Panamá: obras del Canal superarían US$5.250 millones

Las obras de ampliación del Canal de Panamá podrían superar los US$5.250 millones originalmente presupuestados si prosperan los millonarios reclamos por parte del principal contratista, el grupo GUPC encabezado por la española Sacyr, advirtió este jueves el administrador de la ruta, Jorge Quijano.

'Todavía estamos dentro del presupuesto de los US$5.250 millones, pero si hubiese un fallo en contra de nosotros, definitivamente que se excedería', dijo Quijano en una reunión con periodistas.

Desde 2008, el Canal de Panamá se encuentra en fase de expansión para que buques de hasta 14.000 contenedores -el triple de capacidad de los que pueden pasar actualmente- atraviesen sus 80 kilómetros.

Las obras, que tienen un 80% de avance, acumulan un retraso de un año y se estima que estarán concluidas para finales de 2015 o principios de 2016.

Según el último informe publicado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), hasta el 30 de junio de este año se habían adjudicado contratos por US$4.429 millones.

A la cifra total del contrato no sólo habrá que sumar las obras adjudicadas, sino también los reclamos y acuerdos con las diversas empresas, así como trabajos no previstos al principio, según Quijano.

'Nosotros en estos momentos no tenemos nada que vaya a exceder el programa de ampliación como fue presupuestado originalmente, a menos que haya fallos en contra de nosotros de manera importante en los reclamos que están ahora mismo sustentándose', dijo Quijano.

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la construcción de las nuevas esclusas -el principal contrato de la obra estimado en más de US$3.200 millones - mantiene reclamos en diferentes instancias por un monto total de 1.600 millones de dólares.

Según Quijano, el Canal aún mantiene 'un nivel de contigencia para atender parte o la totalidad de algunos reclamos' que se han presentado.

GUPC, liderado por la española Sacyr, llegó a paralizar las obras en febrero pasado por falta de flujo de caja.

El consorcio, que se adjudicó la obra con un precio muy por debajo de sus competidores, reclamaba diversos sobrecostos, negados a su vez por las autoridades panameñas, que consideran que estas sumas están 'infladas'.