Por Prensa Libre
La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó la continuidad del colombiano Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a que el Ejecutivo solicitó ayer que el organismo enviara una lista de candidatos para dirigir la comisión antimafias.
Según fuentes de la ONU, el secretario general, António Guterres, respondió a la nota enviada por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, en la que le solicitaba enviar el nombre de candidatos para la dirigir la comisión. En la respuesta, el diplomático dijo que Velásquez sigue siendo el titular de la entidad.
El Ejecutivo había anunciado que la ONU tenía un plazo de 48 horas para enviar esta lista, de la que se elegiría al reemplazo de Velásquez. Jovel dijo que el designado tiene que tener el aval del Ejecutivo.
La canciller también aseguró que, si Guterres no acataba la solicitud del país, sería el responsable de las consecuencias que esto podría acarrear; sin embargo, ni en esa oportunidad, ni en declaraciones posteriores, aclaró de qué consecuencias se trata.
La Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió el domingo que el Ejecutivo debe permitir el ingreso del comisionado o comisionada de la Cicig, sin especificar el nombre; por ello, el Ejecutivo indicó que no reconoce a Velásquez como comisionado, por lo que el ingreso para él sigue sin ser permitido.
En la respuesta de Guterres también se indica que Velásquez debera designar a un comisionado adjunto, debido a que teme que el Ejecutivo no acate la orden de la CC y no se permita el ingreso del comisionado, de quien no se tienen quejas en la ONU, por lo que no hay razones para removerlo del cargo.
Horas antes de que se conociera la respuesta de Guterres, el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que el Ejecutivo esperaba que la ONU designara a otro comisionado para finalizar el periodo de la Cicig, que concluye en septiembre del 2019.
Sobre la posibilidad de que Velásquez siguiera al frente de la CICIG, Cabrera dijo que se tomaría una decisión cuando se presentara ese escenario.
El 6 de septiembre, Jovel afirmó que la CICIG se convirtió en una estructura paralela, 'el propósito de la CICIG en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad... por el contrario, lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia de las debidas garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo la Cicig se convirtió en una estructura paralela', señaló.
En esa oportunidad, la funcionaria también dijo que el comisionado Iván Velásquez se entrometió en asuntos del país y que las quejas sobre este comportamiento fueron presentadas ante la ONU desde hace un año, pero no se han tomado en cuenta de parte de Guterres.
El gobierno sostiene que la CICIG cometió ilegalidades, entre las que mencionó el caso Pavo Real, el caso Rosenberg y la muerte del exministro de Finanzas Pavel Centeno.
'La intromisión en los asuntos internos en el país, la intromisión en la justicia, que atenta contra la presunción de la inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la Cicig en Guatemala', afirmó entonces la funcionaria.
Por estas declaraciones, la Fiscalía especial cotra la Impunidad (Feci), del MInisterio Público, pidió autorización para solicitar una aclaración a la canciller, ya que 'sus declaraciones son falsas y tendenciosas'.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó la continuidad del colombiano Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a que el Ejecutivo solicitó ayer que el organismo enviara una lista de candidatos para dirigir la comisión antimafias.
Según fuentes de la ONU, el secretario general, António Guterres, respondió a la nota enviada por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, en la que le solicitaba enviar el nombre de candidatos para la dirigir la comisión. En la respuesta, el diplomático dijo que Velásquez sigue siendo el titular de la entidad.
El Ejecutivo había anunciado que la ONU tenía un plazo de 48 horas para enviar esta lista, de la que se elegiría al reemplazo de Velásquez. Jovel dijo que el designado tiene que tener el aval del Ejecutivo.
La canciller también aseguró que, si Guterres no acataba la solicitud del país, sería el responsable de las consecuencias que esto podría acarrear; sin embargo, ni en esa oportunidad, ni en declaraciones posteriores, aclaró de qué consecuencias se trata.
La Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió el domingo que el Ejecutivo debe permitir el ingreso del comisionado o comisionada de la Cicig, sin especificar el nombre; por ello, el Ejecutivo indicó que no reconoce a Velásquez como comisionado, por lo que el ingreso para él sigue sin ser permitido.
En la respuesta de Guterres también se indica que Velásquez debera designar a un comisionado adjunto, debido a que teme que el Ejecutivo no acate la orden de la CC y no se permita el ingreso del comisionado, de quien no se tienen quejas en la ONU, por lo que no hay razones para removerlo del cargo.
Horas antes de que se conociera la respuesta de Guterres, el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que el Ejecutivo esperaba que la ONU designara a otro comisionado para finalizar el periodo de la Cicig, que concluye en septiembre del 2019.
Sobre la posibilidad de que Velásquez siguiera al frente de la CICIG, Cabrera dijo que se tomaría una decisión cuando se presentara ese escenario.
El 6 de septiembre, Jovel afirmó que la CICIG se convirtió en una estructura paralela, 'el propósito de la CICIG en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad... por el contrario, lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia de las debidas garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo la Cicig se convirtió en una estructura paralela', señaló.
En esa oportunidad, la funcionaria también dijo que el comisionado Iván Velásquez se entrometió en asuntos del país y que las quejas sobre este comportamiento fueron presentadas ante la ONU desde hace un año, pero no se han tomado en cuenta de parte de Guterres.
El gobierno sostiene que la CICIG cometió ilegalidades, entre las que mencionó el caso Pavo Real, el caso Rosenberg y la muerte del exministro de Finanzas Pavel Centeno.
'La intromisión en los asuntos internos en el país, la intromisión en la justicia, que atenta contra la presunción de la inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la Cicig en Guatemala', afirmó entonces la funcionaria.
Por estas declaraciones, la Fiscalía especial cotra la Impunidad (Feci), del MInisterio Público, pidió autorización para solicitar una aclaración a la canciller, ya que 'sus declaraciones son falsas y tendenciosas'.
