Con la actual propuesta de reforma fiscal presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) al Congreso, resurgen voces de que antes de pensar en subir impuestos, el Gobierno debe revisar esas exoneraciones.
Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Pedro Prado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), consideran que antes de hablar de aumento a impuestos se deben revisar las exenciones, exoneraciones y ciertos incentivos.
Medina refiere que se deben eliminar los beneficios empresariales que se otorgan en forma de incentivos y que se mantienen en la recién aprobada Ley Emergente para la Conservación del Empleo, decreto 19-2016, que entre otros temas modifica los regímenes de maquilas, zonas francas y centros de llamadas.
Con ese punto coincide Carlos González, analista de Asíes, quien considera necesaria una revisión, pero que además los gobiernos, tanto el actual como los siguientes, diseñen una nueva política económica, para no depender tanto de la maquila, sector que, comenta, tiene mucha competencia de países asiáticos y su permanencia no debería estar sujeta a un beneficio fiscal.
Del 2012 al 2015, las empresas en el régimen 29-89, fomento a las maquilas, fueron exoneradas por Q 4.524,43 millones (algo más de US$600 millones), mientras que las del régimen de zonas francas -decreto 65-89-, con Q552,82 millones (US$73,5 millones), incluyendo el ISR y otros.
Una de las críticas constantes respecto de ese régimen es que no se tenían datos del impacto positivo de su aplicación porque no había control de cuántos puestos de trabajo e inversión significaban.
Con base en una obligación establecida en las normas presupuestarias, este año se informó que, entre ambos sectores, durante el 2015 se generaron 163.170 empleos; sin embargo, el informe es parcial porque decenas de empresas incumplieron con el reporte.
Asíes basa su propuesta de revisión de tratamientos preferenciales en el documento Guatemala Camina.
En opinión de González, el tema es extenso y no se podía hacer en propuesta tan rápida como la que el Gobierno impulsa. El tema, afirma, requiere tiempo y análisis sobre la viabilidad, y enfatiza que se debe llamar a una revisión de todas las exenciones, empezando por aquellas que no están establecidas en la Constitución.
"Se deben analizar una por una, y ver si todavía, cada actividad, necesita estar sostenida por el Estado", comentó González.
Del 2012 al 2015, por generación de energía eléctrica se han exonerado Q725,20 millones (US$96,5 millones) que incluye el beneficio mencionado, y otros para los renovables.
En el 2012, los beneficios a universidades fueron por Q1.868,74 millones (cerca de US$250 millones), y para los colegios privados en el 2015 dicho monto sumó Q2.438,96 millones (casi US$325 millones).
Medina y González indican que si se concretan reformas a la Constitución se debe evaluar si se mantienen exoneraciones a universidades, colegios privados, al IGSS, al Comité Olímpico Guatemalteco y a la Confederación Deportivo Autónoma, así como a las iglesias.
