Por La Prensa (Nicaragua)
The Economist Intelligence Unit (EIU) determinó en su más reciente análisis sobre la situación política y económica de Nicaragua, que aunque el régimen de Daniel Ortega haga esfuerzos para recobrar la confianza de los inversionistas estos podrían ser inútiles dada la agitación política y la falta de certidumbre en materia de estado de derecho.
"La prioridad más apremiante del gobierno será frenar el deterioro económico en curso, pero ganarse la confianza de los inversores en medio de la agitación política y la falta de buena fe en el estado de derecho será extremadamente difícil", indica en su análisis correspondiente a junio con hechos ocurridos en mayo.
Las dificultades que enfrentará el régimen para recuperar la confianza de los inversionistas, más la prolongación de la crisis política, provocarán que los efectos de la crisis económica se prolongue en los próximos años, con crecimientos económicos débiles.
The Economist proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) continuará en descenso en los próximos dos años. Para este 2019 se prevé que la economía caiga 5.5 por ciento y para el 2020 otro -2.6 por ciento. En los siguientes tres años posteriores al 2020, el PIB retornará al crecimiento, pero la tasa oscilará entre 1.3 y 2.3 por ciento, por debajo de la media de cinco por ciento de antes de 2018.
Los tres años de declive económicos (2018-2020) provocarán que el Producto Interno Bruto -en términos reales- caiga desde los US$13.844 millones en 2017 a US$11.914 millones en 2020, una pérdida de US$1.930 millones de dólares, según reflejan las proyecciones de EIU.
"El riesgo de expropiación para las empresas de propiedad extranjera sigue siendo limitado, ya que Nicaragua es signataria del DR-Cafta, y el pacto brinda a los inversionistas extranjeros protección contra la expropiación que no sea de conformidad con el derecho internacional consuetudinario", señala EIU, la unidad análisis de negocios dentro del grupo The Economist.
En su análisis, The Economist duda en que Ortega se ponga a confiscar empresas extranjeras, porque supondría un riesgo para su apuesta de promover la economía basada en exportación. "El gobierno nicaragüense no arriesgará su membresía al DR-Cafta, dado que Nicaragua confía en un modelo de desarrollo orientado a la exportación".
Estados Unidos, indica, es el principal socio comercial de Nicaragua. Además el ochenta por ciento de las exportaciones de zona franca tienen como destino ese mercado. El DR-Cafta es lo que ha permitido que las exportaciones del país crezcan fuertemente desde abril del 2006, cuando entró en vigencia para Nicaragua el acuerdo, suscrito también por el resto de Centroamérica y República Dominicana.
The Economist Intelligence Unit (EIU) determinó en su más reciente análisis sobre la situación política y económica de Nicaragua, que aunque el régimen de Daniel Ortega haga esfuerzos para recobrar la confianza de los inversionistas estos podrían ser inútiles dada la agitación política y la falta de certidumbre en materia de estado de derecho.
"La prioridad más apremiante del gobierno será frenar el deterioro económico en curso, pero ganarse la confianza de los inversores en medio de la agitación política y la falta de buena fe en el estado de derecho será extremadamente difícil", indica en su análisis correspondiente a junio con hechos ocurridos en mayo.
Las dificultades que enfrentará el régimen para recuperar la confianza de los inversionistas, más la prolongación de la crisis política, provocarán que los efectos de la crisis económica se prolongue en los próximos años, con crecimientos económicos débiles.
The Economist proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) continuará en descenso en los próximos dos años. Para este 2019 se prevé que la economía caiga 5.5 por ciento y para el 2020 otro -2.6 por ciento. En los siguientes tres años posteriores al 2020, el PIB retornará al crecimiento, pero la tasa oscilará entre 1.3 y 2.3 por ciento, por debajo de la media de cinco por ciento de antes de 2018.
Los tres años de declive económicos (2018-2020) provocarán que el Producto Interno Bruto -en términos reales- caiga desde los US$13.844 millones en 2017 a US$11.914 millones en 2020, una pérdida de US$1.930 millones de dólares, según reflejan las proyecciones de EIU.
El acceso al TLC con EEUU, en riesgo
Además EIU señaló que aunque existe un mínimo riesgo de que Ortega confisque empresas extranjeras, advirtió que en caso que eso ocurra, Nicaragua pondría perder su membresía en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés)."El riesgo de expropiación para las empresas de propiedad extranjera sigue siendo limitado, ya que Nicaragua es signataria del DR-Cafta, y el pacto brinda a los inversionistas extranjeros protección contra la expropiación que no sea de conformidad con el derecho internacional consuetudinario", señala EIU, la unidad análisis de negocios dentro del grupo The Economist.
En su análisis, The Economist duda en que Ortega se ponga a confiscar empresas extranjeras, porque supondría un riesgo para su apuesta de promover la economía basada en exportación. "El gobierno nicaragüense no arriesgará su membresía al DR-Cafta, dado que Nicaragua confía en un modelo de desarrollo orientado a la exportación".
Estados Unidos, indica, es el principal socio comercial de Nicaragua. Además el ochenta por ciento de las exportaciones de zona franca tienen como destino ese mercado. El DR-Cafta es lo que ha permitido que las exportaciones del país crezcan fuertemente desde abril del 2006, cuando entró en vigencia para Nicaragua el acuerdo, suscrito también por el resto de Centroamérica y República Dominicana.
