Con esta medida, el Gobierno espera que unos 7.000 funcionarios puedan trabajar desde su casa reduciendo el tránsito hacia San José unos 1.100 vehículos por día, lo que supondría un ahorro de unos 350.000 litros de combustible al año; y una reducción de cerca de 60 toneladas en emisiones de CO2 anualmente.
El Gobierno habla de un ‘ganar - ganar’ para Estado, funcionarios, usuarios y país.
Solís firmó esta semana el tercer decreto de los últimos siete años (los anteriores fueron en 2008 y 2013) para permitir y promover el teletrabajo en instituciones públicas del país.
Según diversos expertos, la aplicación del teletrabajo aumenta la productividad de los funcionarios entre un 15% y un 20%; además de posibilitar la reducción del gasto en alquileres, energía, agua, etc.
También apuntan que esta modalidad sirve para apoyar las políticas públicas en materia de empleo mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s); además de dinamizar la economía local, pues el trabajador realiza sus gastos en ese lugar;
La norma firmada por Solís no define cuáles son las instituciones en las que se podrá aplicar el teletrabajo y deja esa función a un equipo técnico recién creado.
El plan gubernamental a 2018 es que aproximadamente el 50% de los funcionarios puedan realizar labores de teletrabajo, lo que suponen unos 150.000 empleados públicos, según la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, y del Programa Nacional de Teletrabajo.
Sindicatos inconformes
Martha Rodríguez, secretaria general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) y quien ve el tema en la agenda del Consejo Superior del Trabajo, comentó que el decreto es una "acción unilateral" y que aún hay dudas en los proyectos de ley sobre teletrabajo, publica crhoy.com.
Rodríguez comentó que los sindicatos que pertenecen al Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) tienen una posición contraria.
"Por ejemplo en el tema de la participación de los sindicatos, inspecciones y regulaciones: cómo harían las visitas; una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad en el trabajo: sobre quién estaría asumiendo o como las aseguradoras estarían asumiendo si es en la misma casa.
"Todavía hay bastante que modificar en esos proyectos antes de que pudiera verse viable", advirtió Rodríguez.
