El presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francico López, renunció a su cargo una semana después de ser sancionado por Estados Unidos por abusos de derechos humanos y corrupción, publicó este martes el diario oficial La Gaceta.
El mandatario Daniel Ortega, mediante un acuerdo presidencial, 'acepta la renuncia' de López al cargo de Petronic con fecha del 7 de julio, según el diario oficial.
López es uno de los tres funcionarios cercanos a Ortega que fueron sancionados la semana pasada por el Departamento del Tesoro estadounidense, junto con el subdirector de la Policía, Francisco Díaz, y el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
Los tres funcionarios nicaragüenses fueron sancionados bajo la llamada 'ley Magnitsky', que permite al gobierno norteamericano sancionar a personas en todo el mundo que hayan cometido abusos de derechos humanos o actos de corrupción en sus propios países.
López Centeno, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos fue sancionado el jueves pasado por el Gobierno de los Estados Unidos por medio de la Ley Magnitsky. Junto a él, recibieron la misma sanción el comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Ortega y Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua.
López Centeno ha sido por años el tesorero del FSLN y como vicepresidente de Alba de Nicaragua (Albanisa) administrador local de la cooperación venezolana que durante los años de auge se estima que proporcionó a Nicaragua más de US$3.600 millones, que fueron administrados discrecionalmente por Ortega y sus allegados.
El plémico exfuncionario cupó el cargo de vicepresidente de la empresa nicaragüense-venezolana Albanisa. La firma está encargada de la importación y venta del petróleo bajo un acuerdo entre ambos países en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
"Ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno", afirmó una portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le señala de corrupción y violación a los Derechos Humanos.
Estas sanciones estadounidense fueron aplicadas en el contexto de las protestas antigubernamentales que afectan al país desde el 18 de abril y que han dejado unos 250 muertos y más de 1.500 heridos, según organismos de DDHH.
Los activos que los sancionados poseen dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos quedan bloqueados, sus visas canceladas y los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones con los implicados, que pasan a integrar la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), conocida como la lista negra. Se trata de una muerte financiera.
Otro señalado por EEUU que se va del gobierno
En mayo de este año también renunció a sus funciones Roberto Rivas Reyes, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), según un comunicado conjunto de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.La renuncia de Rivas es presentada oficialmente como parte de los acuerdos entre la OEA y el Gobierno (que iniciaron el 15 de octubre de 2016), para reformar el Sistema Electoral, ocurrió en el momento cuando el gran capital en el país ha demandado adelantar elecciones y la renovación del Sistema Electoral, lo que pasa por la renuncia de todos los magistrados electorales, afines al partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Rivas fue sancionado el 20 de diciembre pasado por Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a los funcionarios extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. Su nombre ha estado vinculado a escándalos de corrupción a lo largo de su vida pública, que se desarrolló bajo la sombra del cardenal emérito Miguel Obando, arzobispo de Managua hasta 2005.
Sin embargo, se mantenía en el cargo gracias a la voluntad de Daniel Ortega, después que el 7 de febrero de este año la Asamblea Nacional, bajo control del FSLN, le retiró sus funciones y se las entregó al vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, cercano al caudillo sandinista.
