Por estrategiaynegocios.net
Unas 223 personas se vieron obligadas a cambiar de domicilio en El Salvador desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la fecha, reportaron tres organizaciones de derechos humanos del país.
El régimen de excepción, aprobado a petición del Ejecutivo por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista el 27 de marzo de 2022, fue la respuesta del Gobierno salvadoreño a una escalada de violencia atribuida a las pandillas, que en un solo día dejó 62 muertos y que fue prorrogado por decimocuarta ocasión en mayo de 2023 con la justificación del homicidio de un policía.
Esta medida permite mantener suspendidas algunas garantías constitucionales, como la ampliación del plazo de detención de 72 horas a 15 días, así como la intervención de las telecomunicaciones sin previa autorización de un juez.
De acuerdo con las organizaciones, el 76 % de las víctimas atendidas señaló como sus agresores a miembros de la Policía y el Ejército, reporta CNN.
Según este informe, las agresiones cometidas por policías aumentaron durante el régimen de excepción.
"Para 2020, apenas el 2,5 % correspondía a la PNC y 2021, el 5,2 %. Sin embargo, en el año 2022 la cifra creció de forma considerable, alcanzando un 41,5 % para la PNC y un 4,1 % para la Fuerza Armada, institución que antes no aparecía señalada", dijeron las organizaciones en una rueda de prensa.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que viola los derechos humanos y han solicitado, sin éxito, su suspensión.
El Gobierno de Nayib Bukele ha reportado que desde la vigencia del régimen de excepción se registra una considerable reducción de homicidios. El mandatario defendió recientemente su política de mano dura durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
"Hay que tener valentía de hacer lo que se debe hacer aun cuando otros te cuestionen", dijo Bukele, quien aseguró que ahora El Salvador es el país más seguro de América Latina.
Hasta septiembre, durante el régimen de excepción, el gobierno de El Salvador reporta la detención de más de 72.000 personas que —asegura— están vinculadas a las pandillas, además de la incautación de 3.500 armas, y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi US$300 millones, entre otros.
Las autoridades de seguridad pública han adelantado que continuarán solicitando prórrogas hasta que sea detenido y encarcelado el último pandillero.
