Por estrategiaynegocios.net
El Gobierno de Malasia dijo que emprenderá acciones legales contra Meta Platforms, matriz de Facebook, por no eliminar las publicaciones “no deseadas”, la medida más fuerte que el país ha tomado hasta la fecha sobre dicho contenido.
La administración del primer ministro Anwar Ibrahim prometió frenar lo que llama publicaciones provocativas que tocan temas de raza y religión desde que asumió el poder en noviembre después de una reñida elección en la nación del sudeste asiático que provocó un aumento de las tensiones étnicas.
Facebook se ha visto “plagado” recientemente por un volumen significativo de contenido indeseable relacionado con la raza, la realeza, la religión, la difamación, la suplantación de identidad, las apuestas en línea y los anuncios fraudulentos, dijo la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia en un comunicado.
Dijo que Meta no había tomado medidas suficientes a pesar de sus reiteradas solicitudes y que era necesaria una acción legal para promover la responsabilidad por la seguridad cibernética y proteger a los consumidores.
Meta no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Cuando se le preguntó qué acción legal podría tomar, la comisión dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que permitir el abuso de las instalaciones de la red o los servicios de aplicaciones puede ser un delito según la Ley de Comunicaciones y Multimedia de Malasia de 1998.
La ley también permite que los funcionarios de la empresa sean acusados de “proporcionar medios y ayudar en actividades delictivas deliberadamente” si no se toman medidas inmediatas, dijo.
La raza y la religión son temas espinosos en Malasia, que tiene una mayoría de malayos musulmanes étnicos junto con importantes minorías étnicas chinas e indias.
Los comentarios sobre los venerados miembros de la realeza del país también son un tema delicado, y los comentarios negativos hacia ellos pueden ser juzgados bajo las leyes de sedición.
Facebook es la plataforma de redes sociales más grande de Malasia , con un estimado de 60 % de los 33 millones de habitantes del país que tienen una cuenta registrada.
