Por estrategiayengocios.net
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como grave antecedente y abuso de privilegio el pedido realizado por la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a la Corte Constitucional. Igualmente, celebró que este se haya rechazado y se indicara que los manifestantes mencionados en la solicitud no pusieron en riesgo el trabajo del Ministerio Público y ejercieron legítimamente su derecho de libertad de expresión.
La funcionaria planteó, el 24 de agosto, que el alto cuerpo judicial ordenara el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones públicas y silenciara críticas a su gestión y la de sus allegados que se realicen a través de las redes sociales.
La también jefa del Ministerio Público asegura que presentó el recurso por considerar que sus funciones se vieron vulneradas a través de ataques en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), en las que también se estaría convocando a manifestaciones en contra de ella y de otros funcionarios. El hecho se dio luego de vivir la segunda vuelta electoral presidencial en el país.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, criticó la acción de Porras por considerarla un "abuso de privilegio" y porque, de haberse aprobado, se hubiera constituido en "un grave precedente contra la libertad de expresión".
El director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que "Estamos ante un contrasentido a las libertades de expresión y de asociación, dos ejes fundamentales que invoca el sistema interamericano como derechos humanos inviolables".
Con la intención de preservar su seguridad y la independencia de su institución, Porras demandó que el presidente Alejandro Giammattei; el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López usen la fuerza pública, cuando sea necesario y excepcionalmente, en contra de manifestaciones no pacíficas, para preservar su seguridad y la independencia de la institución a su cargo. También solicitó protección para el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y para la fiscal Cinthia Monterroso. Al procurador de los Derechos Humanos lo exhortó a pedir protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que "es insólito que se pida protección a la CIDH cuando ha sido pública la violación sistemática de los derechos humanos y de los estándares interamericanos por parte de estos funcionarios".
Porras, Curruchiche y Monterroso, incluidos el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista Engel, designada para señalar y sancionar a involucrados en actos de corrupción y ataques contra la democracia, estuvieron al frente de varios actos judiciales en contra del Movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta electoral y ganó las elecciones presidenciales.
Por ello, cientos de guatemaltecos llegaron a la sede del MP para pedir que pararan las acciones y respetaran la decisión del pueblo guatemalteco. Igualmente, pidieron sus renuncias de los cargos.
Los directivos de la organización recordaron que, tal como establecen las declaraciones de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y la Declaración de Salta de la SIP, los funcionarios públicos, elegidos o asignados, están expuestos a un mayor escrutinio de la sociedad y deben ser propensos a la crítica.
