Tras medio año de trabajos en Honduras, la primera misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este tema considera 'conveniente' que Honduras prosiga las reformas para fortalecer el combate a la corrupción desde las instituciones y 'recomienda que continúe la apertura de las autoridades del país' con ella.
El informe, presentado en Washington por el portavoz de la misión, el peruano Juan Federico Jiménez Mayor, considera que 'se requiere' consolidar 'una política de Estado contra la corrupción' y que este objetivo sea acompañado por todas las instituciones.
'Se deben identificar los desafíos que aún persisten respecto a algunas personas e instituciones que pueden generar resistencias estos cambios', indica el texto.
Jiménez Mayor pasó revista a los pasos dados hasta ahora desde que la MACCIH inició sus trabajos en abril. 'Es mucho lo que se ha logrado en estos seis meses en materia de preparar una plataforma jurídico legal que facilite las investigaciones y el castigo a los culpables de delitos de corrupción. Hacia allá vamos ahora', dijo.
La medida más importante es la aprobación por parte del Congreso hondureño de una ley de financiación, transparencia y fiscalización de partidos políticos.
El informe destaca ahí la creación de una unidad de financiación, transparencia y fiscalización que tiene facultades para investigar operaciones de financiamiento, levantar el secreto bancario y tributario y aplicar sanciones, entre otras medidas. Jiménez Mayor puntualizó que el Parlamento modificó su estructura frente a la recomendación de la misión, con tres integrantes en vez de uno, y confió en que la elección de esas personas sea 'transparente'.
La corrupción genera a Honduras unas pérdidas de más de US$400 millones al año, un 2,9 por ciento de su producto interior bruto (PIB).
La MACCIH fue creada a raíz de las grandes protestas que hubo durante meses el año pasado en el país centroamericano tras saberse del saqueo de los recursos del ente de previsión social, con pérdidas de 260 millones de dólares. En enero de este año, el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmaron el convenio para su creación y en abril comenzó a trabajar.
El periodo para el que se creó es de cuatro años prorrogables y su presupuesto, de unos US$9 millones, aportados por países donantes como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros latinoamericanos.
En las protestas del año pasado, los manifestantes reclamaron una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad similar a la que funciona en Guatemala bajo el mandato de las Naciones Unidas, pero el presidente y otros grupos de la sociedad promovieron una distinta y la OEA acabó liderando la primera de estas misiones en su historia.
Entre las tareas de la misión está certificar a policías, fiscales y jueces hondureños para afrontar el tema de la corrupción y la impunidad, además de contratar personal especializado internacional para que acompañe activamente a los funcionarios de Honduras.
