La Junta Directiva de Bancrédito aprobó, el 24 de octubre anterior, pedir al mandatario Luis Guillermo Solís el cierre definitivo del banco.
La decisión se tomó ante la incertidumbre del futuro de la institución, al no avanzar en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley para transformarlo en un banco de fomento y desarrollo.
'(El cierre) es un escenario, definitivamente, es un escenario. El proyecto se presentó y si no se aprueba en el Congreso, el Banco no es sostenible', confirmó al diario costarricense La Nación Gerardo Porras, gerente general del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
El funcionario y los directores prevén explicar directamente al Presidente la situación 'crítica' de la entidad.
El Consejo de Gobierno debe, en calidad de dueño del Banco, tomar esta decisión y remitir un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), confirmó que fueron informados del acuerdo tomado por el Banco.
'Estamos a la espera de ver cuál es la decisión que toma el accionista (Gobierno). Para nosotros lo más importante es velar porque los acreedores de la institución no se vean afectados', afirmó Cascante.
El Gobierno decidió, el 25 de mayo anterior, la salida de la intermediación financiera de la entidad pública a más tardar el 31 de diciembre.
La decisión se tomó debido a un alto riesgo de que el Banco cayera en iliquidez, debido a la salida de depósitos y las dificultades para captar recursos.
El Poder Ejecutivo acordó entonces convertir a la entidad estatal en el en el Banco Costarricense de Fomento (BCF) y envió, el pasado 20 de julio, una reforma legal a la Asamblea Legislativa.
En el proyecto se pretende capitalizar la nueva institución con dinero de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype), es decir ¢33.000 millones.
Porras calificó el momento por el cual pasa Bancrédito de 'urgente', pues están a 60 días de cumplir el plazo dictado por el Gobierno y hay mucha incertidumbre.
De hecho hay clientes que empiezan liquidar contratos de servicios ante las dudas del futuro de la institución.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó, el 24 de octubre, del finiquito del contrato para la administración del fideicomiso para la construcción de estaciones de Bomberos.
'Tenemos señales de clientes que están valorando (la continuidad). El tema reputacional es de percepción y no sé si a raíz del hecho relevante del INS se podrá generar un efecto en cadena', reconoció el banquero.
La opción de la intervención de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) también está en la mesa, debido a que el Banco reportó una pérdida acumulada de ¢20.000 millones en setiembre.
Por otra parte, la venta de cartera de crédito se paralizó en octubre.
Al 20 de octubre anterior, el Banco vendió el 60% de los ¢252.486 millones puestos a la venta en junio. En dólares, solo colocó el 48% de los $208 millones.
Lograr deshacerse de estos bienes, así como de propiedades, y obtener dinero es clave para que Bancrédito pague a sus acreedores.
La institución tenía, a setiembre anterior, obligaciones con el público por ¢201.167 millones, según Sugef.
De ese monto, ¢118.000 millones corresponden a dinero invertido por el Ministerio de Hacienda. Los ¢83.167 millones restantes son de otras entidades financieras; pero los recursos ya están garantizados, dijo Porras.
La entidad llamará, en los próximos días, a estos inversionistas para realizar una liquidación anticipada de certificados a plazo y bonos de deuda.
Con Hacienda prevén entrar en una negociación; mientras van liquidando activos.
