáticas oportunas permiten "superar" la coyuntura y se logra que la atención pública se centre prioritariamente en la que la dinámica electoral de los próximos meses. Como gesto de buena voluntad gubernamental se apoya públicamente la continuidad de la Cicig.
A nivel de las investigaciones se logra juzgar y dictar sentencia a los implicados en la red criminal de contrabando y defraudación fiscal, desestimando implicaciones jurídicas a la cúpula de gobierno. Tanto el Congreso como la opinión pública y Washington desvían su atención a la coyuntura electoral.
Escenario de ruptura institucional
Este escenario se produciría al terminar abruptamente el mandato presidencial generando alteraciones profundas en el sistema político guatemalteco. La viabilidad de este escenario rupturista se daría esencialmente en la medida en que las investigaciones avancen hacia la participación directa del binomio presidencial en los ilícitos de la red criminal y/o se evidencie obstrucción malintencionada de la justicia.
A lo anterior podría sumarse que el resultado de una comisión parlamentaria ad hoc diera lugar a causa contra el mandatario y vicemandataria guatemaltecos según establece la Constitución (arts. 165 y 171). Asimismo, supone una sociedad civil y medios de comunicación exacerbados que protagonicen protestas masivas pidiendo la dimisión presidencial y vicepresidencial. En tanto que una postura enérgica de condena al gobierno guatemalteco por parte de EEUU (retiro de visas a funcionarios de alto nivel, filtración de informes de peces gordos del crimen organizado vinculados a la política local) y de la comunidad internacional en general.
No obstante, este escenario podría suponer además de la profundización de la crisis política (aunque esto es siempre una moneda al aire), un reacomodo del sistema político guatemalteco que eventualmente derivara en un cambio constitucional, que todos los análisis de diverso signo coinciden en señalar como ingente para un modelo que parece haber llegado a sus límites.
Con todo, este escenario quizá sea el menos probable, en un contexto de apatía ciudadana y de tolerancia casi mítica a la corrupción y la impunidad que ha marcado la política y democracia guatemalteca en los últimos años.
