Por AFP
Familiares de cientos de nicaragüenses que murieron en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega presentaron este martes un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de amnistía que cerró la posibilidad de investigar la violencia contra los manifestantes.
'Presentamos formal recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, porque consideramos que nos afecta', dijo Francis Valdivia, miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), a la prensa local.
Citó un artículo de la ley que establece que 'no se va a investigar, ni sancionar los hechos' ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, cuando estallaron las protestas contra Ortega.
La asociación, que agrupa a madres, viudas y familiares de las personas que murieron a raíz de la represión, planteó el recurso en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Managua, ante una fuerte presencia policial.
El pasado 8 de junio, el parlamento controlado por el partido de gobierno aprobó la polémica ley de amnistía que favoreció la liberación de al menos 492 opositores encarcelados o en arresto domiciliario por participar en las protestas que sacudieron al país el último año.
La ley también prohibió 'iniciar procesos de investigación' por los hechos acontecidos a raíz de las protestas, cuya represión a manos de policías, grupos de choque del gobierno y paramilitares dejó al menos 325 muertos y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios.
Las manifestaciones demandaban la salida de Ortega, en el poder desde hace 12 años bajo acusaciones de corrupción y nepotismo por parte de la oposición.
El gobierno atribuyó las protestas a un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Estados Unidos.
Un informe publicado en diciembre pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado nicaragüense incurrió en delitos de 'lesa humanidad' en la represión a los opositores.
Fue una 'ataque generalizado y sistemático contra la población civil (...) Existen múltiples elementos que indican que estos hechos fueron decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo el presidente de la República', indicó el informe.
Familiares de cientos de nicaragüenses que murieron en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega presentaron este martes un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de amnistía que cerró la posibilidad de investigar la violencia contra los manifestantes.
'Presentamos formal recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, porque consideramos que nos afecta', dijo Francis Valdivia, miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), a la prensa local.
Citó un artículo de la ley que establece que 'no se va a investigar, ni sancionar los hechos' ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, cuando estallaron las protestas contra Ortega.
La asociación, que agrupa a madres, viudas y familiares de las personas que murieron a raíz de la represión, planteó el recurso en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Managua, ante una fuerte presencia policial.
El pasado 8 de junio, el parlamento controlado por el partido de gobierno aprobó la polémica ley de amnistía que favoreció la liberación de al menos 492 opositores encarcelados o en arresto domiciliario por participar en las protestas que sacudieron al país el último año.
La ley también prohibió 'iniciar procesos de investigación' por los hechos acontecidos a raíz de las protestas, cuya represión a manos de policías, grupos de choque del gobierno y paramilitares dejó al menos 325 muertos y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios.
Las manifestaciones demandaban la salida de Ortega, en el poder desde hace 12 años bajo acusaciones de corrupción y nepotismo por parte de la oposición.
El gobierno atribuyó las protestas a un fallido golpe de estado promovido por la oposición con apoyo de Estados Unidos.
Un informe publicado en diciembre pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado nicaragüense incurrió en delitos de 'lesa humanidad' en la represión a los opositores.
Fue una 'ataque generalizado y sistemático contra la población civil (...) Existen múltiples elementos que indican que estos hechos fueron decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo el presidente de la República', indicó el informe.
