Por estrategiaynegocios.net
El Congreso de Panamá aprobó, en menos de una hora, este viernes, en medio de protestas en las calles, un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación de la mina más grande de Centroamérica.
Con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, los legisladores dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior.
Además, la empresa canadiense se compromete a otras millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina situada en la costa del Caribe, que da empleo a más de 8.000 personas.
La aprobación se produjo en medio de protestas convocadas por diversos sindicatos contra un contrato que permite a la minera operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más.
Tras la aprobación del contrato, en tercer debate, los diputados salieron del pleno, así como los funcionarios públicos.
Fuera del congreso había un grupo de manifestantes, quienes estaban en contra de este contrato por ser, a su ver, perjudicial para el ambiente y para las personas que viven cerca del proyecto.
"Lo que estábamos era atendiendo una realidad puntual, que era qué hacíamos con un contrato que fue declarado inconstitucional con un empresa que ya había hecho la inversión más grande del país", señaló a periodistas el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, tras la aprobación del proyecto.
"Se trata de atender la defensa de los intereses nacionales, de asegurar que recibiríamos mayores y mejores beneficios en base a lo que teníamos en el contrato de 1997 y sobre todo la protección de los empleos de miles y miles de panameños que dependen de esta industria", añadió.
-Bloqueos por estar en contra del nuevo contrato-
Rutas de acceso a la Ciudad de Panamá fueron bloqueadas este viernes de manera intermitente, con quema de neumáticos y marchas contra un proyecto que consideran "leonino", "inconstitucional" y dañino para el medio ambiente.
En la víspera, manifestantes se enfrentaron en los predios de la Asamblea con piedras y objetos contundentes a la policía, que arrojó gases lacrimógenos para dispersarlos.
"Este contrato es leonino y perjudica a la nación panameña (...) ahora nosotros estamos cediendo nuestro territorio como si fuera un enclave colonial", afirmó la diputada Zulay Rodríguez.
"Traidores, vamos a la calle a demostrarles que no son los dueños del país", escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) el candidato presidencial centrista Ricardo Lombana a los comicios de 2024.
Ante el panorama, la empresaria Elisa de Gómez, como representante de la empresa privada indicó que hay que seguir en el diálogo y evitando paralizar a Panamá. "Tenemos que sentarnos en las mesas mil veces si es necesario. No levantándonos de ellas... No podemos permitir el secuestro de esos sentimientos por gente que solo busca sus principios ideológicos que van contra el trabajador... Hago un llamado a las autoridades a que cumplan con su rol".
La representante del sector empresarial indicó que hay derecho a la manifestación, pero también a la libre circulación, según Constitución. "Están afectando a los que dicen que están defendiendo", acotó.
En la víspera, manifestantes se enfrentaron en los predios de la Asamblea con piedras y objetos contundentes a la policía, que arrojó gases lacrimógenos para dispersarlos.
"Claramente ahí hay una entrega de la soberanía nacional" con un contrato que permitiría "crear un enclave" en las áreas donde opera la mina, señaló a la AFP Saul Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
Además, "los daños al ambiente son devastadores, la explotación a cielo abierto es de las más dañinas", agregó Méndez.
"El cierre de vía no es una práctica democrática, está fuera de los contornos de la democracia, porque hay afectaciones severas a la sociedad", agregó el presidente de CONEP Panamá, Rubén Castillo.
La minera y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
La mina se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares y aporta el 4% del PIB a la economía panameña. Sus envíos, desde un puerto aledaño a la mina, representan el 75% de las exportaciones del país.
"Este proyecto de ley es beneficioso para el país, estamos ante la inversión privada más grande de la historia" de Panamá, dijo el jueves el diputado oficialista Roberto Ábrego durante el debate en el pleno.
"Este contrato es leonino y perjudica a la nación panameña (...) ahora nosotros estamos cediendo nuestro terriotrio como si fuera un enclave colonial", contestó este viernes la diputada Zulay Rodríguez.
Con información de AFP
