El exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi (2012-2014), está acusado de dirigir una red de corrupción en la construcción de obras e infraestructura que cobró sobornos por más de 13 millones de dólares, dinero que presuntamente fue lavado en Nicaragua.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que este viernes realizó 42 allanamientos para detener a los implicados en esta trama, dijeron que Sinibaldi, siendo ministro, utilizó tres empresas de cartón a través de las que cobraba "sumas millonarias" de las constructoras a las que se les asignaban contratos públicos.
Sinibaldi, que renunció en septiembre de 2014 al Ministerio de Comunicaciones para ir tras la presidencia de ese país, está en busca y captura desde el año pasado por otro caso en el que supuestamente sufragó lujosos regalos a través de comisiones ilegales al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos ahora en prisión preventiva por corrupción.
La trama de lavado en Nicaragua
A través de operaciones típicas de lavado de capitales en el mundo, la estructura criminal buscó legitimar las ganancias en Nicaragua. En 2016 realizaron de forma apresurada una serie de acciones que incluyeron viajes de los testaferros de las empresas, contrataciones de firmas de abogados y la creación de sociedades de fachada.La estructura se asesoró para buscar el mecanismo de traslado de capitales hacia Nicaragua. El 2 de noviembre del 2016, en una conversación vía Whatsapp, Douglas Paredes álvarez (uno de los socios), comentó a su esposa, Ana del Compadre, que una de las opciones para evitar que rastrearan las operaciones, era que en Nicaragua se elaborara un acta por aportación de capital.
Del Compadre contestó positivamente lo dicho por Paredes álvarez y agregó que "sería una inversión en acciones… con el extra que quedaría claro el origen de los fondos".
Los 13 millones de dólares fueron lavados en Nicaragua a través de otra red de empresas de cartón con nombres similares a las de Guatemala. Las compañías fueron creadas por la firma de abogados Pacheco Coto, un prestigioso bufete de abogados con sede central en Costa Rica, que cuenta con oficinas en todos los países de la región, incluido Guatemala y Nicaragua, además de España, Suiza y Hong Kong.
Las sociedades nicaragüenses fueron: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles. Todas tramitadas ante los registros locales por el bufete Pacheco Coto. En ellas son socios Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Carlos Presa y José Franco Presa Aguirre, Jorge Mario Francisco Solano y Pedro Josué Valenzuela Crespo.
Información proporcionada por la CICIG reveló que luego de que las empresas y sociedades estaban registradas en Nicaragua, la estructura criminal empezó con el blanqueo de capitales por medio de operaciones ficticias, como préstamos con las empresas ubicadas en Guatemala.
El objetivo era convertir el dinero en "capitales", aparentemente lícitos, para que ingresaran al circuito financiero oficial de Nicaragua y alejarlos del control de las instituciones guatemaltecas.
Por ejemplo, con autorización de los socios Pedro José Valenzuela Crespo y Jorge Mario Francisco Solano, se realizaron gestiones para la concreción de un préstamo de 400 mil dólares a Inversiones Don Nico S. A., por parte de la sociedad constituida en Guatemala, de nombre "Constructora y Agropecuaria El Florido, S. A.", cuyo representante legal era Juan Ignacio Florido, vinculado a su vez con el entramado de empresas de cartón del grupo investigado.
El mismo mecanismo utilizó la estructura criminal para otorgar un préstamo por 500 mil dólares a "Inversiones MJS S. A.", de parte de la sociedad "Agropecuaria Nápoles, S. A.", constituida en Guatemala.
La documentación en poder de la CICIG indica que la operación de estos créditos fue realizada en Managua por el notario de Pacheco Coto, Diógenes Emiliano Velásquez, en noviembre del 2016.
Las gestiones para la apertura de cuentas bancarias por parte de las sociedades "Inversiones Don Nico S. A." e "Inversiones MJS S. A.", se realizaron ante el "Banco ProCredit de Nicaragua".
La estructura recibió a través de un correo electrónico de Gmail, los datos necesarios para realizar transferencias desde Guatemala hacia la cuenta de "Inversiones MJS, S. A.", y de "Inversiones Don Nico S. A.", ubicadas en Nicaragua.
Confidencial llamó a Jaime Pérez Leiva, asesor de la junta directiva del Banco ProCredit y exdirector de la misma institución bancaria, para conocer cuál fue la relación que tuvo la entidad con los "inversionistas" guatemaltecos.
Pérez Leiva afirmó que el banco no permitió ninguna transferencia de fondos de las sociedades a las que se hace referencia y de cualquier otra empresa relacionada.
"Ellos no demostraron el origen de los fondos. El banco rechazó la primera transferencia, cerró las cuentas inmediatamente e informamos a las autoridades correspondientes de esta decisión", afirmó Pérez Leiva, quien manifestó que lo hecho es lo que toda empresa bancaria seria debe de hacer en estos casos.
Las oficinas de Pacheco Coto están ubicadas en Managua, de Shell Plaza El Sol, dos cuadras al sur, una cuadra al este.
Confidencial visitó el despacho jurídico Pacheco Coto para conocer su versión sobre la acusación de la CICIG. Alonso Porras, socio de la firma, dijo a este medio de comunicación que el papel de la empresa se limitó a construir las sociedades y aseguró que no realizaron ningún negocio ni transacciones con los "inversionistas" guatemaltecos.
Porras refirió que ellos forman parte de una red de firmas a nivel de la región y que un bufete (omitió el nombre por procesos legales), fue quien remitió a estas personas a que buscaran el apoyo legal de Pacheco Coto.
"Ellos (los inversionistas) no vinieron juntos. Primero fueron dos que dijeron estar entusiasmados con invertir en ganadería en el país, y luego nos confesaron que un grupo de amigos tenía igual interés. Nosotros pedimos a nuestra sede en Guatemala que investigara a esta gente y lo único que encontraron fue procesos abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía", narró Porras, quien insistió en varias ocasiones que el trabajo de la firma fue un trabajo legal como cualquier otro bufete lo haría.
Los "inversionistas" presentaron toda la documentación de sus empresas en Guatemala. Pacheco Coto no tuvo ninguna sospecha de que existiera algún negocio oscuro. Lo único que hizo dudar a la firma de abogados, fue la vinculación que existía entre Juan Ramón Solórzano y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
"Eso nos puso una espinita, pero en una reunión entre los socios, discutimos y llegamos a la conclusión de que si bien este señor había sido yerno del presidente Molina, no podíamos condenar de forma anticipada. Así que decidimos seguir con el proceso", relató Porras.
El socio de Pacheco Coto, informó que no han recibido ninguna comunicación de Guatemala de parte las autoridades que investigan el caso. Agregó que este lunes llevarán toda la documentación del caso a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuyo director es el mayor general Denis Membreño Rivas.
"Nosotros no tenemos nada que esconder. La UAF no se ha comunicado con nosotros, pero vamos voluntariamente para colaborar con las autoridades correspondientes", destacó Porras.
Confidencial se comunicó con la oficina de la UAF, sin embargo, no atendieron nuestra solicitud. También llamamos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), pero no contestaron la comunicación. La Fiscalía de la República tampoco informó si harán alguna investigación sobre esta denuncia internacional.
En contexto
El caso "Construcción y Corrupción: Los negocios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda" inició en 2015 a raíz de que la CICIG presentó un informe sobre financiación electoral ilícita.La investigación evidencia que Sinibaldi, que firmaba como "A.S" o "A.S.A.", daba órdenes para mantener este entramado en el que ocho conglomerados empresariales pagaban los sobornos a sus tres firmas fantasmas, que facturaban servicios no prestados.
Esas, manejadas por una red de operadores y de nombres "Constructora Benelli S.A.", "Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A." y "Agropecuaria y Constructora El Florido S.A.", recibían los pagos justo después de que el Ministerio de Comunicaciones pagara a sus contratistas, un hecho que a juicio de las autoridades evidencia esa relación.
Por este caso, las autoridades arrestaron este viernes a 17 personas, citaron a cinco a prestar declaración y otras 15 son buscadas para su arresto, entre ellas el propio Sinibaldi, varios de sus familiares y amigos, así como empresarios y funcionarios de la cartera.
El exministro está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo, delitos que comparten otros de los acusados.
Entre ellos destaca Otto Vinicio Samayoa Soria, cuya familia lidera una de las constructoras más poderosas del país y cuyo hermano, Guillermo, fue diputado entre 2008-2012 con el apoyo de Sinibaldi y también perteneció a la red.
