Las políticas del Inamu de aquí a 2032 se centran en disfrute de las mujeres a sus derechos económicos, promoción y protección frente a la violencia de género, corresponsabilidad social de los cuidados y uso del tiempo y fortalecimiento de la organización social y política de las mujeres.
A su juicio aún falta muchísimo por alcanzar para la igualdad real. "Desde mi militancia partidaria, me he enfocado particularmente en la defensa de la clase trabajadora, en acompañar a las familias trabajadoras, jefeadas mayoritariamente por mujeres y en vocalizar sus problemas", apunta la presidenta del Inamu.
¿Quién es? Presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Costa Rica.
Un desafío: Elaboración de una declaratoria de emergencia nacional por la ola de violencia que enfrentan las mujeres.
A continuación, lea la breve entrevista a Patricia Mora:
¿Vive Costa Rica una regresión -como buena parte de América Latina- en materia de equidad de género, debido al avance social de grupos evangélicos y otros conservadores? ¿Qué afecciones tiene para nuestra sociedad? ¿Qué papel juega el Inamu para frenarlos?
El Instituto Nacional de las Mujeres es la institución rectora en materia de promoción y tutela los derechos humanos de las mujeres, de todas las mujeres en su diversidad, del país. De esta forma se trabaja en distintos ámbitos, como el económico, político, construcción de identidades y prevención y atención de la violencia contra las mujeres para la consecución de las autonomías plenas de las mujeres.
El contexto nacional, y particularmente el político-electoral reciente, nos dio señales y alertas sobre temas que tenemos pendientes y en los que estamos en deuda con las mujeres. Desde esta administración, nos hemos enfocado en estos primeros meses en ir a las comunidades y escuchar las voces de las mujeres, escuchar y entender sus reclamos y sus necesidades, y partir de esa necesidad para la construcción de política pública que tenga un impacto efectivo en todas y todos. La nueva Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 tiene como primer eje la cultura de los derechos para la igualdad, reconociendo la persistencia de patrones socioculturales que generan discriminación, y fortaleciendo y promoviendo acciones que promuevan prácticas individuales, sociales, institucionales y empresariales para la igualdad efectiva y la no discriminación. Esto por que tenemos claro que todos los procesos están permeados por los aspectos culturales, y que, además de acciones puntuales que hagamos en temas específicos debemos actuar en el plano cultural para la promoción de cambios sustantivos y sostenidos en el tiempo.
¿Cuál cree que es el rol del Instituto Nacional de la Mujer, en la Costa Rica de hoy? ¿Cuáles son sus grandes carencias, y en qué puntos debe de insistir -principales políticas a implementar en estos cuatro años- para ser efectivo?
Las líneas estratégicas institucionales para los próximos años están dictadas por 2 políticas nacionales: la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 y la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contras las mujeres de todas las edades 2017-2032. Ambas Políticas guiarán los programas y acciones que realice el instituto y sus distintas áreas.
Producto de ambas políticas, se desprenden varios ejes estratégicos temáticos, disfrute de las mujeres a sus derechos económicos, promoción y protección frente a la violencia de género, corresponsabilidad social de los cuidados y uso del tiempo y fortalecimiento de la organización social y política de las mujeres.
Usted lleva muchos años luchando desde distintos lugares por el rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué avances destacaría en este tiempo? ¿Cuáles son las luchas que ha dado y que más considera han beneficiado a las mujeres costarricenses?
Hace apenas 65 años fueron reconocidos nuestros derechos políticos como mujeres, momento cuando mujeres resultaron electas por primera vez en Costa Rica y ejercieron el derecho al voto. Esa ha sido la historia de la reivindicación por cada uno de nuestros derechos y aún falta muchísimo por alcanzar para la igualdad real. Con ese antecedente y considerando las amenazas actuales que pretenden poner en duda los avances en estos derechos, es que toda mujer que tome un micrófono y participe en la vida pública está de una u otra manera defendiendo los derechos de las demás mujeres a participar y existir como ciudadanas completas.
Desde mi militancia partidaria, me he enfocado particularmente en la defensa de la clase trabajadora, en acompañar a las familias trabajadoras, jefeadas mayoritariamente por mujeres y en vocalizar sus problemas. Como diputada en el periodo 2014-2018 me comprometí a no permitir retrocesos en materia de derechos de las mujeres pese al escenario político adverso. Formé parte de las comisiones de Asuntos Sociales y de Derechos Humanos, en las que he acompañé importantes luchas, como la de las parejas afectadas por la prohibición de la Fertilización in Vitro (FIV), así como las agendas de las mujeres trabajadoras que en la Reforma Procesal Laboral extendió la protección contra discriminación por género, las migrantes en su proceso de regularización, las indígenas, mujeres trans y otros colectivos de mujeres históricamente olvidados por la sociedad.
Las cifras de femicidios no consiguen reducirse. ¿Qué políticas se deben aplicar desde el Estado para tratar de frenarlos?
Con una vigencia de 15 años, el año pasado se presentó la nueva Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032. Esta Política es conocida como PLANOVI y sus fines son propiciar un cambio en la cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -paralelamente- reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres y prevenir los femicidios.Esperamos que esta Política reivindique el pacto social comprometiendo al Estado y sus instituciones, así como a la sociedad civil, en lo que en los próximos 15 años deberá ser la aspiración compartida del país: promover una cultura no machista, romper con los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres y comprometerse con la no impunidad y la debida diligencia del Estado para avanzar en la erradicación de esta violencia. Solo con un trabajo articulado se logrará avanzar en la erradicación de este flagelo.
Paralelamente, esta administración está trabajando en la elaboración de una declaratoria de emergencia nacional por la ola de violencia que enfrentan las mujeres, una vez que se tenga el decreto firmado, cada institución deberá desde su función focalizar los recursos destinados a la atención de las mujeres, como por ejemplo aquellos dirigidos a campañas educativas o al cumplimiento de los derechos patrimoniales de esta población.
Estamos amarrando nuestra vinculación con las distintas instituciones que se comprometerán con el decreto. Es decir, es firmar una declaratoria como si el país fuera azotado por una catástrofe nacional. Todas las instituciones se convierten en un trabajo con un sólo propósito, que en este caso es la violencia contra las mujeres.
El Inamu está trabajando de la mano de la empresa privada en materia de equidad con el Sello de Igualdad de Género. ¿Qué avances ha observado en la materia? ¿Las empresas incluidas han conseguido reducir la brecha salarial de género, así como el acceso de mujeres a puestos de decisión? ¿Existe un compromiso de las empresas en este sentido?
Sí, el Sello de Igualdad de Género es la herramienta que el INAMU ha ideado para trabajar en alianza con el sector privado del país. En materia de avances, probablemente el más importante ha sido lograr y constatar el interés del sector hacia el tema, y mediante ese primer interés, generar la necesidad de trabajar estos temas a lo interno de sus organizaciones. Las empresas se han dado cuenta que garantizar la igualdad de género en sus procesos internos, además de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a sus colaboradores y colaboradoras, les genera más productividad y más competitividad en el mercado. Además, producto de esta alianza público-privada, las mujeres están siendo beneficiadas al aumentarse las oportunidades laborales para ellas, y particularmente para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
