Por: estrategiaynegocios.net
Construir una nueva sociedad, lograr transformaciones de alto impacto, reales y verdaderas a favor del bienestar social y de la sostenibilidad ambiental, requiere ineludiblemente que las empresas, industrias y compañías privadas se alíen con el sector estatal y público.
Los expertos en responsabilidad social y en sostenibilidad argumentan que no existen otras vías más efectivas para acelerar procesos de cambio y dirigir esfuerzos de inversión social que no sean estos acuerdos tácitos entre empresa y Estado.
Incluso a pesar de la burocracia y de la escasa efectividad y agilidad tradicionales en los aparatos estatales, más visibles en los países en desarrollo como los de Centroamérica.
Trabajar por el bien común parece ser el lema que más se ajusta a las teorías que se han venido moldeando en materia de alianzas.
En la región centroamericana, con tasas altas de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad ambiental, deserción escolar, inequidad social y problemas de la salud, entre otros muchos fenómenos, las alianzas público-privadas se tornan más urgentes.
El capital puesto al servicio de la población más desposeída, con una correcta hoja de ruta trazada por las instituciones públicas, es un binomio efectivo, ágil y medible en sus impactos y resultados.
Los multimillonarios Carlos Slim y Bill Gates se vincularon el año pasado a la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, que impulsa junto con ocho países que conforman este bloque continental (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México), el beneficio de 1,8 millones de mujeres y niños en Centroamérica y el estado mexicano de Chiapas.
La iniciativa pretende reducir en los próximos años un 15% de la mortalidad infantil entre el 20% más pobre de esta región. Atenderá a unos 260.000 niños con cuidados de la salud para disminuir la desnutrición crónica y aumentará en 50% los partos atendidos por personal calificado para bajar las muertes de madres y recién nacidos.
Regionalmente hay ejemplos interesantes de lazos construidos entre ambos sectores, algunos gravitan en torno al giro de negocios de la empresa, como Florida Bebidas en Costa Rica con el Ministerio de Educación y el de Transportes para educar sobre el consumo de bebidas alcohólicas y reducir las muertes en carreteras. Otros se construyen a partir del impulso que da la organización nacional a cargo de la RSE en el país.
En El Salvador, por ejemplo, la organización Fundemás coordina el programa de educación ambiental ‘Limpiemos El Salvador’ apoyada por organizaciones interesadas en crear un cambio cultural en beneficio del medio ambiente y la calidad de vida. Fundemás reconoce que las alianzas de esta naturaleza suelen ser un desafío, porque es necesario primero generar un ambiente en donde existan mayores posibilidades de diálogo en el plano local y en el cual se encuentren iniciativas que logren ser coordinadas entre gobierno, empresa y comunidad.
Son procesos a veces desgastantes, otras veces aventurados, de búsqueda de convergencias, cuyo foco debe estar en ver a la contraparte como complemento y no como rival, en encontrar puntos de coincidencias y mecanismos consensuados.
Se trata de un esfuerzo ganar-ganar. Gana primero el país, las comunidades beneficiadas, el bienestar social; gana la empresa porque su inversión social tiene un efecto en cascada, con impactos directos y beneficios claro para las comunidades y es respaldada por un aparato institucional que le brinda solidez y legitimidad. Gana el Estado porque resuelve en forma tripartita problemas de desarrollo que años atrás eran o se creía erradamente así, responsabilidad exclusiva del sector público.; gana además con la transferencia de tecnologías y conocimientos sobre metodologías y marcos de acción validados y de largo plazo.
Mucho camino por recorrer
Los ejemplos de alianzas público-privadas vigentes en la región alientan, porque trazan una ruta que apenas se inicia. Sin embargo, República Dominicana y Centroamérica no escapan del desafío por romper mitos, miedos y procesos aún poco definidos que presenta el resto de América Latina.
Según un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la desinformación del sector público para entender el poder de las alianzas, y del sector privado para manejar la burocracia y el sistema estatal, suelen ser piedras en el zapato para avanzar en este modelo. De acuerdo con el documento, "el desarrollo de alianzas internas para conservar el poder alcanzado mediante el nombramiento, suele consumir tiempo y energía de los funcionarios que los distrae de su rol fundamental de servidores públicos. Todo lo anterior dificulta el alcance y profundidad de las intervenciones de la empresa. Desafortunadamente estas prácticas están generalizadas en toda la región, y no suelen ser rechazadas de manera unánime por parte de la población".
Otro componente es cómo puede intervenir la empresa privada para ayudar a resolver problemas de gobernanza. Desde el 2002 se ha venido insistiendo en la importancia de participación por parte del sector privado para coadyuvar a resolver falencias de gobernanza por parte de los gobiernos y sobre todo de gobiernos locales.
Se refiere a asuntos relacionados con deficiencias en torno a los negocios, desde infraestructura, salud, seguridad jurídica, procesos administrativos, regulación, estabilidad política y corrupción.
Existen mecanismos por medio de los cuales las empresas pueden ayudar a mejorar la gobernanza sin intervenir en asuntos públicos que no les competen, pero sí a través de programas que transfieran conocimiento, establezcan criterios de transparencia y de simplificación de trámites, por ejemplo, Centroamérica ya colocó su banderín de salida en este tema porque diseñará una estrategia regional sobre RSE y alianzas público-privadas para la cual se han venido identificando buenas prácticas, experiencias y modelos de cooperación.
El objetivo es establecer parámetros y medidas para maximizar el aporte empresarial al fortalecimiento del aparato público para reducir los niveles de delincuencia en la región.
