Por estrategiaynegocios.net
La Fiscalía General de Costa Rica acusó al expresidente óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010) por el presunto delito de prevaricato en el denominado caso ‘Crucitas’.
El exmandatario es investigado al decretar en 2008 el proyecto minero -impulsado por la empresa Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional, destaca el portal crhoy.com.
Ante el limbo existente sobre el papel de Arias, en septiembre del año pasado un juzgado penal solicitó determinar la situación jurídica del expresidente.
Arias nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera ni por la declaratoria de conveniencia nacional de esa actividad. De hecho, el anterior fiscal Jorge Chavarría lo separó de la causa que se siguió por este caso contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Arias y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional. Sin embargo, solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015.
Dicha sentencia fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.
Ahora, la causa se elevará al Juzgado Penal de Hacienda. Ese órgano, mediante una audiencia, determinará si existen los suficientes elementos para llevarlo a juicio.
"La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la Procuraduría General de la República, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.
"La PGR tiene 13 días, a partir de mañana, para presentar a la Fiscalía la querella y la acción civil. Una vez concluya ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José", citó la fiscalía, mediante un comunicado de prensa.
Arias fue indagado el 8 de noviembre de 2017, donde insistió en su inocencia.
La reactivación del caso estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.
La Fiscalía General de Costa Rica acusó al expresidente óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010) por el presunto delito de prevaricato en el denominado caso ‘Crucitas’.
El exmandatario es investigado al decretar en 2008 el proyecto minero -impulsado por la empresa Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional, destaca el portal crhoy.com.
Ante el limbo existente sobre el papel de Arias, en septiembre del año pasado un juzgado penal solicitó determinar la situación jurídica del expresidente.
Arias nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera ni por la declaratoria de conveniencia nacional de esa actividad. De hecho, el anterior fiscal Jorge Chavarría lo separó de la causa que se siguió por este caso contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Arias y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional. Sin embargo, solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015.
Dicha sentencia fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.
Ahora, la causa se elevará al Juzgado Penal de Hacienda. Ese órgano, mediante una audiencia, determinará si existen los suficientes elementos para llevarlo a juicio.
"La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la Procuraduría General de la República, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.
"La PGR tiene 13 días, a partir de mañana, para presentar a la Fiscalía la querella y la acción civil. Una vez concluya ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José", citó la fiscalía, mediante un comunicado de prensa.
Arias fue indagado el 8 de noviembre de 2017, donde insistió en su inocencia.
La reactivación del caso estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.
