Por Daniel Zueras, E&N
El 2 de junio de 2021 comenzó la cacería preelectoral. Desde entonces (y a fecha del cierre de esta edición) el régimen dictatorial Ortega-Murillo ordenó la detención de 27 opositores, entre los que destacan siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre; además de líderes estudiantiles, campesinos y empresariales (como el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada -Cosep-, José Adán Aguirre). En la actualidad hay 136 presos políticos en Nicaragua. ¿La razón? Un discurso de otro tiempo: Daniel Ortega les acusa de conspirar para derrocarlo con ayuda de Washington.
La oposición está totalmente descabezada de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Está claro lo que serán: una pantomima a mayor gloria de la pareja presidencial que lleva gobernando el país a su antojo desde 2007, que no quiere volver a tener una sorpresa en las urnas como la de 1990, cuando fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro.
Contra viento y marea, la Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció a finales de julio a la fórmula presidencial para enfrentar a Daniel Ortega, la que integran óscar Sobalvarro, excomandante de la Resistencia Nicaragüense y opositor del régimen, y la Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada.
Lo que hace tres años fue una sorpresa por el nivel de represión, ahora ya no lo es.
Antes de eso, desde la subida de Daniel Ortega al poder en 2007, este se aseguró unos apoyos que no parecían naturales al sandinismo: los empresarios, parte de la élite de la Iglesia Católica, así como algunas iglesias neopentecostales, sectores que habían sido de sus grandes opositores años atrás. "Son de los grandes legitimadores de los primeros años de Ortega en el poder", incide Carlos Humberto Cascante, politólogo y ex diplomático costarricense.
El entonces recién electo presidente de Nicaragua, reconvertido en dictador, tomó nota del somocismo histórico, "con la cooptación de las élites económicas, garantizandoles libertad económica y protección a sus intereses si le daban espacio abierto a estar en el poder", explica Cascante. Así, durante más de una década, los empresarios se sentaban a la mesa en un modelo institucionalizado de cogobierno -lo que se dio en llamar el ‘modelo Cosep’-, del que Ortega presumía fuera de sus fronteras, y que empujó la economía del país con crecimientos anuales por encima del promedio centroamericano. El modelo saltó por los aires en 2018, cuando la Cosep criticó la represión. "Empiezan a tener presencia crítica cuando ven tocados sus intereses por una crisis económica que les afecta", comenta el politólogo, pero ha quedado demostrado que fue demasiado tarde.
Las reacciones internacionales han sido tibias hasta el momento, apenas algunas acciones simbólicas de EEUU, Canadá y la Unión Europa, o la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la última ola de arrestos de opositores. En estas semanas estaría avanzando en el Congreso de EE UU la ley Renacer, que ampliaría los supuestos para sancionar a funcionarios de Ortega y solicitaría a Biden revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
"Lo que hemos tenido son sanciones puntuales a figuras importantes del régimen, pero que no afectan las reacciones internacionales han sido tibias hasta el momento, apenas algunas acciones simbólicas de EEUU, Canadá y la Unión Europea las estructuras que lo sostienen". Las reacciones de la región dependen mucho "de la capacidad de presión de Nicaragua por su posición geográfica sobre los países de Centroamérica", asegura Carlos Humberto Cascante.
El ser vecino directo le genera enormes conflictos a Costa Rica. "Nicaragua tiene la capacidad de cerrar fronteras y que limite mucho su comercio con su segundo socio (Centroamérica)". Las dos economías están muy relacionadas, l os empresarios de ambos países cuentan con intereses en los dos lados de la frontera, lo que ejerce como muro de contención en las respuestas.
A diferencia de Costa Rica, los países del Triángulo Norte tienen un poco más de espacio para la respuesta, "especialmente El Salvador, que es el más vociferante", incide Cascante, ya que en la construcción de imagen de Bukele "el proceso de insultar le es favorable". Explica que Guatemala puede tener una posición "mucho más fuerte, porque no le afecta tanto", al estar muy al norte; y Honduras, que ha tenido problemas históricos con Nicaragua "cuenta con una posición fuerte, por influencia de Estados Unidos", arguye el ex diplomático.
En lo que se muestra muy concluyente el politólogo es en el papel del sistema de integración regional, "que es incapaz de afrontar un problema de estos. Funciona como integración económica, pero con problemas políticos de esta índole es un convidado de piedra que aporta muy poco".
Además, Costa Rica debe jugar el difícil equilibrio entre el apoyo a exiliados que tradicionalmente se presentan en el país y vivir con la constante presión de que en algún momento a Nicaragua se le ocurra cerrar fronteras, un ejemplo fue en los primeros meses de la pandemia, con graves daños para el comercio costarricense.
Gerall Chávez es uno de esos refugiados nicaragüenses, que tuvo que abandonar su país en la crisis de 2018. El joven periodista llegó a Costa Rica el 30 de diciembre por un punto de la frontera y hoy es uno de los múltiples solicitantes de refugio. Y es que el vecino del Sur es la principal vía de escape para muchos de ellos. Solo en 2020 hubo 9.409 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses (de un total de 12.409 que recibió el país), y hay cerca de 40.000 solicitudes en proceso. Por el momento, apenas una quinta parte de esas peticiones han sido aceptadas. Gerall sigue esperando a que la suya también lo sea.
En todo caso, Costa Rica ya no es la única salida para los que huyen del régimen dictatorial. Lo muestran las estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ya que las detenciones en la frontera de ciudadanos nicaragüenses pasó de un promedio de unos 300 a unos 4.000 en el último año.
Con todo y el incremento de cifras, Cascante considera que estas cifras palidecen ante las de los países del Triángulo Norte, por lo que no cree que la Administración Biden vaya a poner su foco en Nicaragua.
impuesto", asegura Belli, quien continúa: "Me temo que la crisis irá en aumento porque esas tres últimas leyes, en especial la 1055 -Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz- nos convierten a todos los que pensamos diferente en potenciales traidores".
Con la Ley sobre Ciberdelitos también se aseguran el control de la prensa, pues consideran noticia falsa básicamente todo aquello que le parezca al régimen contrario a sus intereses. La escritora asegura que, en estos meses, ha salido más gente de Nicaragua: "Que Nicaragua, tras la muerte y el sufrimiento que ha soportado para ser libre, tenga que vivir otra dictadura, es trágico porque sin alternativas el pueblo se rebelará y correrá más sangre".
La salida parece complicada. La vía de la negociación a nivel nacional se avizora en punto muerto. "Miembros de la élite económica nicaragüense cometieron un error estratégico muy grave en 2018: decidieron sacar a los líderes populares para entrar a negociar ellos directamente. No construyeron una alianza con esos movimientos populares para enfrentar al régimen. No era la sociedad civil, sino la élite económica y miembros del sandinismo histórico, un error que ahora les cuesta", asegura Carlos Humberto Cascante.
Belli cree que Ortega teme al movimiento sandinista histórico por su experiencia en la lucha antidictatorial y ha tratado de destruirlo. "Cuando su gobierno colaboraba con la empresa privada, convenció a muchos de que eran radicales y peligrosos. Ahora encarceló a su dirigencia. Les teme porque tienen una propuesta democrática y un prestigio, por su heroísmo, que pudiera calar en las bases sandinistas. Además, hay un elemento de venganza muy claro. No les perdona que, desde hace mucho, hayan advertido que era un dictador en ciernes y tratado de detenerlo. De lo que no se da cuenta es que ahora la mayoría de los nicaragüenses son su mayor amenaza".
En todo caso, un levantamiento popular parece difícil. Los muertos de 2018 están demasiado cerca y Ortega controla a la policía, al ejército y las turbas (fuerzas paramilitares adeptas al régimen que realizan el trabajo más sucio). "Un gobierno de las características del de Ortega-Murillo se cae cuando el grupo estratégico que tiene a su alrededor llega a la conclusión de que estaría mejor sin ellos que con ellos. Que apoyarles les causaría mayores problemas en el futuro", incide Cascante, pero el Gobierno todavía les ofrece "muy buenas garantías" a esos grupos en la policía nacional y en el ejército para mantenerse fieles.
"Podría debilitarse con negociaciones con actores internacionales muy fuertes, lo que trató de hacer el gobierno de Trump, pero fracasó porque consideraron que Trump era muy poco confiable a la hora de negociar. Ahora hay que esperar si la Administración Biden piensa en intervenir más fuerte buscando una salida, tal vez sea más confiable para ellos". Se le suma a ello el factor de si realmente a EE UU le interesa intervenir directamente en Nicaragua, ya que las primeras señales hacia Centroamérica han sido que lo que les ocupa en la región es la migración del Triángulo Norte. Cascante cree que "estamos lejos de una salida electoral, salvo que haya circunstancias fuera de control para el régimen. La salida es una negociación entre el régimen, los grupos que lo sostienen y actores internacionales de peso, pero si el nivel de presión que tuvo en 2018 no lo hizo caer, ahora están con mayor tranquilidad: no hay protesta, la eliminó la pandemia junto a represión a sangre y fuego".
- Lo que sí ha debilitado sus bases es la caída a plomo de la cooperación venezolana, "eso sí ha sido un golpe muy duro para Nicaragua y Cuba. Era entrada de dinero constante para proyectos específicos" y mucho de la protesta social de 2018 se deriva de la falta de ese dinero.
El 2 de junio de 2021 comenzó la cacería preelectoral. Desde entonces (y a fecha del cierre de esta edición) el régimen dictatorial Ortega-Murillo ordenó la detención de 27 opositores, entre los que destacan siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre; además de líderes estudiantiles, campesinos y empresariales (como el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada -Cosep-, José Adán Aguirre). En la actualidad hay 136 presos políticos en Nicaragua. ¿La razón? Un discurso de otro tiempo: Daniel Ortega les acusa de conspirar para derrocarlo con ayuda de Washington.
La oposición está totalmente descabezada de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Está claro lo que serán: una pantomima a mayor gloria de la pareja presidencial que lleva gobernando el país a su antojo desde 2007, que no quiere volver a tener una sorpresa en las urnas como la de 1990, cuando fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro.
Contra viento y marea, la Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció a finales de julio a la fórmula presidencial para enfrentar a Daniel Ortega, la que integran óscar Sobalvarro, excomandante de la Resistencia Nicaragüense y opositor del régimen, y la Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada.
Antecedente cercano
Pero hay que retrotraerse unos años para comprender lo que estamos viviendo. El 2018 fue un año especialmente complicado, la espita. La situación en Nicaragua se complicó en abril de ese año, cuando varias protestas coincidieron en el tiempo: jubilados, indígenas y estudiantes; y la represión del régimen Ortega-Murillo fue brutal. Fuerzas parapoliciales cercanas al régimen asesinaron en un corto lapso de tiempo a más de 325 personas en esos meses negros. Ortega usa la represión como forma para expresar que tiene el control en el país. Desde septiembre de 2018 controla las calles, cuando se desmontaron los tranques, las barricadas, con un estado policial de facto. Desde entonces, ningún opositor ha podido hacer campaña política.Lo que hace tres años fue una sorpresa por el nivel de represión, ahora ya no lo es.
Antes de eso, desde la subida de Daniel Ortega al poder en 2007, este se aseguró unos apoyos que no parecían naturales al sandinismo: los empresarios, parte de la élite de la Iglesia Católica, así como algunas iglesias neopentecostales, sectores que habían sido de sus grandes opositores años atrás. "Son de los grandes legitimadores de los primeros años de Ortega en el poder", incide Carlos Humberto Cascante, politólogo y ex diplomático costarricense.
El entonces recién electo presidente de Nicaragua, reconvertido en dictador, tomó nota del somocismo histórico, "con la cooptación de las élites económicas, garantizandoles libertad económica y protección a sus intereses si le daban espacio abierto a estar en el poder", explica Cascante. Así, durante más de una década, los empresarios se sentaban a la mesa en un modelo institucionalizado de cogobierno -lo que se dio en llamar el ‘modelo Cosep’-, del que Ortega presumía fuera de sus fronteras, y que empujó la economía del país con crecimientos anuales por encima del promedio centroamericano. El modelo saltó por los aires en 2018, cuando la Cosep criticó la represión. "Empiezan a tener presencia crítica cuando ven tocados sus intereses por una crisis económica que les afecta", comenta el politólogo, pero ha quedado demostrado que fue demasiado tarde.
Lea más: Nicaragua: El régimen se quita la máscara y silencia a todos
Reacciones internacionales
La escritora Gioconda Belli, una histórica del movimiento sandinista y crítica del régimen desde hace muchos años, apunta que estamos en un momento "muy grave" para la democracia en América Latina: "El modelo autoritario se está imponiendo desde Cuba a Venezuela a Nicaragua, y los regímenes se muestran invulnerables. No sólo tienen la capacidad militar para reprimir, sino que rehúsan escuchar los llamados de la comunidad internacional, incluso si éstos van acompañados de sanciones. Ni el aislamiento, ni la miseria de sus pueblos parecen importarles. Ya estamos viendo una posible repetición del modelo en El Salvador. El presidente ha empezado a hostilizar y tomar medidas contra los medios que lo adversan. Presos en sus propios países por regímenes dictatoriales, nuestros pueblos se quedan solos, indefensos y privados de los recursos democráticos para efectuar cambios. La presión internacional no es suficiente".Las reacciones internacionales han sido tibias hasta el momento, apenas algunas acciones simbólicas de EEUU, Canadá y la Unión Europa, o la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la última ola de arrestos de opositores. En estas semanas estaría avanzando en el Congreso de EE UU la ley Renacer, que ampliaría los supuestos para sancionar a funcionarios de Ortega y solicitaría a Biden revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
"Lo que hemos tenido son sanciones puntuales a figuras importantes del régimen, pero que no afectan las reacciones internacionales han sido tibias hasta el momento, apenas algunas acciones simbólicas de EEUU, Canadá y la Unión Europea las estructuras que lo sostienen". Las reacciones de la región dependen mucho "de la capacidad de presión de Nicaragua por su posición geográfica sobre los países de Centroamérica", asegura Carlos Humberto Cascante.
El ser vecino directo le genera enormes conflictos a Costa Rica. "Nicaragua tiene la capacidad de cerrar fronteras y que limite mucho su comercio con su segundo socio (Centroamérica)". Las dos economías están muy relacionadas, l os empresarios de ambos países cuentan con intereses en los dos lados de la frontera, lo que ejerce como muro de contención en las respuestas.
A diferencia de Costa Rica, los países del Triángulo Norte tienen un poco más de espacio para la respuesta, "especialmente El Salvador, que es el más vociferante", incide Cascante, ya que en la construcción de imagen de Bukele "el proceso de insultar le es favorable". Explica que Guatemala puede tener una posición "mucho más fuerte, porque no le afecta tanto", al estar muy al norte; y Honduras, que ha tenido problemas históricos con Nicaragua "cuenta con una posición fuerte, por influencia de Estados Unidos", arguye el ex diplomático.
En lo que se muestra muy concluyente el politólogo es en el papel del sistema de integración regional, "que es incapaz de afrontar un problema de estos. Funciona como integración económica, pero con problemas políticos de esta índole es un convidado de piedra que aporta muy poco".
Además, Costa Rica debe jugar el difícil equilibrio entre el apoyo a exiliados que tradicionalmente se presentan en el país y vivir con la constante presión de que en algún momento a Nicaragua se le ocurra cerrar fronteras, un ejemplo fue en los primeros meses de la pandemia, con graves daños para el comercio costarricense.
Gerall Chávez es uno de esos refugiados nicaragüenses, que tuvo que abandonar su país en la crisis de 2018. El joven periodista llegó a Costa Rica el 30 de diciembre por un punto de la frontera y hoy es uno de los múltiples solicitantes de refugio. Y es que el vecino del Sur es la principal vía de escape para muchos de ellos. Solo en 2020 hubo 9.409 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses (de un total de 12.409 que recibió el país), y hay cerca de 40.000 solicitudes en proceso. Por el momento, apenas una quinta parte de esas peticiones han sido aceptadas. Gerall sigue esperando a que la suya también lo sea.
En todo caso, Costa Rica ya no es la única salida para los que huyen del régimen dictatorial. Lo muestran las estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ya que las detenciones en la frontera de ciudadanos nicaragüenses pasó de un promedio de unos 300 a unos 4.000 en el último año.
Con todo y el incremento de cifras, Cascante considera que estas cifras palidecen ante las de los países del Triángulo Norte, por lo que no cree que la Administración Biden vaya a poner su foco en Nicaragua.
¿Hay salida?
Las elecciones habrían sido la vía democrática. "Era lo que queríamos la mayoría. Ortega se ha encargado de que las próximas sean sólo parte del teatro del absurdo que nos haimpuesto", asegura Belli, quien continúa: "Me temo que la crisis irá en aumento porque esas tres últimas leyes, en especial la 1055 -Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz- nos convierten a todos los que pensamos diferente en potenciales traidores".
Con la Ley sobre Ciberdelitos también se aseguran el control de la prensa, pues consideran noticia falsa básicamente todo aquello que le parezca al régimen contrario a sus intereses. La escritora asegura que, en estos meses, ha salido más gente de Nicaragua: "Que Nicaragua, tras la muerte y el sufrimiento que ha soportado para ser libre, tenga que vivir otra dictadura, es trágico porque sin alternativas el pueblo se rebelará y correrá más sangre".
La salida parece complicada. La vía de la negociación a nivel nacional se avizora en punto muerto. "Miembros de la élite económica nicaragüense cometieron un error estratégico muy grave en 2018: decidieron sacar a los líderes populares para entrar a negociar ellos directamente. No construyeron una alianza con esos movimientos populares para enfrentar al régimen. No era la sociedad civil, sino la élite económica y miembros del sandinismo histórico, un error que ahora les cuesta", asegura Carlos Humberto Cascante.
Belli cree que Ortega teme al movimiento sandinista histórico por su experiencia en la lucha antidictatorial y ha tratado de destruirlo. "Cuando su gobierno colaboraba con la empresa privada, convenció a muchos de que eran radicales y peligrosos. Ahora encarceló a su dirigencia. Les teme porque tienen una propuesta democrática y un prestigio, por su heroísmo, que pudiera calar en las bases sandinistas. Además, hay un elemento de venganza muy claro. No les perdona que, desde hace mucho, hayan advertido que era un dictador en ciernes y tratado de detenerlo. De lo que no se da cuenta es que ahora la mayoría de los nicaragüenses son su mayor amenaza".
En todo caso, un levantamiento popular parece difícil. Los muertos de 2018 están demasiado cerca y Ortega controla a la policía, al ejército y las turbas (fuerzas paramilitares adeptas al régimen que realizan el trabajo más sucio). "Un gobierno de las características del de Ortega-Murillo se cae cuando el grupo estratégico que tiene a su alrededor llega a la conclusión de que estaría mejor sin ellos que con ellos. Que apoyarles les causaría mayores problemas en el futuro", incide Cascante, pero el Gobierno todavía les ofrece "muy buenas garantías" a esos grupos en la policía nacional y en el ejército para mantenerse fieles.
"Podría debilitarse con negociaciones con actores internacionales muy fuertes, lo que trató de hacer el gobierno de Trump, pero fracasó porque consideraron que Trump era muy poco confiable a la hora de negociar. Ahora hay que esperar si la Administración Biden piensa en intervenir más fuerte buscando una salida, tal vez sea más confiable para ellos". Se le suma a ello el factor de si realmente a EE UU le interesa intervenir directamente en Nicaragua, ya que las primeras señales hacia Centroamérica han sido que lo que les ocupa en la región es la migración del Triángulo Norte. Cascante cree que "estamos lejos de una salida electoral, salvo que haya circunstancias fuera de control para el régimen. La salida es una negociación entre el régimen, los grupos que lo sostienen y actores internacionales de peso, pero si el nivel de presión que tuvo en 2018 no lo hizo caer, ahora están con mayor tranquilidad: no hay protesta, la eliminó la pandemia junto a represión a sangre y fuego".
Los apoyos del régimen
- El ex diplomático costarricense Carlos Humberto Cascante no cree que el papel de Rusia pueda ser fundamental para el sostenimiento del régimen, más allá de la retórica no cuenta con mayor cooperación económica: "Muchas veces se exagera el peso de Rusia en el mantenimiento del régimen. Si se comparan los balances de cooperación con los de la Unión Europea, esta tiene mucho más peso que lo que Rusia pueda significar".- Lo que sí ha debilitado sus bases es la caída a plomo de la cooperación venezolana, "eso sí ha sido un golpe muy duro para Nicaragua y Cuba. Era entrada de dinero constante para proyectos específicos" y mucho de la protesta social de 2018 se deriva de la falta de ese dinero.
