Por revistaeyn.com
El expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, demandará a la institución financiera ante la Corte Centroamericana de Justicia, por la supuesta deducción ilegal de US$6,000 de sus prestaciones como cobro de un reparo practicado por una auditoría interna.
Mossi agregó que fue electo por la asamblea de gobernadores del BCIE para ocupar ese cargo a partir del 1 de noviembre de 2018 y, por ende, era ellos los únicos facultados para aprobar sanciones administrativas en su contra.
Agregó que acudirá a la Corte Centroamericana de Justicia porque el recurso de restitución de la retención presentado por su cuerpo de abogado fue declarado inadmisible y comunicado en un escrito firmado por la presidenta del Banco Centroamericano, Ana Guissella Sánchez Maroto.
Mossi escribió en su cuenta de LinkedIn que no es el monto lo que le molesta, sino, el desconocimiento absoluto de la Gobernanza corporativa del Banco, y no entender, que el presidente ejecutivo no es un subalterno de su Directorio ni del presidente ejecutivo actual, sino, de su Asamblea de Gobernadores.
"Confió que el resultado del juicio en el fallo que pudiera dar la Corte Centroamericana de Justicia reitere el respeto al debido proceso, y la seriedad de las instituciones alrededor del Sistema de Integración Centroamericana. El valor en cuestión fueron honorarios pagados a un distinguido jurista en dar una opinión, que fue contraria a lo decidido, e ilegal, por el Directorio, en lo que se denominó, 'una transición pacífica' a una nueva Presidencia", dijo Mossi.
El recurso de reposición señala que la retención del dinero, el 19 de diciembre de 2023, se realizó al margen de la normativa interna del banco, contraviniendo el debido proceso y derecho a la defensa.
Sostienen que el informe de la auditoría interna violentó el debido proceso que garantiza la norma del banco y se atribuyó facultades que no le corresponden porque estableció un reparo sin especificar detalles del supuesto proceso auditado.
Agrega que ese informe de auditoría debió ser remitido al comité de gobernadores, quien debía decidir si lo sometía al debate o no. “No hay resolución donde hace mención del mal procedimiento realizado que conlleva la retención de los US$6,000”, subraya el recurso.
“El hecho de tener un reparo como expresidente del BCIE limitará su vida profesional a futuro, es por ello que de no subsanarse el error mi representado se verá en la obligación de una demanda de daños y perjuicios en los órganos competentes para acreditarle una obligación de un reparo al margen de la ley”, subraya el documento.
Con información de El Heraldo
