Por laprensa.hn
El combate a la corrupción será uno de los principales retos que tendrá una comisión interventora del RNP que el Congreso Nacional se apresta a aprobar.
La Inspectoría General del RNP, creada en 2004 cuando se aprobó la más reciente normativa del Registro, es la dependencia que ha documentado los casos irregulares en el ente registral. Según la inspectora general del Registro, Astrid Bustillo, parte del tráfico de documentos se centra en la alteración de base de datos para inscribir a nacionales y extranjeros.
Empleados del Registro que han estado involucrados en el trasiego de documentos crean números de actas de personas muertas que ingresan al sistema informático y les cambian el nombre para identificar a extranjeros, ejemplificó Bustillo.
Varios casos de identificación irregular se han probado porque los cambios solo se hacen en el sistema de cómputo, pero cuando se revisan los archivos físicos se ha comprobado que no existe ningún proceso.
"Cuando vamos a ver el libro no existe el oficio, (para la tramitación de la identificación del extranjero) solo figura la información en el sistema y con ello se logra que se extienda partidas de nacimiento o tarjetas de identidad", dijo Bustillo.
Judicializadas
La funcionaria indicó que de los 500 casos reportados, solo tiene conocimiento de que siete denuncias han culminado en requerimientos fiscales. Solo entre 2017 y 2018, la Inspectoría documentó unos 100 casos de corrupción, informó Bustillo.
De igual manera, calculó que más de 30 empleados han sido despedidos por estar involucrados en falsificación de documentos. La Inspectoría, luego de culminar la investigación, remite un informe al directorio del RNP que decide si envía los casos al Ministerio Público y si separa a empleados o funcionarios señalados.
Intervención
Una comisión legislativa dio su visto bueno la semana pasada para que se realizara una intervención al Registro Nacional de las Personas, propuesta mediante iniciativa de ley por el diputado democristiano, Felícito ávila. La interventora deberá de depurar el RNP en un plazo récord, porque en mayo de 2019 el Congreso tendrá que nombrar a los nuevos directores de la entidad.
La comisión interventora, que según la iniciativa de ley será dirigida por cuatro personas, tendrá amplias facultades para evaluar al personal y tomar el control de la entidad. Los directivos del RNP serán suspendidos mientras dure la fiscalización.
LA PRENSA reveló en exclusiva que la intervención se propuso luego de que Estados Unidos reportara que en la frontera entre México y ese país se ha detectado un considerable flujo de migrantes con partidas de nacimiento, tarjetas de identidad y pasaportes hondureños falsos.
En 2016, la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA sacó a luz el tráfico de identidades a ciudadanos de origen palestino y sirio desde los registros civiles del RNP en Comayagua y Siguatepeque.
Más presupuesto
El subdirector del RNP, Gerardo Martínez, dijo a LA PRENSA que otro reto que enfrentará la interventora es lograr que se apruebe un mayor presupuesto para optimizar las operaciones del organismo.
El RNP tiene una partida de 600 millones, de los cuales 500 son asignados por la Secretaría de Finanzas.
A criterio de Martínez, el RNP requiere de al menos L 1.000 millones (US$41 millones) para cubrir con mayor eficiencia la demanda. El dinero adicional se invertiría, por ejemplo, en adquisiciones de equipos, indicó Martínez.
"Tenemos bastantes oficinas con tecnología, pero cuando se daña algún equipo no tenemos el presupuesto inmediato para su reparación", expresó. El Registro de las Personas cuenta con unos 1.400 empleados a nivel nacional.
El combate a la corrupción será uno de los principales retos que tendrá una comisión interventora del RNP que el Congreso Nacional se apresta a aprobar.
La Inspectoría General del RNP, creada en 2004 cuando se aprobó la más reciente normativa del Registro, es la dependencia que ha documentado los casos irregulares en el ente registral. Según la inspectora general del Registro, Astrid Bustillo, parte del tráfico de documentos se centra en la alteración de base de datos para inscribir a nacionales y extranjeros.
Empleados del Registro que han estado involucrados en el trasiego de documentos crean números de actas de personas muertas que ingresan al sistema informático y les cambian el nombre para identificar a extranjeros, ejemplificó Bustillo.
Varios casos de identificación irregular se han probado porque los cambios solo se hacen en el sistema de cómputo, pero cuando se revisan los archivos físicos se ha comprobado que no existe ningún proceso.
"Cuando vamos a ver el libro no existe el oficio, (para la tramitación de la identificación del extranjero) solo figura la información en el sistema y con ello se logra que se extienda partidas de nacimiento o tarjetas de identidad", dijo Bustillo.
Judicializadas
La funcionaria indicó que de los 500 casos reportados, solo tiene conocimiento de que siete denuncias han culminado en requerimientos fiscales. Solo entre 2017 y 2018, la Inspectoría documentó unos 100 casos de corrupción, informó Bustillo.
De igual manera, calculó que más de 30 empleados han sido despedidos por estar involucrados en falsificación de documentos. La Inspectoría, luego de culminar la investigación, remite un informe al directorio del RNP que decide si envía los casos al Ministerio Público y si separa a empleados o funcionarios señalados.
Intervención
Una comisión legislativa dio su visto bueno la semana pasada para que se realizara una intervención al Registro Nacional de las Personas, propuesta mediante iniciativa de ley por el diputado democristiano, Felícito ávila. La interventora deberá de depurar el RNP en un plazo récord, porque en mayo de 2019 el Congreso tendrá que nombrar a los nuevos directores de la entidad.
La comisión interventora, que según la iniciativa de ley será dirigida por cuatro personas, tendrá amplias facultades para evaluar al personal y tomar el control de la entidad. Los directivos del RNP serán suspendidos mientras dure la fiscalización.
LA PRENSA reveló en exclusiva que la intervención se propuso luego de que Estados Unidos reportara que en la frontera entre México y ese país se ha detectado un considerable flujo de migrantes con partidas de nacimiento, tarjetas de identidad y pasaportes hondureños falsos.
En 2016, la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA sacó a luz el tráfico de identidades a ciudadanos de origen palestino y sirio desde los registros civiles del RNP en Comayagua y Siguatepeque.
Más presupuesto
El subdirector del RNP, Gerardo Martínez, dijo a LA PRENSA que otro reto que enfrentará la interventora es lograr que se apruebe un mayor presupuesto para optimizar las operaciones del organismo.
El RNP tiene una partida de 600 millones, de los cuales 500 son asignados por la Secretaría de Finanzas.
A criterio de Martínez, el RNP requiere de al menos L 1.000 millones (US$41 millones) para cubrir con mayor eficiencia la demanda. El dinero adicional se invertiría, por ejemplo, en adquisiciones de equipos, indicó Martínez.
"Tenemos bastantes oficinas con tecnología, pero cuando se daña algún equipo no tenemos el presupuesto inmediato para su reparación", expresó. El Registro de las Personas cuenta con unos 1.400 empleados a nivel nacional.
