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Guatemala: por escándalo de corrupción, el PP se queda sin candidato

El gobernante Partido Patriota de Guatemala (PP, derecha) se quedó este domingo sin candidato a la presidencia para las elecciones de septiembre próximo, luego de la renuncia del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi tras denunciar 'sabotaje' a su campaña. Sinibaldi se enfrentó a la vicepresidenta Roxana Baldetti, impactada por escándalos de corrupción en su entorno.

2015-04-20

Por: AFP

Alejandro Sinibaldi, a quien las encuestas ubican entre los tres principales aspirantes a la Presidencia de Guatemala, lanzó duras críticas en rueda de prensa a la vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien acusó de boicotear y bloquear su candidatura.

'Las diferencias con la vicepresidenta Baldetti no son de ahorita, son diferencias profundas en la forma de actuar y de pensar', declaró Sinibaldi, y señaló que ha mantenido acercamientos con dos partidos políticos que podrían postularlo como candidato presidencial.

El exfuncionario deja el partido oficialista en medio de un escándalo de corrupción en el sistema tributario que hizo caer el jueves a altos funcionarios de gobierno, incluido Juan Carlos Monzón, quien fungía como secretario privado de Baldetti.

Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de Monzón, que se encontraba con la vicepresidente en Corea del Sur al momento de la captura de Omar Franco, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria -ente recaudador de impuestos- y su antecesor Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas por defraudación en las aduanas.

La renuncia de Sinibaldi al PP también ocurre cerca de la convocatoria oficial a elecciones generales, prevista para el 2 de mayo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobre la salida de Sinibaldi, la vicepresidenta reconoció que existieron 'diferencias' con el excandidato pero rechazó la versión del boicot a su campaña política.

Con 'Alejandro Sinibaldi teníamos diferencias, siempre tuvimos diferencias pero nunca pensé que su corazón estuviera tan enojado conmigo, mi corazón no está enojado con él, por el contrario, siempre traté de ayudarlo', precisó Baldetti.

Los guatemaltecos serán llamados a las urnas en septiembre para elegir al sustituto del mandatario Otto Pérez, además de diputados y corporaciones municipales, en medio de una ola de violencia criminal que deja un promedio de 16 muertes diarias, la mitad de ellas atribuidas al narcotráfico y las pandillas.

Baldetti busca despegarse

Mientras tanto, la piedra del escándalo en el PP, la vicepresidenta Baldetti, rechazó el domingo haber participado en el fraude descubierto recientemente en el sistema tributario del país que involucra a altos funcionarios de gobierno, entre ellos personal de confianza en el Ejecutivo.

Baldetti, quien regresó de una gira por Corea del Sur, indicó que la Fiscalía no la vincula a la estructura que fue descubierta el jueves.

Para desligarse del caso, Baldetti en rueda de prensa mostró un video con declaraciones de un representante de la fiscalía que indica que 'el nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia'.

La vicepresidenta señaló desconocer el paradero de Monzón -quien la acompañó a su viaje por Corea y que fue destituido del cargo tras conocerse el escándalo- y que le exigió al exfuncionario 'dar la cara' para enfrentar a la justicia.

'El Estado y el gobierno de Guatemala nunca obstruyó la justicia, eso confirma que ni yo ni el presidente (Otto Pérez) estábamos deteniendo ninguna investigación', afirmó Baldetti, al explicar que tenía conocimiento de la indagación sobre el fraude pero desconocía la participación en ella de su secretario privado.

La captura de los funcionarios puso en evidencia la inflitración del crimen en las estructuras del Estado y la participación de la Cicig en la investigación fortaleció la postura de activistas de derechos humanos que consideran necesaria la permanencia de ese ente en el país.

El mandato de la Cicig termina en setiembre de 2015, tras ocho años de labores, y el presidente Pérez se ha mantenido reacio a solicitar una prórroga, argumentando que el organismo ya cumplió su misión.

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